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La Fundación Social, en el marco de un consorcio apoyado por la Comisión Europea y liderado por el ICTJ, realizó una nueva encuesta sobre la percepción de las víctimas en justicia transicional, esta vez en la zona rural, donde encontró un 8 por ciento más de victimización que en las áreas urbanas.
En Colombia, la percepción que tienen las víctimas de las iniciativas de justicia y paz que se han emprendido en los últimos años no es tan optimista como la del resto de la población: mientras el 63 por ciento de la gente no afectada por la violencia cree que se está esclareciendo la historia del conflicto, un 71 por ciento de los que han sido victimizados piensa todo lo contrario.
Contrastes como este encontró la segunda encuesta nacional sobre percepciones de la justicia transicional en el país, en especial frente a procesos como Justicia y Paz, que en 2005 se empezó a implementar para promover la desmovilización de combatientes ilegales. El estudio, liderado por Fundación Social como parte de un consorcio apoyado por la Comisión Europea y liderado por el ICTJ, se centró en las áreas rurales y retomó lo que se había encontrado en 2006 en la encuesta de percepción urbana.
Esa diferenciación permitió concluir que en el campo hay casi el doble de personas victimizadas que en las zonas urbanas, un hecho que suele considerarse obvio pero rara vez medible. La encuesta encontró que, mientras en el 2006 el 12 por ciento de la gente que vive en ciudades dijo haber sido víctima de un actor del conflicto armado, esta vez el porcentaje se elevó a 20.
Frente a la usurpación de bienes, el 9 por ciento de las personas que participaron en la última encuesta ha perdido sus propiedades, y en regiones como los Montes de María la proporción es del 23 por ciento.
Quiénes son víctimas
Otro de los contrastes que se deducen de la encuesta tiene que ver con que la gente que en efecto ha sido víctima del conflicto se reconozca como tal. Uno de los hallazgos más llamativos es que el 11 por ciento de las personas afectadas por el conflicto no se consideran víctimas, en parte porque muchas no deducen que los hechos que han sufrido –desplazamiento o amenazas– son violaciones a los derechos humanos.
Esto contrasta con que la misma proporción de personas no afectadas por el conflicto, es decir, otro 11 por ciento, sí se considera víctima.
Por otro lado, mientras para la población afectada las violaciones más graves a los derechos humanos son, en su orden, los ataques a la población civil, el desplazamiento forzado y el secuestro, para los ciudadanos del común lo más grave es el secuestro, la violencia sexual y el ataque a la población civil. Para este último grupo, el desplazamiento no alcanza a estar en los primeros lugares de importancia.
“Encontramos también datos importantes sobre los sentimientos hacia las víctimas. Para la población en general, las víctimas producen tristeza en un 49 por ciento; lástima o pesar, en un 30 por ciento. Encontramos que el 29 por ciento siente solidaridad, pero ninguna de las respuestas muestra una actividad contundente frente a las víctimas”, explicó Paula Gaviria, directora de Incidencia en Política Pública de la Fundación Social, quien encabezó la investigación y la presentó en el seminario internacional Recordar y reparar, organizado por el ICTJ el 18 y 19 de agosto en Bogotá.
La mitad quiere conocer a su agresor
De los afectados por la violencia, el 51 por ciento dice que no ha denunciado, y no conoce las razones por las cuales se cometió la agresión y tampoco la identidad de la persona que los agredió. Dos tercios de ellos no ha pedido nunca una reparación.
Sobre el derecho a la verdad, un 46 por ciento quiere saber quién fue su agresor y los motivos del crimen, pero un porcentaje similar (45) dice que no quiere saberlo. En ese mismo ámbito resalta que casi la mitad (48 por ciento) no quiere que la verdad se sepa públicamente, bien sea por el riesgo que implicaría para su seguridad, porque consideran difícil afrontar los hechos del pasado o porque creen que eso no servirá para lograr una reparación por los daños.
Frente a la expectativa de que el conflicto termine, se logre procesar a los responsables y haya reconciliación, entre la gente de las zonas rurales prima la desesperanza. El 70 por ciento cree que el conflicto no va a terminar antes de 10 años o nunca va a terminar, y un 61 por ciento de la población afectada dice que no se está adelantando ninguna investigación por los hechos de los que fue víctima. Al menos la mitad dice no estar dispuesta a reconciliarse con su agresor.
“Este tipo de discusiones son las que deberían estar en el centro del debate, y éste debería ser el debate público que enfrenten los candidatos a las próximas elecciones en el país. Además, estos resultados no deberían dejar de aterrarnos”, agregó Paula Gaviria.
¿De dónde salió la información?
La encuesta abordó cuatro temas: cuántas personas han sufrido victimización en el país y qué piensan del conflicto armado, cuál es la percepción general sobre la desmovilización de actores armados, qué tan posible ve la gente la reconciliación y qué avances y dificultades encuentran las víctimas para hacer valer sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Este trabajo incluyó estudios de investigación de campo con más de 56 organizaciones sociales. Además, se encuestaron 2.000 hogares rurales a nivel nacional y se agregó una muestra de 400 hogares de los Montes de María, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.
¿Por qué hacer énfasis en esas cinco regiones? De acuerdo con los investigadores de Fundación Social, la idea del trabajo era incluir una región con oferta institucional amplia en temas de justicia y paz (Oriente antioqueño), una con oferta institucional amplia, pero no precisamente en temas de justicia y paz (Valle), una que haya tenido intervención importante de cooperación internacional y organizaciones de derechos humanos (Montes de María) y una última en la que haya muy pocas instituciones de justicia y paz (Meta).
La encuesta fue el primer resultado que se mostró en el seminario Recordar y reparar, que sirvió de cierre al proyecto Apoyo a sociedad civil y víctimas para la elaboración de políticas de justicia transicional, financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Fundación Social, Dejusticia y la Corporación Nuevo Arco Iris.
Leer el libro 'Los retos de la justicia transicional en Colombia: percepciones, opiniones y experiencias 2008' [PDF - 1.1Mb]
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