Ley de Víctimas que pasa a último debate: un punto medio entre Uribe y los liberales

Después de días y horas de debate, finalmente se aprobó el proyecto de Ley de Víctimas en la Comisión Primera del Senado con puntos muy importantes: se dejó 1985 como fecha de corte para reparar materialmente a las víctimas, con lo cual la mayoría de las víctimas de la Unión Patriótica y de los paramilitares quedaron incluídas y se dejó 1991 como fecha de corte para restituirles las tierras; a las demás víctimas se les reconocerá una reparación simbólica; se eliminó el derecho de superficie; y se mantuvo la no discriminación entre víctimas. Pero a medida que se acerca al último debate para convertirse en ley, las movidas del expresidente Uribe para evitar que la ley salga como lo plantearon inicialmente los ponentes liberales se acentúan.

Al final, el proyecto que salió de la Comisión encontró una fórmula intermedia que rescata el derecho de las víctimas a ser reparadas por igual y que a la vez calma los temores de los uribistas. Estas fueron las transacciones:


La entidad que atenderá las víctimas

Los uribistas, en cabeza del senador Roy Barreras, que fue un senador clave para que el proyecto saliera adelante, defendieron a capa y espada que la reparación a las víctimas siguiera en cabeza de Acción Social, porque ya tiene conocimiento y experiencia en este tema. Y, aunque no lo dijeron, es un bastión uribista en lo simbólico (dado que manejaba todos los programas sociales de Uribe, incluyendo Familias en Acción) y en lo burocrático.

Los liberales que lideraron la ley proponían que hubiera una nueva entidad del Estado dedicada exclusivamente a manejar el tema de víctimas, que dependiera directamente del Presidente de la República, y que comenzara con las víctimas una relación totalmente nueva.

Acción Social se convierte –aunque seguramente con otro nombre– en un Departamento Administrativo de la Presidencia a cargo de los programas sociales, con lo cual los uribistas conservan su bastión. Pero se crea una nueva Unidad Administrativa Especial de Reparación, adscrita a esta entidad, pero independiente, para que se encargue de toda la ejecución de la reparación a las víctimas, satisfaciendo el interés de los liberales en tener una entidad dedicada exclusivamente a la reparación.

La reparación administrativa vs. la judicial

El Partido de la U ha manifestado desde el principio su preocupación por el costo fiscal de esta ley. Y Uribe siempre defendió que la víctima que fuera reparada por la vía administrativa debería renunciar a demandar luego una reparación ante un juez.

Los liberales no querían imponerle ninguna restricción a las víctimas porque consideraban que aún si recibían una reparación administrativa no debían perder su derecho a acudir a los tribunales y obtener una reparación judicial.

Se llegó a una fórmula intermedia –defendida por el Presidente Santos con base en el modelo turco– según la cual las víctimas pueden escoger entre dos caminos: recibir su indemnización administrativa que será equivalente hasta 20 millones de pesos y conservar su derecho de acudir a la reparación judicial; o, recibir una indemnización mayor (se habló de tres veces la indemnización pero no se llegó a una cifra) y a cambio firmar con el Estado un ‘contrato de transacción’ en el que renucian a demandar otra reparación del Estado por la vía judicial.

Víctimas del Estado

Uno de los caballitos de batalla del ex presidente Uribe ha sido el que las víctimas de agentes del Estado, como militares y policías, no pueden asimilarse a las víctimas de la guerrilla y los paramilitares. Ha sido un punto de honor que los senadores uribistas han tratado de defender hasta el último momento porque consideran que dado que hay muchas ‘falsas denuncias’ contra los agentes del Estado, primero deberían ser condenados en un juicio penal y luego sí reparar a sus víctimas.

Juan Manuel Santos se comprometió desde que presentó la ley a no discriminar entre víctimas, independientemente del victimario. Es una posición que ha sido defendida vehementemente por los liberales y los del Polo y que además va en la línea de la doctrina internacional de derechos humanos.
Se creó un mecanismo para que en casos excepcionales, cuando la Procuraduría, la Defensoría o el Ministerio de Defensa tengan dudas sobre la calidad de víctima de una persona que esté pidiendo la reparación, puedan pedir la revisión del caso ante el Comité Ejecutivo de la Reparación. Este comité estará integrado por el Presidente de la República, los Ministros de Hacienda y del Interior, el director de Planeación, el director de la entidad que reemplaza a Acción Social y el director de la Unidad Especial de Reparación o sus delegados. Esto, en teoría, permitiría que si el Ministerio de Defensa ve que una ‘falsa’ víctima está alegando haber sido agredida por un miembro de la Fuerza Pública, pueda pedir la revisión del caso.

La obligación de reparar de terceros y las competencias judiciales

Los uribistas siempre defendieron el argumento de que los grupos armados ilegales eran quienes tenían la obligación de reparar a sus víctimas, y que el Estado lo haría de manera subsidiaria y no porque tuviera una responsabilidad sino por solidaridad. También defendieron la idea de que hubiera una doble instancia para los casos de restitución de tierras con el fin de que los poseedores de buena fe tuvieran otra posibilidad de defender sus derechos.

Inicialmente, los liberales propusieron que, si dentro del proceso de Justicia y Paz contra un victimario salía evidencia de que una empresa privada había financiado a un grupo paramilitar o a la guerrilla, se debía abrir un incidente dentro de ese proceso para obligar a la empresa a pagar a la víctima como reparación lo mismo que había pagado al grupo ilegal. Y frente a la doble instancia, alegaron que ese sería la vía más rápida para hacer inocua la restitución de tierras puesto que un tribunal se tomaría años en decidir.

En el proyecto se decidió dejar que las empresas y funcionarios públicos que financiaron grupos ilegales deben reparar a sus víctimas. Pero no dentro del mismo proceso de reparación, sino como un incidente de la justicia ordinaria aunque sin exigir que se individualicen las víctimas, sino que se beneficiarían todas las víctimas del bloque que financiaron.

Y frente a la doble instancia, lo que se acordó es que los casos de restitución serán tramitados por jueces de circuito designados por el Consejo Superior de la Judicatura para que se encarguen exclusivamente de la investigación, pidan pruebas, etc. Y la decisión será tomada por tribunales superiores. Y habrá, en todo caso, un recurso extraordinario de revisión. En conclusión: habrá una sola instancia, pero con dos filtros.

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