Ley de Víctimas debe reintegrar patrimonio perdido: Madariaga

Al vocero de la Mesa Nacional de Víctimas le preocupa que titulares de tierras tengan que permitir su explotación por parte de terceros.

Por Luis Augusto Aponte Tinoco
Periodista de EL NUEVO SIGLO

LA RESTITUCIÓN de tierras que les han sido despojadas a campesinos, debe incluir el reintegro de todo el patrimonio perdido y no sólo el título como tal, propone el vocero de la Mesa Nacional de Víctimas, Antonio Madariaga. En diálogo con EL NUEVO SIGLO, Madariaga también habló de otros temas incluidos en el proyecto de reparación a víctimas.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve la Mesa Nacional de Víctimas el texto del proyecto que busca reparar a los afectados por la violencia?
ANTONIO MADARIAGA: La Mesa Nacional de Víctimas ha dicho que celebra que el tema de víctimas y el de tierras tenga un lugar tan importante como el que tiene en la agenda legislativa del presente Gobierno. Sin embargo, hay algunos asuntos dentro del proyecto de ley que representan avances, pero también hay un conjunto de preocupaciones.


ENS: ¿Cuál debe ser la fecha precisa desde la que debe tener vigencia esta iniciativa?
AM: El tema de la fecha va en dos direcciones. En primer lugar, en que efectivamente se recoja el momento del inicio de la agresión a las organizaciones políticas como la Unión Patriótica. Para tal efecto nosotros creemos que una fecha adecuada debe ser 1980, y nos preocupa que en la ponencia, que actualmente está discutiéndose, aparece como fecha de inicio de la restitución (sic.) 1991, lo cual crea una discriminación inaceptable.

ENS: ¿Qué opina frente al capítulo de restitución de tierras?
AM: Ahí encontramos que en general es básicamente restitución de títulos, porque no contempla el conjunto del patrimonio. Es decir, las personas no sólo tenían una superficie de tierra, sino que tenían animales domésticos, como el ganado vacuno, cultivos, maquinaria, y ninguno de esos bienes están contemplados en la ley, porque ésta solo contempla el título de la tierra. Entonces, insistimos que si se quiere cumplir con los estándares internacionales, también tiene que haber reintegro del patrimonio perdido. En esa misma dirección, nos preocupa muchísimo que se haya introducido una cláusula que permitiría que supuestos terceros de buena fe puedan seguir explotando los predios que fueron despojados o abandonados, y que el legítimo titular que fue desplazado, tenga que obligatoriamente arreglar esas tierras para que las usufructúen por el hecho de que tengan allí establecido algún tipo de explotación.

ENS: ¿Es pertinente que la agencia Acción Social sea la responsable de atender a las víctimas de la violencia?

AM: La Corte Constitucional ha demostrado en el seguimiento a la sentencia T-025, donde se declara el estado inconstitucional de cosas en cuanto a la atención de la población víctima del desplazamiento forzado, la ineficacia e inoperancia para atender esta población. Entonces, creemos que dejárselo a Acción Social, o repetir las fallas de esta entidad, condena al fracaso la aplicación de la ley.

ENS: ¿Qué opinión le merece la proposición de un acuerdo donde las víctimas se deban comprometer a no demandar el Estado después de ser reparadas?

AM: Nos preocupa la insistencia del senador Roy Barreras de lo que el llama el acuerdo de transacción, por el cual, si una persona recurre a la indemnización por vía administrativa, tiene que renunciar obligatoriamente a la indemnización por vía judicial. Eso, además de ser abiertamente inconstitucional e ir en contra de los estándares internacionales, significa una burla a las víctimas decirles que si recurren a la vía administrativa, que es una vía expedita y rápida, tienen que renunciar a sus derechos. De otro lado, nos preocupa todo el tema de la consulta previa, pues la ley no procedió a realizar estos procesos con la comunidad afro e indígena, y eso claramente podría generar un vicio de inconstitucionalidad. La fórmula por la que se optó, que es la del artículo transitorio, que le otorga facultades extraordinarias al Presidente para que por vía de decretos establezca un protocolo y desarrolle la consulta previa, es insuficiente.

Viernes, 18 de Marzo de 2011 00:00

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