LA LEY DE VÍCTIMAS DE COLOMBIA, UN PASO IMPORTANTE, PERO QUEDAN CUESTIONES PENDIENTES
6 junio 2011
La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de Colombia es un importante paso adelante para muchas de las víctimas del largo conflicto armado, pero no garantiza a muchas otras verdadera justicia y reparación, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Uno de los puntos cruciales de la Ley, que aún debe ser sancionada con la firma del presidente Juan Manuel Santos, es que reconoce la existencia de un conflicto armado, negado por el anterior gobierno colombiano.
Esto permitirá que se dé reparación plena a algunas de las personas supervivientes de los abusos contra los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado y que se devuelvan millones de hectáreas de tierras robadas, sobre todo por los grupos paramilitares y en ocasiones con la connivencia de las fuerzas de seguridad.
“Es muy importante que la Ley reconozca que los derechos de las víctimas del conflicto deben ser respetados, pero a muchas se les negará su derecho a una reparación plena”, ha dicho Marcelo Pollack, investigador de Colombia de Amnistía Internacional.
Sólo recibirán reparación económica las personas que sufrieron abusos después de 1985, y sólo podrá reclamarse la restitución de las tierras robadas después de 1991. La Ley excluye también a muchas víctimas recientes de los grupos paramilitares, pues las autoridades afirman que tales grupos se desmovilizaron en un proceso auspiciado por el gobierno que comenzó en 2003.
“El hecho de que no se reconozca que los grupos paramilitares siguen amenazando, obligando a desplazarse o matando a miles de personas –defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas y líderes comunitarios–, en ocasiones en connivencia con las fuerzas de seguridad, es motivo de grave preocupación”, ha dicho Marcelo Pollack.
También preocupa que la Ley no incluya medidas eficaces que garanticen la seguridad de las personas que regresan a sus tierras, y que algunas de estas personas puedan verse obligadas a trabajar junto a quienes primero las desplazaron, a menudo con violencia, o a cederles el control real de sus tierras.
Dadas las gravosas exigencias que plantea la Ley a quienes solicitan la restitución de tierras, es posible que a muchas víctimas les resulte difícil demostrar que son sus propietarios.
“Las autoridades de Colombia deben garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias, así como las organizaciones de derechos humanos que las representan, son plenamente consultadas sobre la mejor forma de aplicar eficazmente esta ley”, ha afirmado Marcelo Pollack.
Se está elaborando una legislación paralela que aborda la restitución y las reparaciones a víctimas indígenas y afrodescendientes y a sus comunidades, aspectos que la Ley de Víctimas no cubre. Es fundamental que se consiga la plena participación y consulta de estas dos comunidades en la redacción y aplicación de cualquier futura legislación.
La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras fue aprobada por el Congreso durante un periodo en el que aumentaron los homicidios de dirigentes de comunidades desplazadas y personas que trataban de conseguir la restitución de las tierras robadas y se incrementaron las amenazas contra ellos. Algunas de las personas que participaron en investigaciones penales relacionadas con temas de derechos humanos, como víctimas, testigos, abogados, fiscales y jueces, también continúan recibiendo amenazas y siendo asesinadas.
“Cualquier iniciativa para reparar los errores del pasado y del presente debe, por tanto, incluir medidas eficaces para terminar con los abusos contra los derechos humanos que han caracterizado los 45 años de conflicto y con la impunidad que durante tanto tiempo ha protegido a los perpetradores”, ha dicho Marcelo Pollack.
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