Por: Miller Arévalo Peña
La mesa de víctimas de Antioquia, sin quererlo, o tal vez sin proponérselo, se convirtió en el modelo a seguir para que esta Audiencia nacional tomara forma.
Todo porque la mesa de Antioquia había venido trabajando en el fortalecimiento y empoderamiento de las víctimas.
Pero vayamos por partes: Primero se formó un proceso local, sin el ánimo de que se volviera una temática nacional, aunque sí con el objetivo de organizarse a nivel local y regional.
Fue tanta y tan productiva la organización, al menos en clarificar las temáticas, que el documento final se volvió un modelo a copiar en otras regiones, con las modificaciones necesarias en cada una de las cinco divisiones que se establecieron a nivel país.
Pero primero fue el modelo. Se inició un proceso en Medellín, y por subregiones de Antioquia hicieron un trabajo de empoderamiento, de conocimiento primero de qué es la impunidad, de qué son los delitos de lesa humanidad, de qué puede entrar en esa categoría, de qué es la victimización.
El trabajo lo hicieron con la misma gente, con las mismas víctimas para que supieran un poco de sus derechos y cómo exigirlos.
Después de hacer eso en Antioquia, y de los talleres consultivos por más de seis meses, se estuvieron preparando y elaboraron un documento, el cual dieron a conocer en la Audiencia nacional.
Allí se relató cómo está cada subregión de Antioquia con relación al tema de las víctimas del conflicto armado y cómo se les ha respondido, aunque en la mayoría de los casos es indiferencia o impunidad total, según relató la mesa del departamento anfitrión.
La idea se concretó y con base en el ejemplo de la mesa de Medellín y Antioquia, el país se dividió en cinco regiones, en particular donde las redes de víctimas estás más comprometidas y organizadas… o el dolor es mayor.
Se ubicaron cinco subregiones:
Zona Norte: Bolívar, Montes de María y Sucre.
Zona Pacífica – Suroccidente: Nariño, Putumayo, Chocó, Valle y Cauca.
Zona Centro: Bogotá Centro.
Zona Nororiente: Norte de Santander, Magdalena Medio y Santander.
A Bogotá la dejaron sola en la Zona Centro, porque es el lugar hacia donde más confluyen víctimas de todo el país.
Los equipos promotores del Programa promoción de la convivencia, lo que hicieron fue replicar la guía que había hecho la mesa de Antioquia con la definición de la impunidad, y la estructura metodológica de lo que se trabajaría en la Audiencia, para que cada zona tuviera su documento.
Laboraron desde dos perspectivas: Algunos trabajaron sobre casos que están impunes, para contextualizar y ver qué de común tenían esos casos, para caracterizar el modelo de victimización en Colombia.
La otra perspectiva fue la construcción de un documento donde se señalaran los mecanismos de impunidad a nivel regional y a nivel nacional.
Fueron más de seis meses de trabajo hasta que se concretó la fecha y el lugar: Medellín 20 de agosto de 2010, Salón Imperial del Hotel Nutibara con representantes de las víctimas de todo el país.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD se puso la camiseta de la Audiencia nacional y escuchó la convocatoria que hicieron la Mesa departamental de víctimas del conflicto armado – Antioquia y la Mesa nacional de víctimas de organizaciones sociales.
El paso siguiente fue aunar esfuerzos y organizaciones, que al saber que estaba el PNUD al frente no dudaron en sumarse: Ellas fueron el IPC Instituto Popular de Capacitación, la Corporación Región, la Fundación Forjando Futuros, la Corporación Nuevo Arco Iris, MAPP-OEA y Viva la ciudadanía, entre otros, además de las Naciones Unidas con su programa para el desarrollo PNUD.
A continuación el trabajo se enfocó en llegar a todas las organizaciones de víctimas y a las víctimas de Colombia. Son muchas, inclusive pueden llenar varios estadios de fútbol, así que las más de mil personas víctimas del conflicto armado que se lograron concretar fueron apenas un retazo del tejido total nacional.
Pero no sólo era invitarlas y esperar a que llegaran, la idea evidente era que las víctimas estuvieran en la Audiencia como participantes activos, no a gritos, ni con quejas, sino con documentos concretos. Por esos cada una de las cinco regiones presentó en la audiencia su documento, con base en el modelo de la Mesa de Medellín.
Lo destacable de esta asamblea de víctimas, es que se constituyó en la primera Audiencia nacional que surgió de la sociedad civil, y no del Estado.
Las organizaciones acompañantes de víctimas, u organizaciones de víctimas llamaron a la institucionalidad, en forma organizada y con garantes a nivel internacional del PNUD como Alessandro Pretti y Fernando Travessi Sanz, y un experto en Justicia transicional, para decirle en la Audiencia: Esto es lo que está pasando con el tema de la impunidad.
De la audiencia tuvieron que salir muchas propuestas desde las organizaciones de víctimas sobre el tema de impunidad, pero lo que más surgieron fueron quejas, primero porque la institucionalidad no cumplió la cita, con las excepciones de la Personería Local de Medellín, de funcionarios de la Defensoría del Pueblo regional de Antioquia, y un funcionario de la Procuraduría.
No cumplieron la cita, o por lo menos no fue visible su presencia: La Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía de Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Constitucional, que estaban invitados y puestos en el programa de la Audiencia.
Pero es posible que se haya cumplido un objetivo, entre tantos: Que las organizaciones que hacen parte del Programa de la Red nacional de víctimas, se den cuenta de que esta Audiencia se convirtió en la oportunidad de construir, no de esperar que la institucionalidad llegue con las cosas, sino que ellas le propongan a la institucionalidad la solución a sus problemas, la solución a la impunidad, a los casos que no han podido ser resueltos.
De igual forma quedó casi la necesidad de imponer el tema de fortalecer la autoprotección, aunque los mecanismos de seguridad los debe proporcionar el Estado, pero es más importante que las víctimas sepan cómo cuidarse, que los líderes de las víctimas sepan cómo protegerse, porque ni siquiera las estrategias que brinda el Estado de protección o de autoprotección son suficientes, y la realidad lo demuestra con los muchos asesinatos de líderes que ya hacen parte de la estadística.
La situación es complicada, el contexto es muy difícil, porque ni las víctimas ni los líderes de las víctimas tienen una seguridad que les permita encontrar una posición adecuada desde la cual hacer las exigencias a que tienen por derecho.
Las personas que asistieron a la Audiencia fueron las víctimas del conflicto armado, víctimas de guerrilla, de paramilitares, del Estado.
Lo que se procuró con esta Audiencia y las que vendrán, la necesidad así lo amerita, fue universalizar el concepto de víctimas y dejar de tenerlo dividido entre las víctimas que son de un lado y víctimas que son del otro lado, cuando todas son víctimas.
Los que llegaron, más de mil personas, fueron representantes que las mismas víctimas y las mismas organizaciones de víctimas escogieron para que estuvieran en la Audiencia nacional. De Santander asistieron líderes de IMP Red de Paz y Compromiso.
* Por espacio, tiempo y la densidad del tema es necesario presentar otros capítulos de esta Audiencia, en ediciones posteriores, material que se irá trabajando y presentando a medida que esté listo. Desafortunadamente a este tema de las víctimas y su reparación no tiene un final a corto plazo.
Moderador
La audiencia estuvo moderada por Eduardo Cifuentes: Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes. Abogado egresado de la Universidad de los Andes con estudios de postgrado en el Parker School of Foreign and Comparative Law de Columbia University, EEUU. Se ha desempeñado como abogado de la división de bancos de la Superintendencia Bancaria, fue director de la división legal y secretario general (e) de la Superintendencia de Valores, vicepresidente jurídico y fiduciario del Banco de Colombia, Magistrado de la Corte Constitucional, Defensor del Pueblo y director de la división de Derechos Humanos de la Unesco
Políticas públicas nacionales y territoriales sobre el pleno conocimiento de los derechos de las víctimas debe ser una prioridad en el país, según lo manifestó Alessandro Pretti, coordinador del área de Desarrollo, Paz y Reconciliación del PNUD en Colombia.
Indicó que el PNUD ha considerado el tema de centralidad de las víctimas y la promoción de sus derechos como ejes de trabajo no sólo desde el Programa, sino en general de todo el Sistema de Naciones Unidas y el acompañamiento de la comunidad internacional.
“Hemos entrado en el tema de víctimas muchos de los programas del área de paz, entre ellos el de convivencia, acompañándolos en varios aspectos como por ejemplo fortalecimiento de las organizaciones, hay una red nacional de víctimas impulsada por el Programa de Convivencia, también el programa Redes de Reconciliación y Desarrollo apoya en diferentes regiones del país, la organización y visibilidad de las víctimas desde las regiones”, expresó Alessandro Pretti.
Dijo que el propósito no es solo organizarlas sino lograr que tengan incidencia en las políticas públicas de sus territorios.
“En ese sentido para nosotros también es importante en alianza con otros organismos internacionales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, definir con claridad que cualquier política de justicia transicional tiene que tomar en cuenta los principios y parámetros universales de que son el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, expresó.
Se refirió al apoyo de Naciones Unidas a las víctimas, el cual busca garantizar el fortalecimiento y participación de estas y al mismo tiempo dar asistencia técnica para que en las políticas y marcos legales del país se tomen en cuenta dichos parámetros.
Protección a las víctimas
En cuanto al tema de las garantías y la protección de las víctimas, la comunidad internacional hace acompañamiento al Estado en las mesas de garantías territoriales y nacionales donde está presente el Gobierno Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, entre otros.
“El acompañamiento en el tema de protección y seguridad creo que es importante desde el punto de vista político, lo que se refiere a que ya solo la presencia internacional garantiza de alguna manera la apertura y consolidación de espacios para los defensores de derechos humanos y ofrece como una forma de blindaje y asesoría permanente que legitima y fortalece el trabajo de las víctimas y sus organizaciones”, manifestó Alessandro Pretti.
En cuanto a la región Montes de María, informó que existe un espacio de coordinación entre organizaciones de víctimas que tuvo un momento de expresión inicial alrededor de la audiencia del Congreso realizada el año pasado con relación a las propuestas para la nueva Ley de Víctimas, que al final no fue aprobada.
“Allí se conformaron comités de impulso y a eso le estamos dando acompañamiento y seguimiento internacional. Existe en Montes de María, en Cartagena y en donde además el PNUD apoya el tema de política territorial”, dijo el Coordinador del Area de Desarrollo y Paz del PNUD.
Agregó que ahora en el país es la oportunidad de impulsar el debate de la Ley y Política de Víctimas, para lo cual, la comunidad internacional tiene cierto optimismo y esperanza.
“Si no se logra a nivel nacional, pensamos que en los territorios sería interesante para los próximos planes de desarrollo después de las elecciones del próximo año incluir el tema de reconocimiento a las víctimas, de manera que sea referente para las políticas territoriales”, anotó Alessandro Pretti
Víctimas de todo el país participaron en la Audiencia Nacional en Medellín. Denunciaron que la impunidad sigue reinando sobre las violaciones de los Derechos Humanos al DIH y los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
Más de mil víctimas del conflicto armado en el país, incluidas representantes de las organizaciones de la región Montes de María de Sucre y Bolívar, participaron en la Audiencia Nacional realizada en la ciudad de Medellín el viernes anterior, y dejaron sentada sus voces, reclamando celeridad en los procesos de justicia y paz, que no haya impunidad, porque tienen derecho a la verdad.
Esta Audiencia convocada por la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado en Antioquía, y la Mesa Nacional de Víctimas de Organizaciones Sociales es la continuidad de procesos desarrollados desde comienzos de la década de 2000 y que tiene algunos logros como la realización del Encuentro Regional de Víctimas de Organizaciones Sociales en el 2007 y la primera Audiencia Departamental de Víctimas realizada en Medellín, y la Audiencia Defensorial de Víctimas del Urabá.
“Todo esto forma parte de un proceso de formación y activismo de las víctimas para reclamar sus derechos. En esta ocasión la Mesa Nacional de Víctimas y La Mesa Departamental de Víctimas de Antioquía, hicimos esta convocatoria nacional para mirar en que van los más de 40 casos que hemos ido planteando y qué respuesta tiene el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a la justicia”, expresó Antonio Madarriaga Reales, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas de Organizaciones Sociales.
El proceso regional en Antioquia comenzó con talleres consultivos con las víctimas durante seis meses y la elaboración de un documento que fue presentado durante la Audiencia. Los equipos promotores del Programa de Promoción de la Convivencia del PNUD replicaron la guía y estructura metodológica a las víctimas de las diferentes regiones del país que trabajaron sobre la perspectivas de los mecanismos de impunidad que se presentan a nivel territorial.
Es así como representantes de las organizaciones de víctimas de Magdalena, Cesar, Guajira, Sucre, Bolívar, Montes de María, Nariño, Putumayo, Chocó, Valle, Cauca y Bogotá centro, Magdalena Medio, Norte de Santander y Santander, se pronunciaron durante la Audiencia sobre el tema.
Destacaron que esta es la primera Audiencia que surgió de las organizaciones de la sociedad civil, acompañantes de víctimas, o de las propias víctimas que llaman a la institucionalidad, diciéndole lo que está pasando con el tema de la impunidad.
Hablan las víctimas
Indican con relación a la impunidad que hay ausencia de investigación, juzgamiento y castigo para quien y quienes incurren en delitos.
“Hay violaciones que no se denuncian porque las víctimas tenemos temor, hay desconfianza extrema en las instituciones y hay un alto grado de impunidad” dijo uno de los representantes de víctimas del Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó.
Por su parte, uno de los representantes de las organizaciones que hacen parte del equipo promotor del Programa Promoción de la Convivencia en Montes de María, dijo que hay impunidad y violaciones de Derechos Humanos.
“La situación de las víctimas es de impunidad no sólo en Montes de María sino en toda Colombia, hay impunidad en cuanto a la verdad, la justicia, y reparación, en cuanto a resarcir nuestros derechos como víctimas”, expresó.
En Montes de María hay actualmente cinco organizaciones de víctimas que vienen trabajando a través del Programa de Promoción de la Convivencia para hacer valer sus derechos, “somos más de 2 mil personas que estamos agrupadas y abriendo espacios, exigiendo que haya una verdad real, una reparación como tal, y que también el Estado reconozca su participación por omisión o comisión de algunos hechos, porque de no ser así, el proceso no va avanzar”, manifestó.
“Lo que deseamos es que podamos algún día crear condiciones para que nuestros derechos sean garantizados, y eso depende de la voluntad política del Estado. La Ley de Justicia y Paz ha contribuido a que las víctimas podamos hablar y organizarnos, pero ha sido una Ley de impunidad, y lo que las organizaciones queremos es defender nuestros derechos como víctimas sobrevivientes, sabiendo que defender los derechos humanos significa que mañana o pasado pueden atentar contra nuestra vida”, aseveró.
Familiares de los jóvenes asesinados en casos de ejecuciones extrajudiciales que piden celeridad en los juicios a militares implicados, víctimas del despojo de tierras que denuncian asesinatos y falta de protección y desplazados que denuncian incumplimiento en las ayudas humanitarias y la reparación.
Estos son algunos de los reclamos y quejas sobre la falta de garantías para acceder a derechos de verdad, justicia y reparación que se escucharon ayer en Medellín en la Audiencia Nacional de Víctimas, que se realizó en el Hotel Nutibara.
Allí se dieron cita representantes de víctimas de los grupos armados ilegales de 17 departamentos, quienes coincidieron en señalar que la impunidad sigue campante en la gran mayoría de los casos de violaciones de los derechos humanos.
Como ejemplo señalaron que en 2007 presentaron a la las autoridades 40 casos documentados por Ong y asociaciones de víctimas sobre masacres, desapariciones, desplazamientos forzados.
"El seguimiento muestra que la mayoría de esos casos precluyeron o tienen autos inhibitorios o se quedaron archivados", declaró Antonio Madariaga, representante de la Mesa Nacional de Víctimas
También se escucharon denuncias de víctimas del despojo de tierras en regiones como Urabá, sobre "terratenientes" aliados con bandas criminales que amenazan a personas que han retornado a sus tierras para que las abandonen.
Uno de los casos denunciados es el del campesino Albeiro Valdez, asesinado en mayo de este año, cinco meses después de habérsele restituido 105 hectáreas en Necoclí, pese a sus denuncias de amenazas de un ganadero de la zona. Tras su muerte, el predio fue devuelto al terrateniente a quien denunció por las amenazas.
En la audiencia también se solicitó una ley de víctimas consultada y más funcionarios judiciales, en especial, defensores públicos para agilizar la reparación.
Cerca de 1.200 personas afectadas por el conflicto armado en Colombia, provenientes de 17 departamentos del país, se reunieron el pasado viernes en Medellín para dar a conocer 40 de los casos más emblemáticos en los que se ha presentado impunidad. Además, la audiencia tuvo como objetivo establecer los lineamientos que serán presentados ante el Gobierno Nacional para promover la Ley de Víctimas, entre otras propuestas.
Con la esperanza de conocer el avance en el esclarecimiento del asesinato de Albeiro Valdez, llegó desde el Urabá, Miguel, su hermano, quien aseguró que en 1993 los paramilitares los desplazaron y despojaron de por lo menos 105 hectáreas en el municipio de Necoclí. El 17 de marzo de 2009 la Comisión Regional de Restitución de Bienes, les restituyó las escrituras de 35 hectáreas , pero tras el asesinato de Albeiro dos meses después, “el alcalde de Necoclí, le devolvió las tierras al hacendado que las tenía”, indicó Miguel.
Al igual que él, decenas de campesinos de Antioquia ven como sus tierras no les son devueltas, incluso, denuncian que éstas están siendo comercializadas, complicando aún más su restitución. Se estima que por lo menos 10.000 hectáreas , en las regiones del Urabá, Oriente y Bajo Cauca antioqueño, corren con esta suerte.
“¡No más impunidad!”
Como éste, fueron expuestos 40 de los mecanismos de impunidad, que según la Mesa Nacional de Víctimas y organizaciones sociales, son aplicados contra esta población. “Algunos mecanismos de impunidad, que están siendo aplicados de manera simultanea, son la falta de capacidad institucional, corrupción en el aparato de la justicia, la infiltración de los victimarios, escases de jueces, pero el más grave es la ausencia de un enfoque que mire los crímenes no como hechos aislados sino como una práctica sistemática de violación de DDHH”, aseguró Camilo Acevedo, integrante de la Mesa.
Para Acevedo y demás representantes de esta organización, “esa mirada individual sólo evidencia a los autores materiales, pero no permite determinar quiénes son los determinadores de los crímenes y quiénes son los beneficiados con su ejecución”. La Mesa estima que de los 4 millones de víctimas que hay en el país, cerca del 98% de estos casos están en la impunidad.
Por su parte, Yesica Hoyos, representante de Hijos e Hijas de la Memoria , indicó que se están desconociendo los derechos de las víctimas, además de los homicidios de líderes de organizaciones y defensores de derechos humanos. Y aunque a la Audiencia estaban invitados representantes de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para dar a conocer el avance en las investigaciones, éstos no asistieron, lo que provocó la indignación y frustración de los asistentes.
Ante lo que califican como “negligencia” por parte de estos organismos para esclarecer lo que pasó, la Mesa Nacional de Víctimas estableció algunas exigencias que serán expuestas ante el nuevo Gobierno Nacional, en el que tienen puestas sus esperanzas para lograr el cumplimiento de sus derechos a través, por ejemplo, de la Ley de Víctimas.
Sin embargo, una de las conclusiones más significativa es que esta población afectada por el conflicto armado cada vez más se consolida en grupos sociales, pues en el país hay cerca de 400 organizaciones. “No estamos solos, somos 17 regiones del país unidas por los derechos a los que no estamos dispuestos a renunciar; por la lucha del esclarecimiento de los hechos, por la memoria, en contra de la impunidad, es decir, estamos reunidos por la dignidad”, aseguró Hoyos.
“Por la dinidad de las personas que han denunciado los crímenes y de los que hoy no están con nosotros, nos seguirnos organizando, seguiremos luchando, seguiremos soñando para construir un país de justicia social”, finalizó Yesica Hoyos.
Conclusiones
EL MUNDO
Afectados de todo el país se reunieron en Medellín: Víctimas se unen contra la impunidad
Con esta reunión, se evidenció la consolidación de las organizaciones de víctimas en un solo movimiento social.
Representantes de las comunidades de 17 departamentos de todo el país afectadas por el conflicto armado se dieron cita en la Audiencia Nacional de Víctimas, realizada en Medellín, y la cual tuvo como propósito exponer 40 casos emblemáticos de impunidad.
Al finalizar la Audiencia se presentaron algunas propuestas que serán expuestas al Gobierno Nacional para lograr el cumplimiento de sus derechos.
El MUNDO
Al derecho : Víctimas exigirán acciones contra la impunidad
Denunciar la impunidad que persiste frente a los casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en Colombia y evidenciar la falta de garantías que tienen hoy las víctimas del conflicto armado interno de acceder a sus derechos de verdad, justicia y reparación, constituyen los principales objetivos de la Audiencia Nacional de Víctimas que tendrá lugar este 20 de agosto en la ciudad de Medellín. La Audiencia, que se llevará a cabo en el Hotel Nutibara de la capital antioqueña, congregará a más de 1.000 víctimas provenientes de diversas regiones del país, quienes elevarán su voz para exigirle al Estado colombiano que investigue, judicialice y sancione a los responsables de los cientos de crímenes de guerra, lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que han cometido los diferentes grupos armados ilegales y agentes estatales en los últimos años.
PRENSA USO
Audiencia Nacional de Víctimas en Medellín
Este evento a realizarse el 20 de agosto, en el Hotel Nutibara de la capital antioqueña, tiene como objetivo central visibilizar y hacer incidencia política alrededor del tema de la justicia para las víctimas y la lucha contra la impunidad.
En dialogo con Bárbara González Medina, asesora jurídico política de la Corporación Viva la Ciudadanía, ella nos cometa: “Este espacio surge del proceso de la mesa departamental de victimas de Antioquia, a partir de unos talleres subregionales sobre la discusión del tema de justicia e impunidad después de ello se realizaron dos talleres departamentales y el proceso culmino en esta etapa con la audiencia nacional sobre los casos no solo de Antioquia si no de todo el país. Entidades públicas convocadas fiscalía, personería, defensoría del pueblo entre otras entidades”.
De los mencionados talleres según la funcionaria, “se obtuvieron unas relatorías de las victimas, frente a todos los casos, de ahí surge la perspectiva de propuestas y de agenda pública por el departamento de Antioquia, a groso modo esperamos que la audiencia publica sirva como un espacio de incidencia del tema a nivel nacional sobre la verdad, la justicia, y reparación de las victimas del conflicto armado”. Agregó Gonzales Medina.
Para mayor información comunicarse con: Silvia Quintero 311-7619882 – 2915056 Medellín, Viva la Ciudadanía Antioquia, Patricia Fernández Coordinación Audiencia 315-3406986 – 2915056 Medellín, Viva la Ciudadanía, Bárbara González 317-5108188 - 3480781 Bogotá
Organizan: Instituto Popular de Capacitación IPC, Corporación Región, Fundación Forjando Futuros, Conciudadania, Corporación Nuevo Arco Iris, Escuela Nacional Sindical, Personería de Medellín, MAPP – OEA, Programa Promoción de la Convivencia, Viva la ciudadanía, Mesa Departamental de Victimas Antioquia.
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