La Comisión
Colombiana de Juristas rechazó las denuncias del senador Manuel Virgüez, quien
dijo en el Congreso que un exfuncionario del Gobierno estaría usando
información privilegiada para demandar al Estado.
Revista Semana, Lunes 5
Septiembre 2011
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| Foto de Guillermo Torres. Revista Semana |
El nombre
del abogado Camilo Mejía se hizo célebre la semana pasada en el Congreso. El
senador Manuel Virgüez (Mira) denunció que el jurista, tras haber trabajado con
el Gobierno en la defensa jurídica de la Nación en estrados internacionales,
ahora se dedica a demandar al Estado en la Comisión Colombiana de Juristas
(CCJ) e insinuó que en su nueva labor “estaría utilizando información privilegiada”
que conoció en su época como funcionario.
Virgüez,
quien adelantado una investigación para demostrar que la defensa jurídica del
Gobierno es “paupérrima”, mencionó el caso de Camilo Mejía además para
demostrar la controvertida tesis sobre la existencia de una “puerta giratoria”
o incluso de un “cartel” dedicado a demandar al Estado.
Las afirmaciones del senador del Mira fueron
rechazadas por la Comisión Colombiana de Juristas, lugar donde trabaja el
abogado Mejía, quien presentó varias demandas contra el Estado por violación de
derechos humanos.
El director
de la CCJ, Gustavo Gallón, dialogó con Semana.com y controvirtió las denuncias
que contra un miembro de su organización se hicieron en el Congreso de la
República.
Semana.com:
El senador Manuel Virgüez dice que uno de los abogados de la CCJ, exfuncionario
del Gobierno, estaría utilizando información privilegiada para demandar al
Estado. ¿Cómo recibe esa denuncia?
Gustavo
Gallón: Lo insinúa un senador en forma temeraria. El doctor Camilo Mejía es
coordinador de litigio internacional y trabajó con el Gobierno, pero en la CCJ
tenemos muy claras nuestras obligaciones éticas y los deberes legales en el
ejercicio de la profesión de abogado que establece el código disciplinario, por
consiguiente, desde su vinculación con la Comisión acordamos con el doctor
Mejía que no tendría ninguna intervención en los casos que conoció como
funcionario del Gobierno. Eso se ha cumplido escrupulosamente.
Semana.com: ¿Cuáles son los casos en los que
Mejía se apartó por su anterior trabajo en el Gobierno?
Gustavo
Gallón: Son dos casos que se refieren a sentencias dictadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que se encuentran en la etapa de
cumplimiento: la masacre de Pueblo Bello y el caso de los 19 comerciantes. El
Gobierno no ha cumplido plenamente esas sentencias, faltan varias órdenes.
Semana.com: ¿Cómo se vinculó Camilo Mejía a
la CCJ?
Gustavo
Gallón: Él entró en la Comisión para un cargo que no era litigioso. Lo hizo
como investigador. Luego se fue a adelantar un posgrado en Estados Unidos, allí
pasó a trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en julio
pasado se vinculó a la Comisión.
Semana.com: ¿Considera ético que un
exfuncionario del Gobierno se ocupe de demandas contra la Nación?
Gustavo
Gallón: Desde cuando él se vinculó, manifestó que tenía impedimento para actuar
en unos casos que había conocido, tal como corresponde de acuerdo con las
obligaciones legales y éticas de la profesión. Desde su inicio convenimos que
se abstendría de participar en determinados casos. Somos respetuosos de esos
principios, no hace falta hacer trampa para que el Estado colombiano sea
condenado por gravísimas violaciones a los derechos humanos como ha comprobado
la Corte Interamericana, que ha proferido once sentencias contra la Nación.
Semana.com:
¿Pero el hecho de que Mejía haya conocido la estrategia de defensa de la Nación
no lo considera una estrategia a favor para ganar las demandas impuestas contra
el Estado?
Gustavo Gallón: La estrategia de defensa del
Estado no es un misterio porque se conoce en cada caso y nosotros, como
actores, estudiamos y trabajamos al respecto. Pero además la estrategia del
Gobierno no es una sola, ni única ni inmodificable, porque depende mucho de
quién represente al Estado en cada caso y el Gobierno ha contratado a distintos
abogados de renombre en diversos casos, en cada uno de ellos desarrollan una
estrategia de defensa diferencial. No hay, en ese sentido, nada especial que
alguien que haya trabajado con el Gobierno hace cinco años hoy nos pueda
aportar en ese tema.
Semana.com: Virgüez asegura lo contrario y
considera que esa puerta giratoria es inconveniente para el Estado ante
posibles condenas...
Gustavo Gallón: El senador, en vez de
señalarnos como enemigos, debería por el contrario reconocer la importancia de
las decisiones de la Corte en relación con casos aberrantes en los que Colombia
ya fue condenada. Así que la culpa de que el gobierno colombiano sea condenado
internacionalmente no se debe a los defensores sino a los violadores de
derechos humanos. En consecuencia el senador Virgüez, como servidor público,
debería dedicar sus esfuerzos a actuar contra estos últimos si realmente
pretende, como lo deseamos todos los colombianos, ahorrarle dineros al Estado y
contribuir a la construcción de una sociedad civilizada donde se respete la
vida y la dignidad de las personas.
Semana.com: El senador Virgüez también
insinúa la existencia de un cartel para demandar al Estado. ¿Qué le responde?
Gustavo Gallón: El calificativo que nos da de
ser un cartel es absolutamente inaceptable puesto que no somos una organización
criminal. Lejos de ello. Somos una organización con estatus consultivo ante
Naciones Unidas y la OEA. Eso quiere decir que nos hacen una inspección
permanente de nuestra actividad y estas contrastan notoriamente con la opinión
de una persona que ni siquiera se ha tomado el trabajo de acercarse a
preguntarnos directamente en qué consiste lo que hacemos. El senador y la opinión
pública deben tener en cuenta que hemos sido objeto de una intensa persecución
ilegal por parte del DAS durante los años anteriores cuyo resultado es que
nuestras actividades son totalmente legítimas y apegadas a la ley.
Semana.com:
Ha calificado de temerarias las afirmaciones de Virgüez. ¿La Comisión estudia
interponer alguna demanda contra el senador?
Gustavo
Gallón: El senador tiene inmunidad y está abusando de ella. Lo correcto es que
si tiene información, presente una prueba. Es posible que le pidamos
formalmente que nos indique cualquier fundamento que tenga para hacer sus
afirmaciones, y en caso de que no tenga ese fundamento, le pediremos que
rectifique como corresponde a una persona responsable.
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