domingo, 24 de octubre de 2010

Región Suroccidente: Popayán, 22 y 23 de octubre

Este taller contó con 200 asistentes de los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo.

Este espacio tuvo un panel sobre el seguimiento a los Autos de la Corte sobre el desplazamiento forzado, donde gran parte de sus asistentes eran organizaciones de víctimas y víctimas de la región suroccidente.

En él Gabriel Bustamante, abogado de la Corporación Viva la Ciudadanía, inició haciendo un contexto de las sentencias de la Corte Constitucional y resaltando el trabajo que este órgano ha tenido frente a la reivindicación de los derechos de las víctimas.

Posteriormente, la Magistrada de la Corte Constitucional, Lucía García Delgado, indicó cómo gracias a los Autos de la Corte se ha podido defender los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y de las mujeres, pero plantea que la Corte reconoce que hay que seguir trabajando ya que continua el estado de cosas inconstitucionales.

Liliana Silva, representante de la Casa de la Mujer, resaltó la importancia que ha tenido el movimiento de mujeres desplazadas a partir de las sentencias de la Corte, pero hizo énfasis en que el actuar del Gobierno en la defensa de sus derechos ha sido precario, por lo cual planteó que este proceso debe ser parte de los planes de desarrollo.

El Consejero Marcos Cuetia, del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, manifestó la dificultad que vive la población del Cauca al encontrarse en un fuego cruzado entre guerrilleros, grupos paramilitares y Fuerza Pública e indicó que están a la expectativa de lo que suceda con los comunidades indígenas frente al proceso que lleva el proyecto de ley acumulado.

El Presidente de CODHES, Marco Andrés Romero indicó la necesidad de que la sociedad civil sea veedora del proceso que sigue el proyecto de ley para reparar a las víctimas del conflicto armado, ya que existen diversos intereses entre quienes hacen parte del cuerpo legislativo.

Gilberto Muñoz Coronado, Alcalde de Corinto, municipio del Cauca, señaló que el problema de los municipios de este departamento es que no cuentan con presupuestos propios para trabajar con los desplazados y esto hace que la atención a ellos no sea la adecuada. Por lo cual hizo un llamado a que se haga una descentralización de los recursos.

En el segundo día de trabajo, los participantes se organizaron por grupos para revisar los contenidos del Proyecto de Ley de Víctimas, en temas como los principios, la institucionalidad, ayuda humanitaria, reparación, restitución, participación de las víctimas, memoria y verdad.

Finalmente se propuso una agenda en el marco del contexto del trámite que tendrá el proyecto de ley y la elección popular de alcaldes del próximo año; para esta se propuso reuniones con parlamentarios de la región para presentar las propuesta de las victimas y la conformación de comités  de impulso que permita dicho proceso.

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