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En 1997 ocurrió una masacre cometida por paramilitares que se desplazaron como aplanadora hacia Mapiripán, Meta, y donde muchas personas perdieron la vida por causa de ese accionar.
Ocho años después, las víctimas de este atentado encontraron justicia a manos de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano, recaudando una serie de pruebas aportadas, entre otras, por el mismo Estado y también por los representantes de las víctimas.
Hasta donde sabíamos, y por el mismo impacto que la sentencia suponía, era de celebrarse que estas víctimas encontraran, por fin, un resarcimiento por actos en los que se violaron sus derechos fundamentales. La sentencia fue, a su vez, una muestra histórica y patente de la crueldad de los grupos paramilitares.
Hoy, cuatro años después de esta sentencia, se ha conocido que no todo lo que en ella se dice es verdad. Por lo menos no en relación con muchas de las víctimas presentadas, puesto que, de la mano de la Fiscalía, se ha conocido que algunas no tenían relación con la masacre. Es decir, eran víctimas falsas. Sucedió así. Unos años después de promulgado el fallo, una fiscal que indagaba en las versiones libres que rendían los paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz encontró ciertas discordancias entre el número de víctimas. Se dio a la tarea y encontró a Mariela Contreras, quien aseguró, mucho tiempo después, que ni su hijo ni su esposo murieron a manos de los paramilitares en su arremetida contra la población de Mapiripán, sino por otras circunstancias. Un familiar muerto por las balas guerrilleras —una verdadera lástima en términos de verdad procesal— y uno de sus hijos vivo, recientemente reaparecido cuando se daba por muerto.
Por ahora todo es muy confuso. Cada uno tiene una opinión. Mientras Mariela Contreras dice que fue engañada por los representantes de las víctimas (el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que está ahora en el ojo del huracán) y que cuando fue a decir la verdad le dijeron que “dejaran así”. Éstos aseguran, a su vez, que fue ella quien llegó con una versión falsa a declarar muertos que no estaban en Mapiripán. El vicepresidente pide que la Corte Interamericana sea quien reevalúe este cambio en los hechos. El procurador pide que al general Uscátegui —por cuenta de una sentencia de la Corte Suprema— se le rebaje la pena, por haber menos víctimas dentro de su caso. Carlos Vicente de Roux ha dicho que el Estado, como parte de ese proceso, debió haber descubierto esto antes, no 12 años después. Y así.
El debate de fondo, sin embargo, está en otra parte. Es obvio que ante estos nuevos hechos nos sentimos afligidos, por no decir lo menos. Y esperamos que aquellas “víctimas falsas” sean puestas a la luz, no sólo en este caso, sino en los otros muchos en los que ha habido condenas. La verdad deberá primar, porque sólo con ella se consigue una justicia real. El Gobierno tiene razón al decir que esto es una defraudación al Estado y al sistema internacional de protección de los derechos. Pero es malo, sobre todo, para las víctimas. Las seculares víctimas de la violencia que no sólo pasarán por un calvario sino, ahora, por la desconfianza. Es el peor panorama para empezar a aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Es una vergüenza con los abogados defensores que, sobre todo lidiando con los derechos de los implicados, deberían manejar una pulcritud ejemplar.
Esto no debe convertirse en una guerra de negaciones. De decir que, por ejemplo, la masacre no existió (hecho que hasta el Gobierno admite) o que la Corte Interamericana (una vía amplia y necesaria para evitar la impunidad que se da a nivel nacional) es una ruta inválida. Ni tampoco en desconfianza y doble victimización para las personas que se vieron implicadas. Es una lección de la cual aprender. De lo contrario, sólo se reforzarán los eternos círculos en los que la violencia en Colombia se despliega. Vergonzoso, sí, pero algo de ello puede extraerse para no cometer los mismos errores.
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