Restituir dos millones de hectáreas de tierra a los despojados -a razón de 250.000 por año- es una de las principales apuestas del presidente Juan Manuel Santos para echar a andar la política de reparación integral de las víctimas de la violencia.
El proyecto de ley sobre restitución de tierras contempla la retroactividad para la reclamación de predios, que sería entre 15 y 20 años. También establece la cancelación de los títulos fraudulentos obtenidos por los actores ilegales a fin de devolver las propiedades a sus verdaderos dueños.
La resolución de reclamaciones se hará en procesos de única instancia y en ellos la carga de la prueba estará a favor de la víctima.
Artículo de El Tiempo.com
"Hemos decidido darle prelación al retorno y a la reubicación, porque necesitamos a nuestros campesinos trabajando la tierra, con vocación y con sudor", afirmó el presidente Santos hace dos semanas, al presentar el proyecto de ley de víctimas.
La iniciativa establece, además, que las personas que "fueran propietarias, poseedoras, tenedoras u ocupantes de tierras, y que hayan sido despojadas de estas, o que hayan sido obligadas a abandonarlas", como consecuencia directa de hechos ocurridos de "violencia armada ilegal expresamente reconocidos en procesos de justicia y paz", serán quienes puedan solicitar la restitución de sus predios.
Los procesos para estos casos se realizarán en los "tribunales superiores de distrito judicial".
El capítulo de restitución crea el Registro de Tierras Despojadas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Esta última entidad funcionará durante diez años a partir de la entrada en vigencia de la ley de víctimas.
Dicha unidad administrará el Registro de Tierras Despojadas y tramitará la devolución de los predios. También pagará en nombre del Estado "las sumas ordenadas por el juez de restitución de predios despojados a favor de los terceros de buena fe", entre otras funciones.
El músculo financiero para esta tarea será un fondo cuyos recursos se manejarán a través de una fiducia "cuyo constituyente y beneficiario será la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas", según señala el capítulo de restitución. El proyecto igualmente establece sanciones de prisión de entre siete y doce años para quienes se hagan pasar por despojados "sin cumplir las condiciones requeridas para su inscripción" u oculten "las que la hubiesen impedido".
Y si un servidor público, a sabiendas de las irregularidades, permite que alguien se acredite para acceder a la restitución, se expondrá a una pena de cárcel entre siete y doce años y a inhabilidades de entre diez y veinte años.
Iguales penas se le impondrán a quien se oponga a la solicitud de restitución "sin tener un derecho legítimo" u "ocultando los hechos de violencia que dieron lugar al despojo".
Tensión por proyectos
Desacuerdo de Liberales y Conservadores
Los proyectos de ley de tierras y de víctimas están frenados en el Congreso por un problema de trámite. Los liberales insisten en que la ley de víctimas debe ser acumulada con la de tierras, para su estudio. Los conservadores creen que su examen debe hacerse por separado. Hasta ayer tarde, el Gobierno no había retirado el proyecto de tierras para facilitar la acumulación. Los ponentes intentarán ponerse de acuerdo hoy.
Carta de empresarios por Montes de María
Empresarios paisas que han venido adquiriendo, de manera masiva, grandes extensiones de terreno en los Montes de María (límites entre Sucre y Bolívar) le enviaron una carta al Ministro de Agricultura en la que se oponen a que la región sea declarada zona de reserva campesina, como él lo propuso hace dos semanas.
"Sería un error tratar de despojar a inversionistas de buena fe o desestimular sus proyectos productivos", dicen e invitan al Gobierno a que evalúe sobre el terreno el trabajo que han empezado a efectuar en la zona, empleando mano de obra de la región y reactivando la economía.
También dicen que si se determina que alguna de las hectáreas compradas fue objeto de despojo y que ellos son "poseedores o propietarios de buena fe", están dispuestos a devolverla "pero con una justa indemnización". EL TIEMPO comprobó que los campesinos vendieron la hectárea, en promedio, a 500.000 pesos, y los empresarios la negocian en más de un millón 300 mil pesos.
Por ahora, el Gobierno congeló la declaratoria de zona de reserva campesina, aunque ordenó revisar las compras masivas para descartar casos de estafa o lesión enorme a labriegos y finqueros.
Nuevas capturas por despojo en Curvaradó
La Fiscalía acaba de expedir nuevas medidas de aseguramiento dentro del expediente por el robo de cientos de hectáreas a comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó), que terminaron en manos de empresarios de la palma. Una de ellas es contra Hernán Gómez Hernández, conocido empresario, promotor de boxeo a quien se le imputan los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión en área de protección ecológica.
Su esposa, Katia Sánchez, figura como representante legal de la empresa Urapalma y está libre por enfermedad. Gómez -quien figura como asesor de Carlos Castaño- permanece fugitivo, al igual que el empresario Antonio Zúñiga.
Por ahora, ya se hicieron efectivas las capturas de Luis Eduardo Tuberquia Gutiérrez, Robin Manuel Galongo Alcalá y Dagoberto Antonio Montiel. Ahora, las autoridades se centran en identificar a los empleados del Incoder que facilitaron la falsificación de resoluciones de adjudicación de estas tierras, a través del 'para' Ricardo Zapata.
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