Por La Silla Vacía
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| 'Magdalenas por Magdalena", Obra del artista Leonardo Posada |
Las víctimas tienen la oportunidad histórica de recibir una compensación. .
A las doce de la noche del sábado pasado se venció el plazo de seis meses que otorgó la Ley de Víctimas para expedir su reglamentación. Los decretos están en la Secretaría Jurídica de Casa de Nariño desde la semana pasada y en unos días saldrán del ‘horno’. De esta manera, la Ley de Víctimas se convierte en una realidad y en el hecho más trascendental del 2011 y posiblemente también del 2012 y del 2013... y del 2020.
Como lo explicó La Silla Vacía cuando fue aprobada en mayo, la Ley de Víctimas es el hecho que definirá –para bien o para mal– el gobierno de Juan Manuel Santos.
Esta ley situó al gobierno de Santos en el centro del espectro político y lo alejó de la derecha de Uribe; consiguió, en el peor de los casos, el beneficio de la duda de quienes consideraban que Santos se limitaría a ser el continuismo del anterior gobierno; y fue un paso gigante para comenzar a crear las condiciones para la paz en Colombia, pues le apunta a resolver uno de los factores históricos del conflicto, que ha sido el de la tierra, y a sanar las heridas que terminan alimentando la siguiente generación de la guerra. Es como un 'cace' que hace el Gobierno para ir desactivando la guerra antes de firmar un acuerdo de paz.
Este es el primer gesto real que ha habido en muchos años orientado a reconocer el sufrimiento de los cuatro millones de colombianos que han vivido en carne propia la guerra y a hacer algo para que puedan recuperar –así sea en parte– su proyecto de vida.
Nada pasó este año que fuera tan importante. Sacar adelante la ley y armar los decretos ha sido una labor titánica del Ministro del Interior y del equipo que ha venido trabajando en la ley desde que se expidió. Pero la parte verdaderamente difícil viene el próximo año, cuando arranque su implementación. Estos son los principales retos que enfrentará:
1 El reto jurídico
La ley fue aprobada con mucho esfuerzo y superó los torpedos lanzados por el sector uribista que se opuso en el Congreso hasta el último minuto. Para la elaboración de los decretos, el equipo del Ministerio de Justicia, bajo la batuta de Miguel Samper, director de Justicia Transicional, realizó decenas de reuniones con organizaciones de víctimas y con alcaldes y gobernadores, recibió 7.900 comentarios de la comunidad. Sin embargo, y aún antes de que se conozcan los decretos, la Ley de Víctimas ya tiene por lo menos 50 demandas en contra cursando en la Corte Constitucional.
Entre las cosas que han sido demandadas está la definición de víctima (para que incluya, por ejemplo, a las víctimas de las Bacrim y el narcotráfico); la fecha a partir de la cual se indemnizará a las víctimas (que quedó a partir de 1985, aunque hay quienes quieren que sea desde 1980); y el concepto de indemnización (para que excluya servicios sociales como educación y salud, que deberían ser derechos para todos).
En el hipotético e improbable caso de que la Corte Constitucional deje la ley intacta, está el reto de cómo interpretarán los jueces esta ley cuando llegue el momento de aplicarla en los juicios de restitución. Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, por ejemplo, considera que hay que construir nuevas interpretaciones jurídicas de conceptos como el derecho de propiedad para ajustarlas a la Ley de Víctimas, lo que pone los pelos de punta a los terratenientes.
2 El reto de la seguridad
El éxito de la aplicación de esta ley dependerá en gran parte de los aliados con los que cuente. Y nadie será mejor aliado de esta ley que los líderes de las víctimas, quienes harán la presión para que no se quede en el papel; ayudarán al Gobierno a elaborar el censo de propiedades despojadas y a cruzar las víctimas con las tierras; y luego a reconstruir la memoria de este país para que no se repita la barbarie.
Proteger sus vidas tendrá que ser la prioridad principal del país. Y hasta ahora esta protección no ha sido suficiente para impedir que maten a 12 en lo que va corrido del año. Durante los ocho años anteriores mataron a 35 (ver historia). En Urabá, en los últimos meses algunos líderes han muerto en ‘accidentes’ que parecen demasiados para ser una coincidencia.
Fuera de proteger a los líderes, en el Gobierno hay una intensa discusión entre el Ministerio de Defensa y el de Agricultura sobre por dónde comenzar con la aplicación de la ley. Mientras que el sector defensa quiere que la restitución de tierras arranque por los territorios que ya están ‘consolidados’, es decir, libres de paras, bandas y guerrilla, el Ministerio de Agricultura considera que deben priorizarse aquellos territorios donde ha habido mayor despojo como el Urabá y contar con el acompañamiento permanente de la Fuerza Pública donde no está el territorio completamente consolidado.
Y por último, hay un tema que aparece poco en la agenda pero es crucial y es el del desminado. La guerrilla y, en menor proporción, los paramilitares y el Ejército sembraron el territorio de minas antipersonales para frenar la marcha del enemigo. Esas minas siguen allí sin estallar y son una amenaza latente para la población desplazada que con la ley podría retornar a sus tierras.
El programa de Minas bajo el actual Vicepresidente Angelino Garzón atraviesa una dura crisis y desminar un terreno cuesta miles de millones de pesos. Sólo para dar un ejemplo, el municipio de Granada, Antioquia, donde hay una experiencia de reparación liderada por las mismas víctimas, muy interesante, tiene el 53 por ciento de su territorio sembrado de minas. En otros lugares del país ni siquiera se sabe.
3 El reto de la indemnización
La mayoría de víctimas del país desconocen el contenido exacto de la ley. Pero muchas de ellas saben una cosa: que el Gobierno les dará plata. ¿Cuánto? Aún no se sabe porque, paradójicamente, eso no forma parte del decreto reglamentario elaborado por el Ministerio de Justicia. Ese es un asunto que definirá el Ministerio de Hacienda, que no ha tenido ninguna interacción con las víctimas.
El monto que definan enviará un mensaje crucial a las víctimas. Por eso no puede ser inferior al que ya le pagaron a los paramilitares desmovilizados y tampoco al de las víctimas del invierno.
También está el debate de si debe ser diferente la indemnización para una mujer que perdió a sus esposos y tres hijos en Machuca y para el que duró secuestrado ocho años o para quien torturó el Ejército. ¿Cómo cuantificar ese dolor? ¿Y cómo hacer para que el monto no vulnere la dignidad y el sentido de justicia de quien lo recibe?
4 El reto institucional
La aplicación de esta ley va a poner a prueba todo el Estado colombiano el próximo año. La inoperancia que demostró en los últimos años para cumplir con la Sentencia de Desplazados es un campanazo sobre lo que podría pasar con la Ley de Víctimas.
Esta ley tiene a su favor que, siendo el proyecto bandera de Santos, cuenta con toda la voluntad política del Gobierno Central, lo cual ayuda mucho. Pero ahora toca ‘contagiar’ de ese entusiasmo a las gobernaciones y alcaldías. Y el entusiasmo ayuda pero no es suficiente. Una serie de datos dan la idea del reto:
De los más de 50 municipios quebrados, varios son también lugares donde hay una gran proporción de víctimas, sobre todo en Cesar y Córdoba. Entonces, su capacidad de inversión en el retorno es mínimo.
El 45 por ciento del territorio en Colombia carece de títulos de propiedad, lo que da una medida de las dificultades que tendrá la titulación de tierras.
Hay 13 sistemas de información que tienen que ver con víctimas. Con la nueva ley, la idea es integrarlos.
Según el borrador de decreto de reglamentación, los personeros municipales son quienes toman el testimonio de la víctima, con base en el cual la Unidad de Víctimas en Bogotá evalúa el caso para aceptar su registro. El problema es que estos personeros son elegidos por los Concejos, que a su vez suelen ser dominados por los terratenientes del pueblo, que con frecuencia son aliados de los despojadores de tierra o son ellos mismos.
El Ministerio de Justicia sacó el decreto reglamentario de la reparación. Pero este no incluye ni el monto de la indemnización (que lo definirá Hacienda), ni tampoco la reglamentación del proceso de restitución de tierras, que es competencia de Minagricultura. En Casa de Nariño están tratando de armonizar ahora ambos decretos.
Por el lado de las víctimas, el nuevo decreto acaba con el mecanismo de representación que tenían los desplazados y crea más bien un mecanismo de participación de las víctimas que las obligará a reorganizarse. El Gobierno busca evitar la politización de las organizaciones de víctimas, pero desde la perspectiva de las organizaciones de desplazados la ley las debilita. Sobre todo porque ahora no necesariamente llevarán ellas la voz cantante. pues ahora tendrán que sentarse al lado de las víctimas del secuestro, de la desaparición, etc.
En fin, los escollos institucionales son inmensos.
5 El reto del modelo de desarrollo
Hay un debate de fondo que el país todavía no ha dado, pero que desde ya está planteando el analista Luis Jorge Garay y que tiene que ver con el contexto económico en el que se aplicará la Ley de Víctimas.
Garay ha puesto de relieve cómo devolverle la tierra a las víctimas entrará ineludiblemente en conflicto por el territorio con los proyectos de minería, los megaproyectos y los cultivos de agrocombustibles. Sobre todo en un país que tiene uno de los índices más altos de concentración e inequidad en la tenencia de la tierra.
En varios de los lugares donde se cometieron las masacres hace diez años, hoy hay represas, o exploraciones mineras o grandes proyectos de palma. Restituir esa tierra será muy difícil. Y de hecho, la ley de Víctimas creó una figura llamada el "derecho de superficie" que dice que cuando entren en conflicto el poseedor de la tierra de buena fe y exento de culpa compartirá con la víctima las utilidades del negocio, pero no estará obligado a devolver la tierra (aunque sí el título).
“El Gobierno quiere un mercado de tierras abierto para la competencia internacional”, dice Garay y se pregunta: “¿Qué tanto atenta esto contra la inclusión social de los campesinos?".
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