Los derechos de las mujeres y de las víctimas de la guerra deben ser priorizados
Luego de una extenuante jornada de dos días de debates parlamentarios, fue aprobado el proyecto de Ley No 179 del 2010, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”, y en el que según el presidente Juan Manuel Santos se realiza “la prosperidad para todos” los nacionales. Sin embargo, varios parlamentarios, algunos de ellos parta de la bancada de Unidad Nacional, expresaron su inconformidad frente a varios temas contenidos en la iniciativa. Entre esos temas llama la atención algunos artículos que contradicen la Ley de Víctimas, próxima a ser debatida próximamente en la plenaria del Senado.
“La creación de nuevos impuestos o el incremento en algunos de los ya existentes, como el predial y catastro, el desmonte de subsidios para servicios públicos, las flexibilizaciones laborales, la instalación de peajes en perímetros urbanos y la entrega de terrenos baldíos a grandes empresarios, son algunos de los temas que, (pese a la fuerte polémica desatada), finalmente contaron con el aval del Legislativo.”[1] Además de estos aspectos, hay otros que son aún más preocupantes
Plan Nacional y las víctimas
Para el representante por el PDA, Iván Cepeda Castro, es preocupante que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no contemple el presupuesto requerido para la reparación de las víctimas, y menos aún, para cumplir con las políticas de restitución de tierras. También le inquieta que la normativa no modifique las modalidades de ayuda humanitaria para los desplazados; política ésta que ha sido duramente cuestionada en periodos anteriores, y que contradice las disposiciones de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte y sus respectivos autos de seguimiento, en tanto persiste en asignar un carácter de reparación a la asistencia humanitaria, lo cual no corresponde con las disposiciones tanto nacionales como internacionales, en esta materia.
“¿Cómo aspira el Gobierno Nacional a ejecutar las medidas de reparación contenidas en Ley víctimas y de Restitución de tierras, sin que se cree un sustento presupuestal en el PND?”, pregunta el representante Cepeda.
No reconocer la persistencia del conflicto armado y sus graves consecuencias para la sociedad colombiana y países de la región; la tolerancia frente al paramilitarismo al calificar de bandas criminales (Bacrim) a las poderosas estructuras armadas que dominan grandes territorios del país, (con la anuncia de algunas autoridades locales) o pretender ignorar el llamado de alerta hecho por el Ministerio del Interior, Germán Vargas Lleras, al advertir que estos grupos estarían pensando en tomarse el poder de alcaldías y gobernaciones en las próxima elecciones para controlar los presupuestos locales; son aspectos preocupantes de esta iniciativa, que, sin mucha difusión y poco margen para la reflexión ciudadana y el análisis de las organizaciones sociales, fue aprobada en el Congreso de la República.
La aprobación del PND puede convertirse en serio obstáculo para la aplicación de la ley de víctimas que pasa en próximos días a debate en la plenaria del Senado. El representante Cepeda advierte que: “Se socava cualquier posibilidad de reparación, pues no trae ninguna alusión sustancial de cómo se va a garantizar esta ley. No hay mecanismos concretos para luchar contra la impunidad y la atención a los desplazados continúa siendo asistencialista”. En cuanto al tema de tierras, los artículos 57 y del 186 al 188 sostienen que los baldíos y las zonas de reserva podrán entrar al mercado de tierras y ser otorgados a empresas y transnacionales a través de la decisión del Ejecutivo. Incluso, la sección A del capítulo quinto establece que los grupos delincuenciales serán caracterizados, hasta 2014 como bandas criminales. El artículo 174 establece que se podrán enajenar o entregar bienes militares”.[2]
Para el representante Cepeda, el Plan Nacional de Desarrollo incluye medidas que tienden a darle continuidad a la política de seguridad democrática a través de la conformación de redes de informantes, y de la intención de armar a civiles, una práctica que se ha constituido en generador de violencia y de sistemática violación a los Derechos Humanos, y que además ha sido rechazada por las mismas Cortes.
“Es impensable que el Gobierno pretenda acudir a estas estrategias; si en los últimos 8 años, estas políticas han demostrado ser, no sólo insuficientes, sino generadoras de más violencia”, concluyó Cepeda.
Igualmente, señaló que el PND no fortalece instancias como la Defensoría del Pueblo, ni medidas que permitan contrarrestar la impunidad de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición y el desplazamiento forzados[3].
Plan Nacional y los derechos de las mujeres
El representante Iván Cepeda presentó una proposición durante el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo, para que se incluyera un artículo nuevo “que plantea la puesta en marcha de una política pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer”[4].
La propuesta busca que las recomendaciones de los organismos internacionales de protección a los derechos Humanos y las obligaciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (ambas ratificadas por Colombia) sean acogidas por el Estado y concertadas con las organizaciones de mujeres.”[5]
Con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional dispondrá de un máximo de seis meses para reglamentar la Ley 1257 de 2008, mediante “la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y se reforman los Códigos Penal y de Procedimiento Penal y la Ley 294 de 1996”.
El congresista señaló que “es hora de que en Colombia se legisle para ponerle punto final a la violencia contra la mujer, que cada día aumenta ante la mirada indiferente de muchos sectores políticos. […] Es inadmisible que a dos años de haber sido aprobada la Ley 1257, todavía no se haya reglamentado esta trascendental norma”.
Esta Ley también deberá ser objeto de debate púbico. Más aún si se recuerda que fue a partir del marco normativo de esta Ley, como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el decreto 164 del 25 de enero de 2010, creó la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. No obstante, esta Mesa fue instituida pensando más en términos de seguridad del Estado que en la necesidad de proteger a las mujeres, según denunció la Casa de la Mujer. Otorgar un mayor énfasis a la participación de instituciones de carácter militar y policial en la Mesa, descartando la participación de organizaciones de mujeres, le restó garantías y legitimidad al trabajo que realiza; más todavía si se considera que la violencia contra las mujeres en el contexto de la guerra, también la ejercen los miembros de la fuerza pública, como ya ha sido ampliamente documentado y demostrado.
Amnistía Internacional afirma que “La violación y otros delitos sexuales, como la mutilación genital, son prácticas frecuentes de las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares como parte del repertorio de tácticas de terror que emplean contra las comunidades situadas en zonas de conflicto a las que acusan de colaborar con la guerrilla. Estas tácticas están concebidas para provocar desplazamientos en masa o romper los vínculos, presuntos o reales, entre dichas comunidades y las fuerzas guerrilleras. En este marco, la impunidad de que gozan los autores de estos delitos no es accidental, sino que forma parte de la estrategia de contrainsurgencia. Al sembrar el terror y explotar a las mujeres para conseguir objetivos militares, han convertido sus cuerpos en campos de batalla”.[6]
“Según el decreto, se prevé como invitados permanentes de la Mesa: un representante del Comando General de las Fuerzas Militares y de la Dirección General de la Policía Nacional. Así mismo, “podrán participar como invitados permanentes delegados de las otras entidades que integran la ’Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres’, que se estimen pertinentes según lo establecido por el quórum decisorio” (art. 2 Parágrafo. 2). […] La presencia de representantes adicionales de las fuerzas armadas, además del Ministro de Defensa, otorga especial preponderancia a la seguridad en el sentido militar que a la seguridad en un sentido humano[7].
La Casa de la Mujer, también señala que al privilegiarse la participación de militar y policial, antes que la de las organizaciones de mujeres, se está expresando un enfoque de seguridad obsoleto, según el cual la seguridad está más relacionada con la seguridad del Estado, que con la seguridad humana. “Por lo tanto, la participación de las fuerzas militares y policiales en la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, debe tener como objetivo fundamental que su actuar no implique más hechos violentos contra las mujeres. También, debe implicar que se desarrollen directrices para que las autoridades policiales actúen de manera efectiva cuando las instituciones administrativas o judiciales les encargan la aplicación de medidas de protección para las mujeres”[8]
La Ley 1257 de 2008, afirma Cepeda Castro, también obliga al Ministerio de Educación a crear programas para vincular a las mujeres víctimas a programas de escolarización y aprendizaje de oficios, y a darles prioridad en el ingreso a programas de educación técnica y profesional.
El representante Iván Cepeda anunció que en los próximos días citará a un debate de fondo para tratar la situación de violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto armado.
Otros temas inquietantes del PND
Frente al tema de empleo, salud y educación, tratado en el PND, también existen serias preocupaciones. Los artículos del 154 al 158 permiten que se contrate por días e incluso por horas y será el Fosyga el que realizará los aportes a parafiscales. “En un país donde la informalidad es rampante, generar empleo de esa manera va en contra de los derechos laborales”, señaló la bancada del Polo, al advertir que los artículos 129 al 142 estructuran los mecanismos para una progresiva privatización de la red hospitalaria y la educación pública; el artículo 142 permite la entrada de recursos privados para el sostenimiento de las universidades públicas[9].
La nueva Política tributaria, con la creación de nuevos impuestos, además de incumplir la promesa del presidente Santos quien siendo candidato se comprometió a no crear nuevos gravámenes, deja enormes inconformidades. Uno de los temas que mayor discusión generó en los debates, fue la aprobación de artículo 93, mediante el cual establece un aumento en los precios de la gasolina. En un comienzo, el Senado había aprobado una proposición presentada por el senador Luis Fernando Velasco para que el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles subsidiara cuando sus costos de producción, auditados por la Contraloría, fueran superiores a los ingresos al productor. Sin embargo, en el debate de votación final del articulado y en búsqueda de consensos, esa proposición fue retirada, por lo que su autor anunció que recurrirá a una iniciativa popular para modificar la fórmula que ordena aumentos reiterados de los precios de la gasolina[10]. Igualmente preocupa el artículo 21 del PND, en el que se establece un incremento en el impuesto predial para todo el país a partir de 2013, pues aunque se haya descartado su entrada en vigencia a partir de la fecha, en consideración con las familias damnificadas a causa del invierno, es una medida impopular que afectará el bolsillo de todos los colombianos. A este respecto, el director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, aclaró que frente al impuesto predial, este aumento no tendrá efectos sobre la vivienda de interés social. “El incremento, explicó, del 1x1.000 al 5x1.000, afectará a los estratos 4,5 y 6, pero ya en muchas de las ciudades, el predial está por encima de ese monto, razón por la cual no hay por qué alarmarse.”[11]
Otro tema del PND que suscitó fuerte controversia fue el relacionado con la minería extractiva y el medio ambiente El representante del PDA, Wilson Arias, declaró que se trata de una decisión retrógrada que nos devuelve a los tiempos de la Colonia. También advirtió sobre el impacto ambiental que esta política generaría (en momentos en los que ningún Estado puede desconocer su responsabilidad frente a este trascendental tema para la humanidad, ni abstenerse de fijar sus agendas y políticas considerando la crisis del cambio climático que estamos afrontando en todo el planeta). Arias criticó fuertemente el hecho de que la política económica del Gobierno Santos, pretenda convertir a Colombia en un país eminentemente productor de materias primas abandonando a otros sectores que reclaman de urgente atención como el agrícola, la seguridad alimentaria y a la industria nacional[12].
Por su parte el representante del Partido Verde, Félix Valera, afirmó que el PND no contempla los recursos necesarios para equilibrar el desarrollo extractivo con políticas de protección ambiental: “El capítulo quinto no garantiza la protección de ecosistemas frágiles y vitales como los humedales”. Igualmente, cuestionó la asignación de facultades especiales al Ejecutivo para que determine las zonas de reserva forestal siempre que el Gobierno esté interesado en algún proyecto extractivo. “Parece que este capítulo estuviera hecho por las empresas mineras”, concluyó[13].
De otra parte, el hecho de que el PND contenga 45 artículos en los cuales se otorgan facultades extraordinarias al Ejecutivo para que defina unilateralmente el tratamiento en varios temas, como lo denunció la bancada del Partido Libera, ha generado bastante inquietud sobre los fines últimos de la norma.
“Estoy a favor del Plan, pero no quiere decir que todo lo que diga el Gobierno es verdad revelada. Hay una excesiva centralización de los recursos y las decisiones en manos del Gobierno central”, sostuvo el senador liberal Camilo Sánchez, coordinador ponente de la iniciativa. El senador Carlos Baena, por el partido Mira, advirtió que el PND parece más un plan nacional de facultades que termina permitiendo que el Gobierno se salte el Congreso[14].
El PND, presentado como la plataforma para el desarrollo de la agenda del Gobierno, podría convertirse justamente en un serio obstáculo para sus propias iniciativas, incluso podría terminar por desfigurar el rostro con el cual espera pasar a la historia el actual gobierno. El descontento al interior de todas las bancadas fue evidente; sin embargo, muchos parlamentarios terminaron por ceder en sus posiciones, por aprobar la Ley y al final nadie quedó satisfecho con el resultado.
EL PND además de poner en entredicho el valor de la palabra del actual mandatario es un serio obstáculo para la implementación de otras importantes iniciativas que actualmente se encuentran en trámite ante al Congreso de la República, como la Ley de Víctimas; y en nada contribuiría a mejorar la situación de violencia, de pobreza, exclusión y marginalidad que viven importantes sectores del país. Al contrario, el retroceso en temas esenciales como seguridad alimentaria, medio ambiente, sostenibilidad fiscal, derechos humanos, y otros, debe conducir a una profunda reflexión sobre los costos que genera esta iniciativa, y en las alternativas existentes para cambiar el curso de esta historia.
[1] En El Espectador; “Los 'peros' al Plan de Desarrollo. Congreso aprobó carta de navegación del gobierno Santos”. Sección Política. Abril 29 de 2011
[2] http://ivan-cepeda.blogspot.com/2011/04/en-discusion-de-plan-nacional-de.html
[3] En El Espectador; Op Cit
[4] http://ivan-cepeda.blogspot.com/2011/04/en-discusion-de-plan-nacional-de.html
[5] Proposición “Adiciónese un artículo al proyecto de Ley N0 179 del 2010, por la cual se expide el Plan Nacional de desarrollo 2010-2014”. Bogotá, abril 27 de 2011
[6] Casa de la Mujer; “Violencias contra las mujeres”. Tomado del Informe de Amnistía Internacional. 2004
[7] Íbid
[8] Íbid
[9] En El Espectador; Op Cit
[10] En El Espectador; “Los 'peros' al Plan de Desarrollo. Congreso aprobó carta de navegación del gobierno Santos”. Sección Política. Abril 29 de 2011
[11] Ibid
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