S.O.S

ACCION URGENTE

PARAMILITARES EXTORCIONAN Y AMENAZAN A COMERCIANTES, GANADEROS Y CAMPESINOS EN LAS VEREDAS Y POBLADOS DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO – META, DONDE TIENE EL CONTROL LA POLICIA NACIONAL, EL BATALLÓN 21 VARGAS Y LA SÉPTIMA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL, SIN CONTAR CON LA FISCALIA, PERSONERIA, ADMINISTRACION MUNICIPAL, ETC.ETC….

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta – SINTRAGRIM, ha denunciado diferentes hechos de violencia cometidos por la fuerza pública de manera sistemática (Batallón 21 Vargas y la Séptima Brigada adscritos a la Cuarta División del ejército Nacional) y gropos paramilitares contra la población civil en la región del Alto Ariari. Hoy tenemos que repetir la denuncia, solicitando al gobierno nacional, fiscalía, procuraduría y de quien corresponda para que de manera inmediata se tomen medidas que permitan garantizar la vida, la tranquilidad y bien estar de las más de 700 familias víctimas del desplazamiento forzado que han decidido regresar a esta región donde está su tierra y territorio, con el acompañamiento de sus organizaciones.

HECHOS:

Los días 28 29 y 30 de Noviembre de 2012, el ejercito, que está ubicado en la Vereda de Lucitania, realizo fuertes bombardeos sobre la parte alta de las veredas de Caño Lindo y La Esmeralda, ubicadas en el Pie de Monte llanero del municipio de El Castillo- Meta, estos bombardeos han generado terror en la población campesina especialmente en las mujeres y menores de edad que circulan a diario por la vereda hacia el centro educativo y lugares de labor diaria.

En días anteriores los pobladores de la región del Alto Ariari (Puerto Esperanza y Miravelles) han observado hombres de civil desconocidos de la región, circulando en motocicleta, haciendo preguntas a los campesinos y pobladores de la región, tomando fotografías, algunas veces han afirmando ser miembros del ejército nacional, hecho que ha sido denunciado anteriormente.

El día 25 de Noviembre de 2012, en medio del patrullaje normal de la policía en Medellín del Ariari, hicieron presencia varios paramilitares reconocidos que se identificaron como miembros de la AUC, entre los que se encontraba el paramilitar sanguinario “Caregarra”, quien ha sido unos de los gestores y promotores de muchos hechos de violencia más aberrantes cometidos contra muchos habitantes de la región.

ANEXAMOS DENUNCIA DE LA INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ:

Informe

Operaciones paramilitares en el Ariari

Meta

Jueves 29 de noviembre de 2012

En estos últimos ocho días las acciones de las estructuras paramilitares que se identifican como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, han amenazado a los pobladores de Medellín del Ariari y Puerto Esperanza, con operaciones de limpieza.

Los paramilitares manifestaron que venían a poner “orden” en la región.

En desarrollo de su estrategia han instalado puestos de control en el sector conocido como la Y e incursionado en los caseríos de Malabar y Playa Rica.

En estos caseríos hay operaciones militares de la 7 brigada.

La presencia paramilitar coincide con el anuncio que el batallón 21 Vargas de la 7 brigada hicieron a los pobladores en el mes de julio.

Los efectivos regulares indicaron que traerían a los paramilitares porque las denuncias de CIVIPAZ y la Comisión de Justicia y Paz les evitaban hacer el trabajo.

Las acciones paramilitares coinciden con el desarrollo de las operaciones empresariales de la empresa INGEMINERA LTDA, la cual pretende hacer explotación minera afectando los cuerpos los cuerpos de agua que garantizan el abastecimiento de los acueductos de Medellín del Ariari y Peñas Blancas.

Para sus propósitos la minera ha intentado cooptar y usar medios de corrupción con algunos líderes de las comunidades.

Tanto las acciones paramilitares anunciadas por el batallón 21 Vargas y las actuaciones irregulares de la empresa minera han sido denunciadas sin que a la fecha haya existido una respuesta eficaz del Estado colombiano.

Varias de las familias víctimas por las amenazas se encuentran cobijadas con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Bogotá, D.C. noviembre 29 de 2012

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Foto
www.desdeabajo.info

Por todo lo anterior exigimos garantías de protección a la vida de todos y cada uno de los habitantes de las veredas y poblado del municipio de El Castillo, donde hoy extrañamente se reactiva la circulación de paramilitares que se identifican como de las AUC , sin que se ejecute por parte de las autoridades acciones que permitan la captura de estos asesinos que desde años anteriores han actuado en contubernio con algunos militares del Batallón 21 Vargas y Séptima Brigada adscritos a la Cuarta División del ejército Nacional.

EXIGIMOS:

• A las autoridades competentes adelanten una investigación exhaustiva sobre los hechos y el posible contubernio de militares, paramilitares y autoridades municipales de El Castillo, en la posible acción directa u omisión en los hechos denunciados, para que respondan por la vida de todos y cada uno de los habitantes civiles de la región, teniendo en cuenta que la historia no se puede repetir en este municipio del Meta.
• Que cese los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados por parte de la Fuerza Pública, contra el territorio donde se encuentran campesinos indefensos, que en su mayoría son familias victimas del desplazamiento forzado.
• Que las autoridades competentes exijan a la fuerza pública (ejército) el cumplimiento, respeto y protección a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en la protección de la población civil.
• A los entes de control como (Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría)  en cumplimiento de sus funciones urgentemente investiguen los desmanes de la fuerza pública y la posible articulación con grupos paramilitares en la región como ya es evidente en el municipio de El Castillo Meta.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL:

• Nos acompañen en el seguimiento y monitoreo permanente a la grave situación de derechos humanos por la que atraviesan las comunidades de la región del Alto Ariari y pie de Monte llanero.

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL

S I N T R A G R I M

Ruby Castaño Jaiber Tique

Secretaría de Derechos Humanos Presidente General

LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO
COL 010 / 1212 / OBS 113
Asesinato / Amenazas
Colombia
4 de diciembre de 2012
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa
conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la
siguiente situación en Colombia.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con indignación información de la Fundación Desarrollo y Paz
(FUNDEPAZ) sobre el asesinato del defensor de los derechos de las víctimas en Colombia,
el Sr. Miller Angulo, líder de la población desplazada y miembro de la Mesa Municipal de
Víctimas de Tumaco y de la Mesa Departamental de Víctimas.
Según la información recibida, el 1 de diciembre de 2012 aproximadamente a las 10:00 pm
fue asesinado el Sr. Miller Angulo con siete tiros de arma de fuego, por sicarios que se
movilizaban en moto, mientras partía de un establecimiento público cerca de la playa en el
municipio de Tumaco, Nariño.
Según la misma información, el Sr. Miller Angulo ya había sido objeto de varias amenazas,
siendo mencionado junto con otras organizaciones como el Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado (MOVICE), en una amenaza enviada por el Bloque Central de las
Águilas Negras el 10 de octubre de 2010. El 13 de noviembre de 2012, nuevamente fue
mencionado en una amenaza similar enviada por correo electrónico por el mismo grupo.
El 27 de noviembre de 2012, el Sr. Miller Angulo estuvo presente en una Reunión Técnica
de Concertación entre el Gobierno Nacional y la Institucionalidad Territorial de Nariño,
realizada en la ciudad de San Juan de Pasto, en la cual estuvieron presentes la Sra. Paula
Gaviria, Directora Nacional de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y
una funcionaria de la Agencia Nacional de Protección, quien declaró que se estaba dando
seguridad a los líderes defensores de los derechos de las víctimas.
Además cabe mencionar que el 21 de febrero de 2012 - el mismo día en que se instaló el
Comité Departamental de Justicia Transicional en Pasto1 - fue enviado a los correos
electrónicos de varias organizaciones e individuos, tales como MOVICE de Nariño
(MOVICENAR), FUNDEPAZ, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos (CPDH), la Sra. Diana Montilla, activista dentro del MOVICENAR y miembro de
la Coordinación Nacional de Desplazados (CND) - capítulo Nariño, y la Sra. Martha
Ceballos, Secretaria técnica del MOVICENAR, entre otros, una amenaza del Grupo
paramilitar Anti Restitución de Nariño - GAR, NARIÑO, manifestando que “las
organizaciones que lleven a cabo actividades con contenido ideológico y político enfocados
en temas de restitución de tierras y derechos de las víctimas, se convertirán en objetivo
militar de su brazo armado”.
El Observatorio condena rotundamente el asesinato del Sr. Miller Angulo y expresa su
profunda preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos y de
derechos de las víctimas en Colombia, así como por la de sus familiares. Asimismo, el
Observatorio solicita una investigación en torno a estos hechos, con el fin de identificar a los
1
Instancia que coordina el proceso de implementación de la Política Pública de Atención y Reparación Integral a
Víctimas del conflicto armado.
2
responsables, llevarlos ante un tribunal y aplicarles las sanciones penales y/o
administrativas previstas por la ley.
Adicionalmente, el Observatorio lamenta que el proceso de otorgamiento efectivo de
medidas de protección a los defensores de derechos humanos, implementado por la Unidad
Nacional de Protección (UNP), sufra graves fallas e incumplimientos, poniendo en riesgo la
integridad física y psicológica de los mismos.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia instándolas a:
i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la
   integridad física y psicológica de los familiares del Sr. Miller Angulo, así como de los
     defensores de derechos humanos de las mencionadas organizaciones y de todos los
    que operan en Colombia;
ii. Llevar a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en
    torno al asesinato del Sr. Miller Angulo y las amenazas previamente mencionadas
   con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente,
  independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o
 administrativas previstas por la ley;
iii. Velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión, amenazas, hostigamiento y
     violencia contra las organizaciones y los individuos que defienden los derechos
    humanos en Colombia;
iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de
     los Derechos Humanos de la ONU, adoptada por la Asamblea general de la ONU el
    9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de
    toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y
      realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos
      nacional e internacional” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de
        garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda
          violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho,
          presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los
            derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);
v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades
  fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de
  derechos humanos ratificadas por Colombia.
Direcciones:
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S.E. Juan Manuel Santos, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de
Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: + 57 1 596 0631 / 566 2071. Email:
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
Sr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República, Tels.: +57 1 334 45 07, +573772
01 30. E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: +
571 640 0491 E-mail: agenda@agenda.gov.co
Sr. Fernando Carrillo Flórez, Ministro del Interior, La Giralda Carrera 8 No. 7 – 83,
Bogotá
D.C.,
Colombia.
Fax:
+57
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242
74
00.
Email:
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
Sra. Ruth Stella Correa Palacio, Ministra de Justica, Carrera 9 No. 12C, Bogotá D.C.,
Colombia. Fax: +57 1 444 3100. Email: reclamos.minjusticia@minjusticia.gov.co
Dra. María Paulina Riveros Dueñas, Directora Programa de Derechos Humanos del
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Ministerio del Interior. E-mail: maria.riveros@mininterior.gov.co
Sr. Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01,
Bogotá. Fax: +571 570 2000; +571 414 9000 Extensión 1113, E-mail:
contacto@fiscalia.gov.co
Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80,
Bogotá. Fax: +57 1 342 97 23; + 571 284 79 49 Fax: +571 342 9723; E-mail:
cap@procuraduria.gov.co; quejas@procuraduria.gov.co;
Sr. Juan Carlos Pinzón Bueno, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera
52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: mdn@cable.net.co
S.E. Sra. Alicia Victoria Arango Olmos, Misión Permanente de Colombia ante Naciones
Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. Fax: + 41
22 791 0787; E-mail: donuginebra@cancilleria.gov.co ; mission.colombia@ties.itu.int
S.E. Sr. Carlos Holmes Trujillo García, Misión Diplomática de Colombia en Bruselas,
Avenue Franklin Roosevelt 96a, 1050 Bruselas, Bélgica. Fax: + 32 2 646 5491
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos
países.
***
Ginebra-Paris, 4 de diciembre de 2012
Sírvanse informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado
en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la OMCT y de la FIDH, está destinado a la protección
de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una
ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
• E-mail: Appeals@fidh-omct.org
• Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
• Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80

EL DERECHO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN MANOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO

Por: Alfonso Castillo

Miembro de la Mesa Nacional de Victimas Espacio Transitorio

Presidente Nacional ANDAS.

Al día de hoy 4 de diciembre, la participación de las víctimas en la implementación de la ley 1448/11, un año después de su entrada en vigencia es un total fiasco. Más allá de un par de reuniones del plenario nacional de la mesa de víctimas y una reunión del comité de gestión y trabajo, las garantías de participación dependen de unos trámites burocráticos que exige la Unidad Administrativa Reparación Integral a Víctimas y del operador logístico de turno.

Estas dificultades del operador logístico, exigen “que toda solicitud de actividad se tramite con cinco días hábiles” previos a la realización de la misma, cada modificación que se haga sobre la misma, requiere de los nuevos cinco días hábiles para su trámite. Como se ve, es demasiada paquidermia institucional, para la cual las víctimas, sus organizaciones y sus representantes no estamos preparados, ni suficientemente informados, ni con mucho interés de aprender este procedimiento.

Por cuenta de este “enredo administrativo” no se han podido iniciar los talleres departamentales para discutir el protocolo, tampoco se ha podido reunir el comité de gestión y trabajo, por problemas de algunas nombres o números de cédulas que no se han proporcionado, o cualquier cosa que sirva como excusa para no cumplir, y que ahora, se atribuye como responsables a los representantes de las mesas de victimas que no han enviado información clara, precisa y oportuna, sin embargo todo esto no son más que excusas baladíes, que tratan de ocultar un hecho inocultable: No existe la suficiente voluntad para dinamizar este proceso.

Lo que queda claro, es que el operador logístico, no se ha podido adecuar a los requerimientos de las víctimas, (porque no puede ser de otra manera), así se demuestra por la incapacidad de estos operadores para realizar una reunión de los 11 representantes del comité de gestión y trabajo, ni qué decir del fiasco logístico que fue el segundo plenario de Medellín realizado el 21, 22 y 23 de noviembre,  ni se diga lo que ha mostrado en la incapacidad para realizar los talleres regionales  de los 4 o 5 que estaban programados para la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, no han podido realizarse, en este sentido, vale la pena que la Unidad Administrativa Reparación Integral a Víctimas piense en cambiar las condiciones y metodologías de la logística para este tema del espacio transitorio y la discusión del protocolo.

Este tema logístico, azuza nuestras preocupaciones en torno a la discusión del protocolo de víctimas en las regiones, por cuanto el poco tiempo que le queda a la discusión en la práctica, pues sólo se cuenta ahora para estos 33 talleres con una semana de lo que queda de diciembre y 3 semanas en el mes de enero - febrero del 2013 de acuerdo a un cronograma inicialmente aprobado en el segundo plenario de Medellín.

Igualmente sobre este protocolo en las regiones, no se cuenta con una metodología y una pedagogía adecuada al nivel de apropiación de los temas sugeridos en el borrador de protocolo propuesto por la Unidad Administrativa Reparación Integral de Víctimas, y si se continúa con la metrología presentada por PARTNERS, hay que decir que ésta, no tiene las posibilidades de pleno desarrollo en la regiónes, no se trata aquí de decir que los departamentos no exista la capacidad de discusión y aporte, lo que queremos señalar es que esta metodología, tal como se demostró en Medellin, requiere preparación previa, información suficiente, conocimiento de los documentos y tal como están las condiciones, éstas no existen para ese proceso.

Además, persiste la preocupación por las garantías de protección y seguridad, como lo demuestra el asesinato el compañero Miller Angulo, miembro de la mesa de víctimas del municipio de Tumaco y también como lo demuestran las amenazas por parte de “Ejércitos Anti restitución” en las mesas de Valledupar, Cali, Carmen de bolívar y el dpto. de Magdalena, entre otros, estas amenazas no están teniendo el tramite adecuado para la protección a los líderes y lideresas, lo que al final hará que en el mejor de los casos “tengamos un protocolo bonito, y también, estamos seguros tendremos un ejército muy poderoso para evitar que se cumpla este”.

Tal como están las cosas avanzamos en un modelo de participación que ha demostrado su fracaso en el inmediato pasado, el cual consiste en convocar a las víctimas, sin tiempo previo, ni la información adecuada y suficiente, sin condiciones materiales, y de manera indiscriminada y por esta vía, no contaremos con una herramienta de participación que quede bien hecha y lo suficientemente discutida desde las mesas municipales y departamentales, a fin de que sea bien entendida por las víctimas y sus organizaciones, para exigir inmediatamente después su cumplimiento.

Más allá de la excusa de las exigencias del operador para brindar apoyo logístico, existe la percepción de la insuficientes disposición institucional, por brindar condiciones para que se desarrolle un buen proceso de discusión y participación de las víctimas. Lo que va en contravía con los anuncios del alto gobierno sobre los derechos de las víctimas: La participación al menos todavía está en veremos.

Surge entonces una pregunta, para quienes tenemos responsabilidades de representación en la mesa nacional de victimas espacio transitorio y particularmente el comité de gestión y trabajo: Cuál es nuestro papel?, ¿será acaso garantizar que el mecanismo funcione con o sin el apoyo que debe brindar el estado?, Es nuestra responsabilidad garantizar que el sistema funcione como un relojito, para que luego los funcionarios del gobierno, anden por allí vanagloriándose y “sacando pecho” de cosas que no han hecho adecuadamente? Debemos demostrar que sí somos capaces de cumplir con nuestras responsabilidades y cumplir a toda costa, incluso haciendo sacrificios económicos con recursos que no tenemos para garantizar que esto funcione?.

Lo que  particularmente consideró es nuestro compromiso, básicamente es fortalecer el proceso organizativo, articularnos a nuestras bases y proponer desde allí una serie de tareas que tienen que ver con:

Fortalecer los procesos organizativos de carácter democrático, incluyente y deliberativo desde las bases, permitiendo que haya mejor conocimiento de todo el proceso y de nuestros derechos y cómo hacerlos cumplir

Promover la capacitación, la cualificación de las víctimas en torno a los derechos de las víctimas y los mecanismos de exigibilidad.

Articular nuestras en dinámicas organizativas para fortalecer la capacidad incidencia con otros procesos y dinámicas que también avanzan en la busca de derechos sociales como: Estudiantes, Campesinos, Indígenas, Afrodescendientes, Mujeres.

Incluir el escenario de movilización política y popular como herramienta de lucha permanente de nuestras organizaciones.

Elaborando propuestas y documentos de análisis sobre nuestra problemática y derechos.

Nuestro papel en todo caso, es mejorar la comunicación con las mesas departamentales y municipales de víctimas, con las organizaciones de los hechos victimizantes, con las organizaciones de enfoque diferencial, allí tenemos un gran desafío y tenemos que buscar los mecanismos para poderlo cumplir.

Nuestra tarea en la presente etapa es preparar concienzudamente una buena argumentación que nos permita garantizar que en este proceso de discusión del protocolo, las voces de las víctimas sean cabalmente recogidas, particularmente la exigencia de que este sea un documento con fuerza de ley, es decir un decreto reglamentario, que obligue a las instituciones a su acatamiento.

Igualmente tenemos el desafío de preparar desde ahora una movilización nacional exigiendo una verdadera reparación integral y paz con justicia social, éste es un momento propicio para empezar a preparar una movilización hacia el 10 de junio del 2013, coincidiendo con el segundo año de la ley de víctimas, para demostrarle a la sociedad Colombiana, que efectivamente esta ley más allá de los anuncios de los medios de comunicación, no está permitiendo garantizar el derecho la reparación, ni mucho menos el derecho la restitución.

Estas son las tareas en, en las cuales creó debemos comprometernos de manera intensa, independientemente si existen o no las condiciones institucionales para nuestro trabajo, para ello debemos apoyarnos en las organizaciones de Derechos Humanos, no hacerle eco a un fraccionamiento con estas, ellas han sido de siempre nuestros aliados y nuestros apoyos para precisamente posicionar el tema de los derechos de las víctimas en la agenda política colombiana.

Estas son las tareas, no podemos distraernos, un buen protocolo para la participación de las víctimas en los próximos años, debe ser el producto de movilizar a las víctimas desde la base, en las regiones, en los municipios, esto sí que tendía fuerza de ley y la capacidad de las víctimas para hacerlo cumplir en cada uno los rincones del país.

Bogotá, 4 diciembre de 2012

COMUNICADO PUBLICO

Asesinado otro líder Afrocolombiano en Tumaco, Nariño

Bogotá, D.C., Diciembre 3 de 2012

La Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados AFRODES, condena categóricamente el vil asesinato del compañero MILLER ANGULO RIVERA ocurrido el día 1 de Diciembre del presente año en la ciudad de Tumaco – Nariño.

El señor MILLER ANGULO, era un joven líder defensor de los derechos de la población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado en el departamento de Nariño. Como líder regional y nacional, Miller ejercía como secretario técnico de la Mesa Municipal de Victimas de Tumaco y era miembro activo de la Mesa departamental de Victimas de Nariño, así como tambien hacia parte de otros espacios organizativos en Tumaco.

El nombre del hermano Miller Angulo apareció mencionado en las últimas amenazas del 14 de noviembre proferidas por el bloque capital del grupo paramilitar que se auto denomina “Las águilas negras”, donde amenazan a AFRODES Nacional y algunas organizaciones regionales de nuestra Organización. Miller también fue amenazado por el grupo anti restitución de tierras de Nariño – GAR en meses pasados. Miller, un joven sonador de paz, de 33 años de edad, deja a dos hijos menores de edad, una niña y un niño y a su esposa.

Todas estas amenazas, seguimiento y asesinatos dirigida contra los líderes de AFRODES y sus organizaciones regionales hace parte de una campana para callar las voces de exigibilidad de derechos, hechos que han sido puestos en conocimiento de organismos del orden nacional e internacional y que hasta la fecha no se ha obtenido respuesta concreta de parte del gobierno nacional. El pasado 14 de Septiembre, AFRODES solicito al señor Andrés Villamizar, Director Nacional de la Unidad de protección, medidas de protección para 12 líderes y lideresas de la organización que están seriamente amenazados por actores armados debido al trabajo de liderazgo que ejercen en las regiones y la respuesta extra-oficial que hemos recibido es que en un proceso de evolución interna las 12 solicitudes presentadas fueron declaradas ordinarias.

AFRODES condena categóricamente el asesinato del compañero MILLER ANGULO RIVERA, condena las amenazas y la persecución contra cada uno de sus líderes y lideresas.

EXIGIMOS del gobierno nacional las garantías necesarias y suficientes para que los lideres y lideresas puedan ejercer su trabajo en defensa de los derechos humanos, derechos étnicos y territoriales sin temor y sin persecución.

EXIGIMOS a la Fiscalía General de la Nación investigar los autores materiales e intelectuales de este repudiable hecho y propiciar la sanción correspondiente.

EXIGIMOS a la Procuraduría General de la Nación investigar y tomar las medidas disciplinarias contra  los agentes del Estado implicados en estos casos por acción o por omisión ya que el caso de las amenazas  viene siendo denunciado reiterativamente desde tiempos atrás y no hemos obtenido respuesta alguna.

EXIMOS al Gobierno Nacional, definir políticas de prevención y protección eficaces y agiles que garantice el derecho a la vida de los líderes, lideresas y comunidades que padecen la terrible violación de derechos humanos y derechos étnicos-territoriales en todo el país.

Fundación Desarrollo y Paz - FUNDEPAZ
Comunicado Público
Asesinado defensor de los derechos de las víctimas en Tumaco, Nariño
San Juan de Pasto (Nariño), Diciembre 3 de 2012
HECHOS
El pasado 1 de diciembre de 2012 , siendo aproximadamente las 10 de la noche fue asesinado en
Tumaco el líder de los derechos de las víctimas Miller Angulo con 7 tiros de arma de fuego por
sicarios que se movilizaban en una moto y cuando departía en un establecimiento público cerca a
la playa. Tras su deceso deja una esposa y dos hijos.
Miller Angulo era un líder de la población desplazada y era miembro de la Mesa Municipal De
Víctimas de Tumaco y de la Mesa Departamental de Víctimas. El era desplazado de la zona rural
de Tumaco.
Según fuentes oficiales, este líder había sido objeto de varias amenazas y ha tenido medidas de
protección. Miller Angulo y otras organizaciones, entre ellas el Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado, MOVICE, fue mencionado en una amenaza enviada por el Bloque Central
de las Águilas Negras el 10 de octubre de 2010. El martes 13 de noviembre de 2012 nuevamente
es mencionado en una amenaza similar enviada por correo electrónico por el mismo grupo.
Miller Angulo estuvo presente el martes 27 de noviembre en Pasto, en Reunión Técnica de
Concertación entre el Gobierno Nacional y la Institucionalidad Territorial de Nariño, en el cual
estuvo presente Paula Gaviria, Directora Nacional de la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y una funcionaria de la Agencia Nacional de Protección, la cual declaró
que se estaba dando seguridad a los líderes defensores de los derechos de las víctimas.
Es necesario recordar que el día martes 21 de febrero de 2012, el mismo día en que se instaló el
Comité Departamental de Justicia Transicional en Pasto, fue enviado a los correos electrónicos
de varias organizaciones y víctimas como MOVICENAR, FUNDEPAZ, CPDH, Diana Montilla
y Martha Ceballos (secretaria técnica del MOVICENAR), entre otras, una amenaza del grupo
ANTI RESTITUCIÓN DE NARIÑO – GAR, NARIÑO, manifestando que “las organizaciones
que lleven a cabo actividades con contenido ideológico y político enfocadas en temas de
restitución de tierras y derechos de las víctimas se convertirán en objetivo militar de su brazo
armado”.
A la luz de estos nuevos hechos, FUNDEPAZ expresa su profunda preocupación por la
seguridad de los defensores de los derechos humanos y de las víctimas así como por la de sus
familiares. Asimismo, Fundepaz solicita una investigación independiente, inmediata, exhaustiva
e imparcial en torno a estos hechos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un
tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o
administrativas previstas por la ley.
1
Fundación Desarrollo y Paz - FUNDEPAZ
Fundepaz subraya que este hecho reviste una particular gravedad en la medida en que, tal y
como lo destacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe
Anual 2011, “algunos de los asesinatos de defensoras y defensores ocurridos en 2011 fueron
precedidos por notas de amenazas e intimidación que determinan a defensores y defensoras de
derechos humanos o a sus organizaciones como objetivos de grupos paramilitares”.
Adicionalmente, cabe recordar que estas amenazas se enmarcan en el contexto de la aplicación
de la Ley de Víctimas y restitución de tierras, lo cual evidencia la falta de garantías que enfrentan
las víctimas para la exigencia de sus derechos. En particular, Fundepaz lamenta que el proceso
de otorgamiento efectivo de medidas de protección a los defensores de derechos humanos,
implementado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), sufra graves fallas e
incumplimientos, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los mismos
Ante el recrudecimiento de las amenazas dirigidas a los defensores de derechos humanos y de las
víctimas, Fundepaz insta una vez más a las autoridades a velar por que se ponga fin a todo tipo
de hostigamiento en su contra y que asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración
sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9
de diciembre de 1998, así como por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por
Colombia.
2

Para celebrar el Día de los Derechos Humanos, queremos invitarles muy cordialmente a la proyección del documental holandés “Justice for Sale” (Justicia para la Venta), el próximo viernes 7 de diciembre a las 3:00 p.m. en Cinema Paraíso (Carrera 6 No. 120 A-56, Usaquén).  Al término de la proyección se ofrecerá una copa de vino a los asistentes.  

Agradecemos difundir esta información entre sus contactos. 

Por favor tengan en cuenta que el cupo es limitado, recomendamos estar en la sala con suficiente tiempo de antelación y llevar impresa la invitación adjunta.    

En la página www.justiceforsale.nl encuentran más información sobre el documental. 

¡Los/as esperamos!

COMUNICADO DE PRENSA
Guapi, 17 de noviembre de 2012
Web institucional: www.cococauca.org
AMENAZADAS NUEVAMENTE LA BASE ORGANIZATIVA DE COCOCAUCA POR LAS AGUILAS NEGRAS
Denunciamos públicamente que organizaciones de base y emblemáticas de la Regional COCOCAUCA, nuevamente son amenazadas por las Águilas negras a través de un comunicado de 14 de noviembre de 2012; en la cual también aparecen otras organizaciones étnicas, comunitarias, de población de desplazados, ONGs, y demás defensoras de derechos en Colombia
En las amenazas nos declaran “objetivo militar y plan de exterminio contra los lideres” además dicen “llego la hora de acabarlos….”; “........muerte.....muerte........muerte .....,”
A los promotores de estas amenazas les decimos que seguiremos reivindicando nuestros derechos como grupo étnico y como sociedad civil por la paz, hacia la construcción de una paz estable y duradera donde todos quepamos con derechos en Colombia.
Rechazamos este tipo de acciones que atentan contra todos los principios de la vida e integridad personal, colectiva y social.
Exigimos al estado colombiano en su conjunto acciones inmediatas contra este grupo paramilitar y todas las fuerzas que violan los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario.
A la comunidad nacional e internacional solicitamos estar atentos y alertas para que nuestro pueblo étnico pueda seguir desarrollando sus actividades pero con garantías de derechos.
Guapi, 17 de noviembre de 2012
Regional COCOCAUCA