Martes 20 Diciembre 2011
EFE
El presidente Juan Manuel Santos durante la firma de cinco decretos que reglamentan la Ley de Víctimas.Con la firma de los cinco decretos que reglamentan la Ley de Víctimas, el país conocerá, desde el primero de enero, el verdadero efecto que tenga la legislación más ambiciosa por parte del gobierno de Juan Manuel Santos.
En los espacios que había entre silla y silla en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, un comentario se repetía. “Ahora sí llegó el momento de la verdad”. Los murmullos previos a la reglamentación a las medidas de asistencia y reparación a las víctimas venían de rostros expectantes y atentos. No es para menos. Desde el primero de enero del 2012 entrará en vigor la ley que busca reparar a más de cuatro millones de personas que han sido desplazadas y devolverles dos millones de hectáreas.
Para el director del Centro de Memoria Histórica, Camilo González Posso, uno de los pilares de la efectividad que pueda tener la ley es el consenso que ha existido entre todos los implicados.
Desde cuando se inició la elaboración del decreto, el Gobierno contó con la participación de las víctimas y dialogó con 600 representantes a través de talleres regionales. “Fueron casi 8.000 aportes que analizamos y que nos permitieron ajustar esta normatividad a las necesidades de las víctimas”, aseguró el presidente Juan Manuel Santos este martes.
Según María Camila Moreno, analista de Razón Pública y miembro del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia (ICTJ), la inclusión de todos los sectores debe servir también para dignificar a las víctimas y reintegrarlas a la comunidad en condiciones plenas de igualdad. Es un reconocimiento que permite a los damnificados hacer entender que el dinero no es lo más importante y que tiene un sentido simbólico.
La indemnización económica para las víctimas, anunciada por el Gobierno oscilará entre 17 y 40 salarios mínimos, es decir, de nueve a 21 millones de pesos. Durante su discurso, Santos matizó que esos montos “se entregarán preferentemente a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo. Es decir, vamos a incentivar a quienes decidan invertir en su futuro”.
Para ese propósito el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), aprobó a principios de diciembre 6,1 billones de pesos, destinados a atención y reparación a víctimas.
Las herramientas de las víctimas
Durante su discurso, Santos también anunció que para garantizar la restitución de tierras entrarán en funcionamiento 13 oficinas encargadas de atender a las víctimas y que se destinarán 22 jueces que fallarán cada caso en un tiempo máximo de cuatro meses.
Desde el Gobierno se prevé que para el próximo año haya un total de 13.000 procesos, de los cuales solo una quinta parte, aproximadamente, se podrá adelantar en el 2012, cifra que se aumentará en los siguientes años. Por ese motivo, Santos pidió paciencia a las víctimas porque no es posible “restaurar a todos de la noche a la mañana”.
Sin embargo, para María Camila Moreno existen otras dificultades en las condiciones para dar atención a los damnificados. La experta explicó que no es fácil incluir a todos los afectados en el sistema de registro y controlar los costos de atenderlas a todas. “Este hecho conduce a decisiones arbitrarias de exclusión del registro o a exigencias de requisitos excesivos a las víctimas”.
Otro inconveniente que fue señalado por el presidente Santos es cómo evitar la presencia de ‘falsos positivos’, es decir, personas que se hagan pasar por víctimas sin haberlo sido. El mandatario afirmó que las falsas víctimas que sean identificadas podrán afrontar penas de hasta 10 años de cárcel. Para procurar evitar este fenómeno, el Gobierno creará el registro único de víctimas.
Según Moreno, el registro se convertirá en el principal instrumento para determinar y caracterizar el universo de personas a atender y reparar, así como la puerta de entrada de las víctimas al sistema. “De allí su importancia y centralidad para que la ley pueda producir sus frutos”.
El acto, al que asistieron varias personalidades nacionales e internacionales, como el juez español Baltasar Garzón, terminó con una anécdota contada por el presidente. “Un jefe wayu me dijo que esta política no podrá devolver el canto de los pájaros ni la sombra de los árboles. Yo le respondo: no se pueden borrar las huellas de las heridas, pero sí cicatrizarlas”. A partir del próximo año Colombia será testigo si en efecto estas heridas podrán ser cicatrizadas.
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