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| Hoover Carabalí, Presidente del Consejo Comunitario de La Plata. Foto: Juan Pablo Pino / www.lasillavacia.com |
Ayer en la mañana, en Presidencia, se radicó una carta que será definitiva para las comunidades negras del país. La misiva está firmada por 156 consejos comunitarios afrocolombianos (y algunas asociaciones afros que los respaldan), que le piden al Presidente que intervenga en el proceso de consulta previa que pronto arrancará para discutir la ley de desarrollo rural que el Ministro de Agricultura presentará al Congreso.
Específicamente, la carta le pide al Presidente que impida que le metan un gol a las comunidades: mantener vigente la Consultiva de Alto Nivel Afro, un órgano de representación que ha sido muy cuestionado por los consejos comunitarios, que fue tumbado por el Consejo de Estado y que además expiró en 2011.
¿Dejará Santos que le metan ese gol a las comunidades?
Los líos de la Alta Consultiva
Tanto los pueblos indígenas como las comunidades afrocolombianas tienen órganos de representación nacional y en el caso afro se trata de la Consultiva de Alto Nivel. Está integrada por 43 delegados, elegidos por las Consultivas Regionales, elegidas a su vez por los Consejos Comunitarios afros (cada comunidad forma un Consejo Comunitario como forma de administración interna y para recibir sus tierras como propiedad colectiva) y donde también participan organizaciones de base afrocolombianas. Pero la Alta Consultiva tiene dos problemas.
El primero es que el 5 de agosto del 2010, dos días antes de que se posesionara Juan Manuel Santos, el Consejo de Estado profirió una sentencia que cambió las reglas de la consulta previa afro: eliminó de la Consultiva Nacional a los representantes de ‘organizaciones de base’, y dijo que solo pueden participar allí los ‘consejos comunitarios’ (ver sentencia). Es decir, que solo deben hacer parte de la Alta Consultiva representantes afros de comunidades que tienen títulos colectivos sobre el territorio.
Para varios líderes de consejos comunitarios eso se traduce en un punto: las consultas previas hechas por Santos con la Alta Consultiva (como el Plan Nacional de Desarrollo o la ley de víctimas) están viciadas, ya que el Gobierno no convocó a una nueva elección de la Consultiva después de emitido el fallo.
El segundo problema es que el periodo de la consultiva era de tan solo tres años, que se acabaron el pasado 31 de octubre. Pero el Gobierno, de nuevo, no convocó a la elección de la nueva consultiva. Es más, está considerando la posibilidad de mantenerla un año más.
Este es el gol que las comunidades quieren impedir que les hagan porque, sin duda, perderían el partido.
La Silla Vacía supo que el Ministerio del Interior decidirá la próxima semana si convoca o no a una nueva consultiva. Las posibilidades que tiene encima de la mesa son tres: la primera es convocar a elecciones; la segunda es convocar a los presidentes de los consejos comunitarios para acordar un mecanismo transitorio de representación, en el que puedan participar los consejos tradicionales, pero también las organizaciones de base que trabajan con éstos; y la tercera, el posible gol, es que el Ministerio del Interior está considerando expedir un decreto para mantener vigente la Consultiva de Alto Nivel un año más. “Es la opción más fácil”, dijo a La Silla Vacía un funcionario del Ministerio del Interior.
Y aunque son tres posibilidades, los 150 consejos comunitarios que firman la carta al presidente esta semana, tienen la impresión que es la ‘opción fácil’ la que tomará el Gobierno.
La Carta
“Respetuosamente le solicitamos a usted ordene que el Ministerio del Interior se abstenga de expedir el Decreto que prorroga por un año el período de la Consultiva de Alto Nivel, y con el cual también se pretende legitimar el acto inconstitucional que ésta sea la instancia de representación con quien el Gobierno realiza los procesos de Consulta Previa y consentimiento previo libre e informado en contravía de lo establecido en la Ley y la jurisprudencia”, dice la carta firmada por los consejos comunitarios al Presidente Santos.
Aunque el Ministerio del Interior dijo a La Silla que esta es solo una de las tres posibilidades, los líderes afros no dudan que es la opción favorita del Ministerio, ya que se comprometieron con ella el año pasado.
De acuerdo a varios líderes consultados por La Silla Vacía, y según está escrito en la carta al Presidente, el 30 de septiembre miembros de la Consultiva de Alto Nivel dijeron en una reunión que ya habían acordado con el Viceministro del Interior que a cambio de firmar consultas previas de proyectos de ley, como el de restitución de tierras, el gobierno les alargaba el período por un año.
“Si se convocaba la elección de una nueva Consultiva no se hubieran podido terminar otras consultas en proceso. Se planteó alargar porque la Alta Consultiva dijo que no iban a hacer ninguna consulta si se convocaban elecciones”, dijo a La Silla una persona cercana al proceso. Y ya que el Gobierno tenía hasta diciembre para consultar el Decreto reglamentario de la Ley de víctimas y restitución de tierras con las comunidades, decidieron jugársela con la consultiva. Una decisión polémica. Será la Corte Constitucional quien diga más adelante si la consulta estuvo viciada por los dos probelmas que enfrenta la consultiva.
Además de un compromiso con los Altos Consultivos, un cruce de cartas entre los consejos comunitarios, el Incoder y el Ministerio del Interior también deja claro que el Ministerio no quiere convocar un nuevo proceso y que prefiere quedarse con la Consultiva actual.
Por ley, cuando se eligen los Altos Consultivos, uno de ellos tiene derecho a ser el delegado de las comunidades afrocolombianas en el Consejo Directivo del Incoder. A ese cargo llegó en 2009 la Alta Consultiva Rosa Solís.
Solís ha sido cuestionada por los consejos comunitarios por supuestamente no ser una representante legítima de las comunidades (ver comunicado) y es una de las mujeres más polémicas de la Alta Consultiva.
Por esto, cuando se acabó el período de la Alta Consultiva, el representante legal del Consejo Comunitario de La Plata en Bahía Málaga (Valle del Cauca) pidió al Incoder que diera por terminado el periodo de Solís en esta institución.
El Incoder, en una carta del 21 de octubre le da la razón a Hoovert Carabalí, representante de La Plata: Rosa Solís no puede mantenerse como delegada ante el Incoder porque -de acuerdo a la norma- tendría que haber sido reelegida por la Alta Consultiva para mantenerse en este cargo antes de que acabara su período. Hasta ahí, las comunidades sintieron que llevaban la delantera.
La esperanza duró hasta que el 3 de noviembre, una semana después, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior respondió una carta al director del Incoder Juan Manuel Ospina en la que considera que sigue vigente la representación de Solís. La Dirección argumentó que solo la Alta Consultiva puede pronunciarse frente a la designación de su representante en el Incoder. Y sigue. Si no se ha pronunciado la Consultiva, la delegada podrá seguir siendo convocada a las sesiones del Consejo Directivo del Incoder. Aunque parece ser un problema de interpretación de la norma, con esta carta a las comunidades les quedó claro que el Ministerio no planea por ahora convocar a una nueva consultiva, como debió hacerlo desde el 2010.
Las nuevas presiones
Hoovert Carabalí fue quien pidió al Incoder retirar a Rosa Solís de su Consejo Directivo. Pero es también fue quien interpuso la demanda sobre la forma como fue elegida la Alta Consultiva ante el Consejo de Estado y ahora espera que el Gobierno convoque a una nueva consultiva.
Pero ya que el Gobierno no lo ha hecho desde agosto del 2010, solicitó a la Procuraduría que el Ministro del Interior -encargado de las consultas previas- sea investigado. “El Ministerio de Interior en cabeza del señor Germán Vargas Lleras no ha dado cumplimiento a los mandatos de dicho fallo en lo más mínimo. Al contrario de ello, se ha venido campeando por Colombia con la ya declarada viciada Comisión Consultiva de Alto Nivel, aplicando procesos de consulta previa a las iniciativas legislativas que afectan nuestros derechos en la medida que involucran nuestros territorios ancestrales”, dice su demanda.
Aunque podría ser un grito de auxilio casi simbólico (por ahora, este proceso de investigación no ha avanzado), las barras de apoyo para que el Ministerio del Interior resuelva el problema de representación de las comunidades afrocolombianas son cada vez más fuertes.
A esta pelea se unió ahora un grupo de académicos. Después de radicada la carta de los 150 consejos comunitarios, más de 50 académicos nacionales e internacionales firmaron otra comunicación dirigida al Presidente en la que no solo critican que la consulta previa con comunidades afrocolombianas no haya sido ni previa, ni libre, ni de buena fe; sino que también le piden que no extienda el periodo de la Consultiva un año más.
“Extenderle la vigencia de su período, mediante un decreto aparentemente negociado, a pesar de una Sentencia del Consejo de Estado (Sentencia 530 de 2010) sobre su naturaleza y composición, es no solo falta de transparencia, sino ilegal y una desobediencia a una orden jurídica”, dice la carta.
Y a esta presión puede ahora unirse el Ministerio de Agricultura. La Silla Vacía supo que esta cartera piensa presentar pronto la Ley de Desarrollo Rural, y para poderla presentar al Congreso necesita arrancar en las próximas semanas el proceso de consulta previa. El ex Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias no respetó la consulta previa a las comunidades cuando presentó su proyecto de ley de desarrollo rural, que por ese motivo por ello fue declarado inexequible en 2008 por la Corte Constitucional.
Ya que se trata de un proyecto tan delicado para las comunidades indígenas y afrocolombianas, y que la Corte Constitucional está alerta con respecto al desarrollo de la consulta previa, el Ministerio de Agricultura no quiere correr el riesgo de que uno de sus proyectos bandera se caiga en la Corte por segunda vez. Y ellos también están advertidos: la carta de las 150 firmas también llegó a su despacho.
La comunicación ya está en el despacho del Presidente. Y solo él, si acepta actuar como árbitro en esta puja, decidirá si este gol a las comunidades negras es válido o no.
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