jueves, 6 de diciembre de 2012


S.O.S
ACCION URGENTE

PARAMILITARES EXTORCIONAN Y AMENAZAN A COMERCIANTES, GANADEROS Y CAMPESINOS EN LAS VEREDAS Y POBLADOS DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO – META, DONDE TIENE EL CONTROL LA POLICIA NACIONAL, EL BATALLÓN 21 VARGAS Y LA SÉPTIMA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL, SIN CONTAR CON LA FISCALIA, PERSONERIA, ADMINISTRACION MUNICIPAL, ETC.ETC….

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta – SINTRAGRIM, ha denunciado diferentes hechos de violencia cometidos por la fuerza pública de manera sistemática (Batallón 21 Vargas y la Séptima Brigada adscritos a la Cuarta División del ejército Nacional) y gropos paramilitares contra la población civil en la región del Alto Ariari. Hoy tenemos que repetir la denuncia, solicitando al gobierno nacional, fiscalía, procuraduría y de quien corresponda para que de manera inmediata se tomen medidas que permitan garantizar la vida, la tranquilidad y bien estar de las más de 700 familias víctimas del desplazamiento forzado que han decidido regresar a esta región donde está su tierra y territorio, con el acompañamiento de sus organizaciones.

HECHOS:

Los días 28 29 y 30 de Noviembre de 2012, el ejercito, que está ubicado en la Vereda de Lucitania, realizo fuertes bombardeos sobre la parte alta de las veredas de Caño Lindo y La Esmeralda, ubicadas en el Pie de Monte llanero del municipio de El Castillo- Meta, estos bombardeos han generado terror en la población campesina especialmente en las mujeres y menores de edad que circulan a diario por la vereda hacia el centro educativo y lugares de labor diaria.

En días anteriores los pobladores de la región del Alto Ariari (Puerto Esperanza y Miravelles) han observado hombres de civil desconocidos de la región, circulando en motocicleta, haciendo preguntas a los campesinos y pobladores de la región, tomando fotografías, algunas veces han afirmando ser miembros del ejército nacional, hecho que ha sido denunciado anteriormente.

El día 25 de Noviembre de 2012, en medio del patrullaje normal de la policía en Medellín del Ariari, hicieron presencia varios paramilitares reconocidos que se identificaron como miembros de la AUC, entre los que se encontraba el paramilitar sanguinario “Caregarra”, quien ha sido unos de los gestores y promotores de muchos hechos de violencia más aberrantes cometidos contra muchos habitantes de la región.


ANEXAMOS DENUNCIA DE LA INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ:

Informe
Operaciones paramilitares en el Ariari
Meta
Jueves 29 de noviembre de 2012
En estos últimos ocho días las acciones de las estructuras paramilitares que se identifican como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, han amenazado a los pobladores de Medellín del Ariari y Puerto Esperanza, con operaciones de limpieza.

Los paramilitares manifestaron que venían a poner “orden” en la región.

En desarrollo de su estrategia han instalado puestos de control en el sector conocido como la Y e incursionado en los caseríos de Malabar y Playa Rica.

En estos caseríos hay operaciones militares de la 7 brigada.

La presencia paramilitar coincide con el anuncio que el batallón 21 Vargas de la 7 brigada hicieron a los pobladores en el mes de julio.

Los efectivos regulares indicaron que traerían a los paramilitares porque las denuncias de CIVIPAZ y la Comisión de Justicia y Paz les evitaban hacer el trabajo.

Las acciones paramilitares coinciden con el desarrollo de las operaciones empresariales de la empresa INGEMINERA LTDA, la cual pretende hacer explotación minera afectando los cuerpos los cuerpos de agua que garantizan el abastecimiento de los acueductos de Medellín del Ariari y Peñas Blancas.

Para sus propósitos la minera ha intentado cooptar y usar medios de corrupción con algunos líderes de las comunidades.

Tanto las acciones paramilitares anunciadas por el batallón 21 Vargas y las actuaciones irregulares de la empresa minera han sido denunciadas sin que a la fecha haya existido una respuesta eficaz del Estado colombiano.

Varias de las familias víctimas por las amenazas se encuentran cobijadas con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Bogotá, D.C. noviembre 29 de 2012

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Por todo lo anterior exigimos garantías de protección a la vida de todos y cada uno de los habitantes de las veredas y poblado del municipio de El Castillo, donde hoy extrañamente se reactiva la circulación de paramilitares que se identifican como de las AUC , sin que se ejecute por parte de las autoridades acciones que permitan la captura de estos asesinos que desde años anteriores han actuado en contubernio con algunos militares del Batallón 21 Vargas y Séptima Brigada adscritos a la Cuarta División del ejército Nacional.

EXIGIMOS:

  • A las autoridades competentes adelanten una investigación exhaustiva sobre los hechos y el posible contubernio de militares, paramilitares y autoridades municipales de El Castillo, en la posible acción directa u omisión en los hechos denunciados, para que respondan por la vida de todos y cada uno de los habitantes civiles de la región, teniendo en cuenta que la historia no se puede repetir en este municipio del Meta.
  • Que cese los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados por parte de la Fuerza Pública, contra el territorio donde se encuentran campesinos indefensos, que en su mayoría son familias victimas del desplazamiento forzado.
  • Que las autoridades competentes exijan a la fuerza pública (ejército) el cumplimiento, respeto y protección a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en la protección de la población civil.
  • A los entes de control como (Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría)  en cumplimiento de sus funciones urgentemente investiguen los desmanes de la fuerza pública y la posible articulación con grupos paramilitares en la región como ya es evidente en el municipio de El Castillo Meta.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL:

  • Nos acompañen en el seguimiento y monitoreo permanente a la grave situación de derechos humanos por la que atraviesan las comunidades de la región del Alto Ariari y pie de Monte llanero.


JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
S I N T R A G R I M




Ruby Castaño Jaiber Tique
Secretaría de Derechos Humanos Presidente General

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