Para Jaime Giraldo, vocero de los afectados por el conflicto en Cesar, la Ley de Víctimas es una enorme oportunidad para la reparación de los daños causados por los violentos a unas 24 mil personas en el Departamento.
“El sufrimiento no solo es de quienes les sacrificaron familiares, sino también de los que lo perdimos todo”, sostuvo, con la esperanza de que haya una reparación integral, acompañada de proyectos productivos a corto y largo plazo, seguridad, vivienda y alimentación.
Dijo que en el caso de La Jagua de Ibirico, de donde es vocero, muchas familias han retornado a sus tierras voluntariamente, sin ningún tipo de apoyo estatal y que por su cuenta están tratando de rehacer sus vidas, después de haberse desplazado en la geografía regional a causa de los grupos armados ilegales.
El coordinador de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, CNRR, Antonio Calvo, precisó que con la aprobación de la Ley de Víctimas se diseñará un camino expedito para la restitución de tierras en el Cesar, teniendo en cuenta que miles de afectados podrán acceder a la justicia de transición en lo civil y lo administrativo.
Manifestó que en este territorio, las víctimas a las que despojaron de sus tierras, a pesar de que existen son prácticamente invisibles, debido a que hay una enorme minoría que deberá crecer a medida que se atrevan a denunciar sus casos.
Pocas esperanzas. En Sucre piensan lo contrario. Voceros de dos organizaciones que representan a las víctimas del conflicto en el Departamento, dijeron que es poco lo que esperan de la ley que aprobó el Congreso de la República.
Para la presidenta del Movimiento Nacional de Victimas en Sucre, Ingrid Vergara Chávez, la ley fue concebida con la idea que en Colombia se acabó el conflicto armado, “cuando en realidad continúa con los mismos actores que proceden con otros nombres, pero igual siguen asesinando a dirigentes campesinos, sindicalistas, estudiantes y de otros sectores populares”.
Por esa razón, la líder de las víctimas creen que no es mucho lo que puede remediar la norma, excepto algunas reparaciones económicas, pero sin verdad y sin justicia que es lo más importante.
En su concepto, la ley es poco lo que habla de la restitución de tierra, un tema que —según Vergara Chavéz— es muy importante para lograr un equilibrio social. Sin embargo aplaudió que se haya logrado incluir a todas las víctimas del conflicto desde 1985.
Las cifras de las víctimas
De las más de 65 mil víctimas que se cuentan en la Región Caribe, 24 mil se concentran en el departamento del Cesar, 20 mil en Sucre, 6 mil en el Magdalena, más de 5 mil en Córdoba y 9 mil en Bolívar. En este último departamento, se sumarán unas 4 mil víctimas de la masacre de El Salado.
En Sucre, según la información de las autoridades, el bloque Héroes de Los Montes de María de las AUC dejaron 9.600 víctimas con su accionar, mientras que el frente Mojana, de la misma organización armada, produjo 4.491. El resto de víctimas fue producto del accionar de los frentes 35 y 37 de las Farc. Las AUC cometieron 52 masacres en la zona.
Despojo de tierras
En el Cesar el despojo de tierras a las víctimas se formalizó en las notarías, de tal manera que los propietarios fueron obligados a salir de sus predios por los paramilitares y legalizar su traslado a terceros.
“El despojo fue muy bien elaborado, no tiene fisuras y es difícil encontrar huellas, porque quienes aparecen como dueños tienen los documentos en regla”, precisó Antonio Calvo, coordinador de la CNRR en Cesar.
Señaló que este es uno de los pocos departamentos donde hubo atentado contra un notario porque se negó a ser cómplice de las autodefensas. Se trata de Héctor Miranda, notario de Pailitas, quien fue asesinado porque no se prestó para legalizar propiedades que les habían quitado a los campesinos.
Por Miguel Barrios y Jaime Vides. El Heraldo
http://www.elheraldo.co/region/65-mil-victimas-esperan-una-reparacion-integral-16910
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