Por su presunta responsabilidad en un ‘falso positivo’ en Antioquia, como en Colombia se denomina a un tipo de ejecución extrajudicial, seis militares más, entre ellos uno retirado, fueron cobijados con medida de aseguramiento.
Así lo determinó un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH, que considera que los efectivos del Ejército Nacional podrían ser responsables del cargo de homicidio en persona protegida.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 20 de julio de 2003 en Campamento, Antioquia, cuando agentes de la Fuerza Pública ultimaron a Alfonso Gómez Gutiérrez y Abeladán Posada Amariles y presentaron sus cadáveres como los de guerrilleros dados de baja en combate.
Sin embargo, a juicio del Fiscal investigador, se trataba de civiles, que no mantenían vínculo real con la insurgencia.
La decisión afecta al mayor (r) de las Fuerzas Especiales Alfonso Rafael Ojeda Preciado y a los integrantes del Gaula Antioquia Jaime Roberto Hernández Rincón, teniente; Julián José Reina Melo, sargento; y los soldados profesionales John Darío Chavarría, Horacio de Jesús Gutiérrez Villa, y Joan Carlos Gelvez Albarracín.
Artículo de El Espectador.com
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