En la noche del 24 de noviembre fue asesinado en la vereda Cañito del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, Óscar Maussa, líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan). Su cuerpo fue encontrado en su finca ‘La poza del guamo’ por un trabajador. Él estaba bocabajo con las manos amarradas y, por las señales que presentaba, habría muerto por contundentes golpes que le dieron en la cabeza. Pudo haber sido con piedras.
Óscar era líder de la comunidad campesina desplazada que luchaba por la restitución de tierras usurpadas por grupos paramilitares en Urabá. “Las amenazas habían sido denunciadas. Muchas veces”, cuenta Juan Manuel Bustillo, investigador de desplazamiento forzado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quien siguió de cerca el caso de Maussa. Para Bustillo es muy preocupante la situación de los desplazados. No sólo de los que están en proceso para reclamar sus tierras, sino de quienes ya las reclamaron, y aún de aquellos que no lo han intentado.
Artículo de Semana.com
“A pesar de las advertencias no se han tomado las medidas necesarias. No existen las condiciones de protección y de seguridad para garantizar la protección de los derechos a los desplazados, que siguen siendo objeto de persecuciones por parte de los actores colombianos”, dice Bustillo.
Según él, la situación de las personas en condición de desplazamiento, de la que la Corte se ha ocupado con la sentencia T-024 de 2004 y en el auto 200 de 2007, es tan grave que, por citar algunos de los casos de los que se tuvo conocimiento, durante este año se registraron siete asesinatos a desplazados, a sus líderes, a quienes buscaban la restitución de sus tierras.
“El desmantelamiento de grupos al margen de la ley no ha sido efectivo. Un informe de Indepaz, por ejemplo, revela su persistencia. Los mismos grupos paramilitares con otros nombres” . Bustillo habla de un estudio del Instituto de Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el que alerta sobre el incremento durante el primer semestres del año de las acciones y la presencia de las bandas criminales en todo el país, y que según el mismo informe evidencia una "recomposición, reagrupamiento y crecimiento" de estos grupos armados ilegales.
Según el mismo documento, "los narcoparas han realizado actos delictivos o de violencia contra la población civil en 314 municipios de 29 departamentos, 36 municipios más que en 2009 (278), lo que refleja que no solo se mantienen operando sino que tienden a ampliarse”.
“Además de la persistencia de los grupos armados, una evidente cadena de testaferrato de todos los que están detrás de las tierras de los desplazados hace de ellos una población tan vulnerable, tan amenazada, tan desprotegida”, dice el investigador, para quien en el caso de la restitución, ésta se debe hacer “acorde con los estándares internacionales., teniendo en cuenta que se da en el marco de un conflicto armado, de un desmantelamiento de los ‘paras’ que no fue tan real como parece, y cuyas estrategias económicas ligadas a la tierra continúan”, señala el investigador de la CCJ.
La misma Comisión Colombiana de Juristas señaló en un informe de seguimiento a la situación de las víctimas de desplazamiento, que “las medidas adoptadas por el gobierno se basan en una lectura incompleta de los riesgos que afronta la población desplazada, puesto que esta considera solamente las acciones de los grupos guerrilleros, dejando por fuera las violaciones cometidas por los grupos paramilitares y la Fuerza Pública”.
Advierte además que “las acciones militares y cívico-militares desarrolladas por la Fuerza Pública que forman parte de la política de seguridad democrática no protegen los derechos humanos de la población desplazada ni de las comunidades en riesgo de desplazamiento. Por el contrario, dichas acciones buscan presionar a la población civil a involucrarse en el conflicto armado, desconociendo el principio de distinción entre civiles y combatientes y colocando en mayor riesgo a los primeros”.
El documento dice también que “existe una alta impunidad sobre el delito de desplazamiento forzado y las violaciones contra el derecho a la vida de las víctimas de dicho delito (...) La Fiscalía General de la Nación debe otorgar prioridad a las investigaciones de hechos relacionados con el delito de desplazamiento y de aquellos hechos que constituyen violaciones contra el derecho a la vida de las personas desplazadas. En tal sentido, es necesario que la Fiscalía diseñe una metodología de investigación específica para dichos delitos y asigne los recursos necesarios para su implementación”.
Sobre la situación de las mujeres líderes e integrantes de organizaciones de desplazados, que según el investigador, preocupa cómo se están convirtiendo en blanco de amenazas, la CCJ advierte que “Acción Social y las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD, deben cumplir las órdenes del auto 092 de 2007 de la Corte Constitucional, en particular mediante la implementación de los programas de Prevención del impacto de género desproporcionado del desplazamiento; de Promoción de la participación de la mujer desplazada y de prevención de la violencia contra las mujeres”.
Desplazados asesinados
La muerte de varios líderes desplazados registrados durante este año dan cuenta de la difícil situación que esta población vive. Estos son solo algunos de ellos.
- Albeiro Valdés Martínez: en la mañana del martes 11 de mayo, en un paraje de la vía que conduce de Turbo a Necoclí, en Antioquia, fue hallado el cadáver de este hombre, quien era parte de la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras y bienes, ASOVIRESTIBI, como líder de las víctimas de su comunidad. Él y su familia eran legítimos propietarios de 35 hectáreas en el corregimiento El Totumo del municipio de Necoclí.
- Rogelio Martínez: en la noche del 18 de mayo, cuando se dirigía a la finca La Alemania, en la vereda las Pavas, corregimiento Plan Parejo en el municipio de San Onofre, Sucre fue asesinado por hombres encapuchados. Este hombre, que trabajó en procesos de restitución de tierras, había logrado volver a su finca en el 2007, luego de haber sido desplazado. Las amenazas a su vida había sido puestas en conocimiento de las autoridades por lo que el Comité Especial de Riesgos CRER, había ordenado un estudio de seguridad que concluyó que estaba en alto riesgo.
- Jair Murillo: el 17 de julio en el barrio Lleras de la ciudad de Buenaventura fue asesinado este líder afrocolombiano, representante legal de la Fundación Integral Pacífico Nariñense (FIPAN), organización de población afrocolombiana desplazada de Buenaventura. Días antes de su muerte estaba coordinando una marcha nacional de desplazados, que se realizaría en Bogotá.
- Hernando Pérez: fue asesinado, el 20 de septiembre, en el corregimiento el Totumo, municipio de Necoclí, Antioquia. Era dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá, y había participado horas antes de su muerte en la entrega de títulos a 34 familias víctimas del desplazamiento forzado en el primer acto de ese tipo que realizó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
- Édgar Bohórquez: fue asesinado mientras se movilizaba en una moto. Presidía la Asociación de Desplazados Unidos del Sarare, Arauca. Los hechos a mediados de septiembre. Era conocido por estar en defensa permanente de las tierras que les habían arrebatado a los campesinos de Arauca.
- Familia Salazar: en octubre, tres campesinos de una misma familia que habían recibido dos años antes, una tierra del Incoder fueron asesinados en la población de Albán, en El Cairo, Valle.
- Óscar Maussa: el 24 de de noviembre fue asesinado en la vereda Cañito del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. Óscar Maussa era líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan).
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