EL UNIVERSAL. POR FRANK BAJAK y VIVIAN SEQUERA | SAN ONOFRE AP |
Publicado el 13 Agosto 2011
La piedra angular del gobierno que ya lleva un año del presidente Juan Manuel Santos es un audaz plan para compensar a por lo menos cuatro millones de víctimas del largo conflicto interno de Colombia.
Colombia sigue en guerra y determinar quién califica para recibir las reparaciones será suficientemente peliagudo. El costo también es alto, un estimado de 20.000 millones de dólares a lo largo de una década.
El mayor reto: Líderes de campesinos sin tierras, envalentonados por la ley para tratar de recuperar lotes de los que fueron despojados, siguen siendo asesinados y el Estado no parece capaz de detener tales crímenes.
“No quiero ser pesimista, pero yo creo que en dos años, la violencia” va a aumentar... Van a haber muchos muertos en el tema de restitución” de tierras, dijo Yamilé Salinas, experta en tierras de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Desde el comienzo, la campaña de reparación ha sido sangrienta. Tras la primera entrega de tierras el 21 de septiembre pasado, uno de los beneficiarios fue asesinado a golpes mientras caminaba en la turbulenta región bananera de Urabá, sobre la costa del caribe colombiano. Los asesinos dejaron cuatro balas junto al cuerpo de Hernando Pérez como una forma de advertencia a sus colegas.
Uno de los más recientes asesinatos ocurrió en San Onofre, este poblado que limita con el Caribe y las montañas Montes de María. El 30 de junio, un pistolero mató a un concejal que trabajaba con campesinos que reclaman la devolución de tierras.
Otros activistas están preocupados y temen ser los próximos.
Julia Torres, de 41 años y madre de cuatro hijos, dice que casi no duerme. Representa a 52 familias que luchan por retener la finca La Alemania, en una zona rural de San Onofre. “Hasta me da miedo ir al baño sola”, comenta.
Su esposo, Rogelio Martínez, fue baleado una tarde de mayo del 2010 por media docena de encapuchados y cuando caminaba de casa hasta la finca de 550 hectáreas. Tenía “en la cabeza de que de un momento a otro a él lo podían asesinar, pero él decía 'yo de aquí no me voy', incluso decía 'si a mí me matan sigan ustedes, luchen por esto que es de ustedes' y por eso es que nos hemos mantenido acá”, aseguró la mujer en la finca mientras un chubasco tropical atemorizó a los burros, que son ahora su único ganado.
Activistas consideran el caso de La Alemania como una prueba para la Ley de Víctimas.
Tres años después de que las familias compraron La Alemania en 1997, un jefe paramilitar, Rodrigo Mercado, decidió convertirla en una de sus bases. Expulsó a casi todos de la finca y mató el primer día de tres de sus ocupantes, de acuerdo con testigos. Cinco años después, Mercado desapareció. Varios testigos dijeron que hombres bajo su mando mataron a cientos de personas, violaron a docenas, hicieron saqueos y vendieron las más de 600 cabezas de ganado de La Alemania, un rebaño que los propietarios habían adquirido con préstamos.
Cuando los residentes finalmente regresaron en 2007, la finca no estaba cultivada y estaba a punto de que se ejecutara la hipoteca. No habían podido pagar 164.000 dólares de préstamos, un tercio de su valor. Una empresa de hipotecas, Covinoc, había adquirido la deuda y pretendía subastar la propiedad.
La AP intentó establecer contacto con funcionarios de Covinoc por teléfono y en correos electrónicos para consultar el caso de La Alemania. Dijeron que sus abogados responderían, pero no lo hicieron.
La finca no fue incluida en el programa piloto de Santos que devolvió 14.300 hectáreas de tierras mal habidas, aunque los propietarios de La Alemania la habían inscrito hace cuatro años en un programa oficial diseñado para prevenir la venta de tales parcelas. Por lo tanto su suerte es incierta hasta que el Ministerio de Agricultura comience, en enero próximo lo más temprano, a catalogar e intentar resolver esos espinosos casos. El Ministerio reunirá registros de tierras supuestamente robadas e información de actos de violencia que se hayan cometido para obtenerla, dijo Alejandro Reyes, un experto en tierras en el Ministerio de Agricultura.
Cortes especiales regionales decidirán los casos, lidiando con el laberinto del sistema de tenencia de tierras, en el cual el 90% de la propiedad reclamada carece de títulos y las oficinas de registros de lotes han sido quemadas o saqueadas.
Reyes dijo que cerca de dos tercios de la tierra robada fue obra de paramilitares, mientras el resto está bajo control rebelde. Muchos de los mayores usurpadores, entre ellos narcotraficantes, han ocultado su participación detrás de testaferros, según afirman la policía y fiscales.
Un total de 14.000 propietarios son dueños de 60% de la tierra cultivable en Colombia, mientras 2,5 millones de campesinos se reparten menos de 20%, aseguró Reyes. “Los campesinos están en tierras marginales, malas”, dijo Reyes, mientras la mayor parte de las buenas tierras están dedicadas a la ganadería.
La Ley de Víctimas no devolverá toda la tierra a los campesinos porque algunos lotes están ahora plantados con monocultivos como palma africana y teca.
Algunos obtendrán pagos de dinero en efectivo si se determina que se hicieron fuertes inversiones en el desarrollo de cultivos en las tierras despojadas. Eso significa que algunos de los que fueron robados a punta de pistola pueden terminar alquilando tierras que alguna vez fueron de ellos.
Los críticos dicen ademas que la ley no contempla cargos criminales para los usurpadores. “Aquí a nadie lo han perseguido penalmente por (la usurpación de) tierras”, dijo Salinas. Ni siquiera han visto un caso, según la investigadora.
Es lo que duele a los Verbel, quienes han pagado un elevado costo por resistirse a tales despojos.
Dos de los ocho hermanos de la familia han sido asesinados por denunciar que paramilitares los han tratado de forzar a vender su finca de 90 hectáreas, estratégicamente ubicada en un ruta usada por la mafias para el contrabando de cocaína hacia el Golfo de Morrosquillo y de ahí al exterior.
Primero fue Guillermo Verbel, asesinado en 2005, atropellado por un carro que ademas pasó en reversa para terminar el trabajo. Guillermo había denunciado públicamente a funcionarios locales corruptos, dice la familia. El segundo hermano, Eder, fue asesinado a tiros en la finca el 23 de marzo, mientras estaba con otro hermano, Orlando.
Orlando se salvó al salir corriendo y más tarde consiguió identificar a los asesinos. Uno de los sospechosos es un paramilitar desmovilizado y quien hasta septiembre pasado recibió al menos 225 dólares mensuales del gobierno como parte de los programas para esa población que deja las armas, según las autoridades. Los Verbel dicen que el hombre era un ex guardaespaldas de Mercado, el líder paramilitar.
Los Verbel están ahora demasiados aterrorizados para trabajar en la finca, que alguna vez fue una rica tierra cultivada de arroz y mandioca, y en cambio viven en medio de un puñado de endebles viviendas en las sucias calles de San Onofre.
Un hermano de los asesinados, Elmer de Jesús Verbel, dijo que el tuvo que “empeñar el televisor, la licuadora, mi equipo de soldadura, taladro, la pulidora. Todo lo tengo empeñado para poder comer, porque no hay con qué comer aquí”.
Relató que su taller mecánico ha sido boicoteado porque su familia se enfrentó a los paramilitares.
San Onofre es dirigido por un “régimen paramilitar” controlado por poderosos terratenientes, declaró el representante a la Cámara, Iván Cepeda, un congresista opositor y vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
Activistas de derechos humanos afirman que el alcalde del poblado, la policía local y los fiscales son cómplices.
El alcalde Edgar Benitorevollo niega los señalamientos y el jefe policial de la zona, el coronel Orlando Polo, declinó discutir el asunto. La hermana del alcalde, Muriel Benitorevollo, es una ex congresista regional que fue excarcelada en octubre del 2008 después de cumplir la mitad de una condena de cuatro años por asociación con paramilitares. Otros políticos regionales fueron condenados por supuestas relaciones con el paramilitarismo y permanecen en prisión por crímenes como el asesinato de un alcalde, Tito Díaz. Díaz fue asesinado en 2003, dos meses después de decirle al entonces presidente Uribe en una reunión pública que estaban planeando asesinarlo. El entonces gobernador de la región, un hombre que más tarde fue designado por Uribe como embajador en Chile, ahora cumple una condena de 40 años de cárcel por ordenar el asesinato. Reyes y otros líderes de gobierno en Bogotá reconocen los retos de proteger a los que reclaman tierras, quien están amenazados por todo el país.
“No hay forma humana posible de dar garantías”, dijo Reyes. “Para dar garantías de que no habrá violencia en Colombia, tú tendrías que parar la historia en seco y tendrías que desarmar a todo el país y tendrías que solucionar todos los conflictos sociales del país que producen el conflicto”, agregó.
Para que la Ley de Víctimas tenga éxito, el gobierno debe identificar y llevar a juicio a la gente que ordenó los asesinatos de los defensores de la devolución de tierras, dijo Carmen Palencia, presidenta de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Bienes y Tierras del Urabá Antioqueño.
Palencia en dos ocasiones ha sido violentamente desplazada y sobrevivió a un atentado en 1995, cuando pistoleros la sorprendieron en su casa en la zona de Urabá, en el noroeste del país, le pegaron tres tiros y la dejaron en coma.
Hay que proceder a la “la desarticulación de las bandas criminales....(y) para la desarticulación de bandas criminales tienen que tocar a gente muy poderosas de este país que tiene vínculos muy estrechos con el narcotráfico”, aseguró Palencia.
El hijo de Tito Díaz, Juan David, un doctor que vive por el momento en Estados Unidos debido a amenazas, dijo que su caso demuestra cómo Colombia una vez más se ha convertido en un sitio muy peligroso para los activistas.
“El Estado lo que les está entregando a los campesinos es una bomba de tiempo que hasta ahora les ha estallando a los campesinos en sus manos, siendo nuevamente victimizados por falta de una política de seguridad en la entrega de las tierras bien estructurada y organizada por parte del Estado”, agregó Juan David a la AP en un correo electrónico.
Palencia dice que ha recibido amenazas de muerte cada semana. Tiene guardaespaldas permanentes asignados por el Estado. Julia Torres no.
Torres debe contar con infantes de marina, quienes están basados a 15 minutos en moto de la entrada de San Onofre y de vez en cuando patrullan La Alemania.
“No tengo otro respaldo sino ellos”, afirmó Torres con gesto de preocupación en un rostro que de otra forma luce joven. “Como están alrededor de la zona, a veces les digo que me acompañen”. “Me asusta estar sola”, dijo. “Temo que de pronto también me puedan esperar en el camino”.
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