viernes, 22 de octubre de 2010

Habrá Comisión de la Verdad sobre la violencia, según ponentes de la ley de víctimas

Una Comisión de la Verdad, de la que podría formar parte un miembro de los medios de comunicación, estaría encargada de recopilar todas las historias de la violencia de Colombia en los últimos 20 años, según el acuerdo alcanzado este viernes por la comisión de ponentes del proyecto de ley de víctimas.

La Comisión, que tendría un plazo de tres años para entregar su informe sobre la verdad de lo ocurrido con el horror en Colombia, estaría conformada por cinco miembros, de los cuales dos serían designados por la Corte Constitucional y los restantes por el gobierno nacional, dijo el coordinador del Partido Liberal, Guillermo Rivera.

El vicepresidente de la Cámara, Germán Navas Talero, quien entró a la nómina de ponentes a nombre del Polo Democrático, propuso que entre los miembros de la comisión figure un representante de los medios de comunicación.

Artículo de Caracol Radio.com

"Los medios no solo son los principales representantes de la sociedad civil. También han sido víctimas del conflicto armado pero además gracias a ellos conocemos muchos de los hechos de violencia", afirmó Navas.

La ponencia de la ley de víctimas, que no alcanzará a presentarse el próximo lunes, como estaba previsto, porque hay algunos puntos por definir, será unificada, pero en los puntos en que haya divergencias los ponentes harán una especie de "salvamento de voto" y llevarán el caso en proposición aparte en el primer debate de la iniciativa en la Cámara.

La reunión de ponentes logró un acuerdo adicional para considerar como víctimas a los menores de edad que fueron reclutados forzosamente para la guerra por los grupos armados ilegales. El representante conservador Oscar Fernando Bravo dijo que se pusieron de acuerdo en que serán "considerados como víctimas los miembros de grupos ilegales que siendo menores han sido reclutados forzosamente".

Miguel Samper, director de Justicia Transicional del ministerio del Interior, dijo al respecto que "por el hecho del reclutamiento forzado se reconocen como víctimas, aunque no se fijó una temporalidad porque viene dada por la relación de filiacion directa que debe haber con la victima que sufre menoscabo de sus derechos".

Problema de impuestos de predios

El representante Efraín Torres, coordinador del proyecto a nombre del Partido de la U, planteó otra inquitud dentro de la ley: los predios que se entreguen en restitución por el despojo, deben ser saneados en cuanto a deudas e impuestos.

Sostuvo que el problema origina algunas dudas, por cuanto se le pueden entregar al campesino unos predios que fueron suyos, se los despojaron y los delincuentes jamás pagaron impuestos. Y en este momento pueden estar debiendo hasta 200 millones de pesos y el predio está a tres millones por hectárea.

Torres señaló que se debe buscar una salida al tema, por tratarse de impuestos municipales, pero cree que en este caso se podría ordenar una condonación de las deudas.

Puntos divergentes

En la práctica los ponentes tienen dos puntos divergentes, reconoció el representante el ministerio del Interior, Miguel Samper. "El principal el el referente a la exclusión de los miembros de grupos armados al margen de la ley. Hay quienes dicen que se deben incluir cuando han sido objeto de violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), pero buscaremos consenso el próximo lunes", dijo.

Guillermo Rivera dijo que en ese sentido "hay diferencias con el Partido Conservador, pues creemos que no se puede limitar el alcance del DIH, por ejemplo en cuanto a los familiares de las personas de los grupos ilegales o el darle plena aplicacion al DIH de los combatientes".

Pero el conservador Bravo dice que en esos casos se aplican otras normas internacionales cuando los combatientes son víctimas de violaciones al DIH y por lo tanto no serían objeto de la nueva ley.

Otro punto de divergencia entre liberales y conservadores es que estos consideran que debe haber topes establecidos para las sentencias judiciales. "Creemos que lo lógico es que las pague el victimario y solo cuando este sea insolvente, el Estado repare pero en la cuantía de las indemnizaciones administrativas, que en principio serían de 40 salarios mínimos mensuales", dijo Bravo.

Y señaló que los liberales piensan que debe dejarse abierta la posibilidad para que los jueces establezcan las indemnizaciones judiciales, pero los conservadores creen que esa posibilidad podría abrir un enorme boquete fiscal.

Uno de los temas que no se tocó en la reunión de ponentes fue el de la temporalidad, o sea el hito histórico desde el cual se alcanzaría la condición de víctima para efectos de la ley.

Navas Talero dijo que si se miran las cosas, la violencia en Colombia viene desde la época de la Colonia, y "el despojo de tierras empezó en la década del 40 del siglo pasado, y aún antes, y 'totió', como dice el pueblo, con el asesinato de Gaitán. Pero sin duda debe buscarse una acuerdo para establecer una fecha".

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