Más que una conciliación se trató de una imposición, en la cual se ratificó la ponencia aprobada en el cuarto debate, en la plenaria del Senado. Con un acuerdo previo entre el Gobierno y sus bancadas se aprobó en menos de dos horas la ponencia de mayorías en la inexistente reunión de conciliación. Los vacíos advertidos en la Ley de víctimas por las organizaciones sociales, y que trataron de ser subsanados con la ponencia alternativa que presentó el senador Avellaneda en último debate, fueron ignorados y excluidos. El representante Cepeda, anuncia que se demandaran varios artículos de la Ley
Ley de Víctimas: No hubo conciliación sino imposición.
A partir de las ocho de la mañana de hoy, se convocó a una reunión en el Ministerio del Interior y de justicia, con el fin de conciliar las dos ponencias de Ley de Víctimas aprobadas tanto en Cámara como en Senado; tres horas después, la reunión había concluido. ¿La razón? No hubo conciliación sino imposición. La bancada de Unidad Nacional, se había reunido de manera previa, para establecer un preacuerdo y con decisión tomada y texto impreso llegaron a la falsa reunión de conciliación.
El representante Iván Cepeda Castro, quien junto con el senador Luís Carlos Avellaneda, acudieron a la reunión en representación del PDA, único partido de oposición, se mostró en desacuerdo con lo sucedido. “Ya el gobierno había elaborado un texto con sus bancadas, así que nuestra presencia en esta reunión ha sido casi que irrelevante porque se firmó una conciliación entre los partidos de gobierno, que excluye a la oposición política, que excluye sus puntos de vista, que son puntos de vista de fondo. […] Yo creo que la ley deja por fuera a miles de víctimas, tal como está formulada, por esa razón vamos a demandar los artículos que consideramos deben ser objeto de un control constitucional”, puntualizó.
Entre los hechos positivos que se pudieron advertir durante la breve reunión de” conciliación”, fue que en el artículo 155 no se admitió la propuesta del alfil de Álvaro Uribe en Senado, Juan Carlos Vélez, de modificarlo, para que cuando se expida una resolución donde se reconozca a una víctima de agentes del Estado, se envíe el caso a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se inicien las investigaciones, sin que se mencionen los nombres de los agentes del Estado, evitando así, según sus propios argumentos, que se den juicios anticipados.
El nuevo artículo que nunca estuvo previsto en el cuarto debate de Ley de Víctimas, según el cual se establece “que quienes invadan terrenos o se tomen las vías de hecho, perderán los beneficios que otorga al ley”, se mantuvo al haber sido aprobado en la plenaria de Senado; pese a que es contrario a las normas constitucionales y a los derechos de los ciudadanos, en el sentido que se condiciona un legítimo derecho, como es el reconocimiento de la condición de víctima, a un futuro comportamiento con lo que además, se ejerce una indebida presión sobre la víctima. Incluso para muchos es claro, que el recurrir a las vías de hecho, ha sido interpretado como respuesta a una pretensión moral que indica que a falta de vías de derecho, se debe recurrir a las vías de hecho.
En la reunión de “conciliación” se pasó por encima de los artículos que merecían cuidadoso análisis; y antes de que se entrara a comparar uno a uno los artículos aprobados en plenaria de Cámara con los aprobados en plenaria de Senado, para de manera conciliada, seleccionar el que más se ajustara a la jurisprudencia, a los principios internacionales y a las necesidades y reclamos de las víctimas, y después de haberse tomado la decisión de eliminar el artículo 74 de la ponencia de Senado, porque se repetía en el artículo 72, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras dio por terminada la reunión afirmando que la decisión tomada era ratificar en su totalidad la ponencia de Senado y excluir totalmente la de Cámara. Luego invitó a los representantes de los distintos partidos para que pasaran a firmar el histórico documento. De inmediato se convocó la presencia de la prensa que aguardaba en un salón continúo para que cubriera el desenlace de la inexistente conciliación.
Uno a uno, los representantes del Partido Liberal, Conservador, de la U, del Pin, de Cambio Radical, del Partido Verde y hasta el representante del partido Afrovides (Asociación de Afrocolombianos para la Vivienda, Deporte, Educación y Salud) Yahir Acuña Cardales, firmaron el acta de conciliación, no sin antes declarar su orgullo y la trascendencia que esta iniciativa tenía para el futuro del país. La firma del acta por parte del partido, que supuestamente representa a las minorías étnicas, como fue presentado Afrovides, sorprendió en un comienzo; pero cuando se analizan sus antecedentes, se entiende que no podía ser de otra forma. Oriundo de Sucre, Yahir Acuña[1] fue integrante del partido, PIN, del cual se retiró al considerar que no tenía opciones; es considerado como el 'delfín' de la paraempresaria del chance Enilce López, alias “la gata” y como pupilo del ex gobernador del departamento de sucre, Salvador Arana (designado por el presidente Álvaro Uribe como embajador de Colombia ante Chile, hoy capturado por conformación de grupos paramilitares en Sucre y por haber participado como actor intelectual en el asesinato del alcalde del Roble, Eduardo León Díaz)[2].
De inmediato los representantes del PDA, Iván Cepeda Castro y Luís Carlos Avellaneda, se expresaron su disconformidad con la decisión adoptada, dejaron constancia de su posición y se negaron a firmar la supuesta conciliación. Cepeda afirmó que junto con las organizaciones sociales y los movimientos de víctimas, demandaran varios artículos de la norma.
Igualmente señaló que “El Polo Democrático, valora que exista una Ley de Víctimas, de reparación y restitución en Colombia. Durante estos meses, y antes, incluso, cuando se empezó la discusión de una iniciativa de esta naturaleza, hemos presentado constantemente, diversas iniciativas: en el transcurso de esta discusión más de 200 proposiciones se hicieron, para intentar mejorar, fortalecer y afinar el texto que ha conciliado la Unidad Nacional. Debo decir que nuestra reticencia a firmar este texto, es que ya estaba listo antes de venir a esta mesa; ha sido conciliado entre el presidente de la República y las bancadas de la Unidad Nacional, y el hecho de que le texto ya esté preparado como ustedes ven, implica que ya hay un previo acuerdo. Lamentamos que se produzca de esta manera un debate que debe ser democrático y que debe ser constructivo…”
Según analistas jurídicos, demandar el proceso de conciliación, podría implicar la caída de la Ley. Y sobre la posibilidad de que sus vacíos o contradicciones frente a la jurisprudencia nacional, puedan ser subsanados mediante el uso del principio Pro homine, consagrado en el artículo 27 de la norma, aseguran que éste principio no da para tanto. También señalan, que la facultad interpretativa de la norma, llevará a futuro a una creciente instauración de demandas y acciones de tutela por parte de las víctimas.
La negativa del PDA de firmar el acta de conciliación si bien reafirma, para fortuna de la democracia colombiana, la existencia de una oposición política, al mismo tiempo niega el alcance y derechos de esa minoría de oposición frente a procesos legislativos de enorme trascendencia para el país, donde se impone la bancada del Gobierno Nacional y se descartan de un tajo las voces disidentes. La actuación de los congresistas del Polo, no obstante, debe ser reconocida como un muestra de dignidad, valentía y, sobre todo, de coherencia.
El texto de la conciliación, suscrito por los Senadores, Hernan Andrade, Hemel Hurtado, Jorge Londoño, Carlos Fernando Motoa, Roy Leonardo Barreras, Carlos Chavarro, Armando Benedetti, Juan Fernando Cristo, fue publicado en Senado en horas de la tarde, y corresponde a la gaceta 340 de 2011.
El texto publicado en Cámara, suscritos por los representantes a la Cámara: Jaime Buenahora, Alfonso Prada, Juan Carlos Salazar, Humprey Roa, Carlos Jimenez, Hernán Penagos, Oscar Bravo y Yahir Acuña, corresponde a la gaceta 338 de 2011.
Nota de Maureén Maya
periodista independiente
[1] Revista Semana; “¿Un 'Gatico' en la Cámara por Negritudes? Sorpresa: ganó con 40 mil votos en Sucre”. Bogotá, marzo 15 de 2010. “Acuña, elegido por el 'delfín' de la empresaria del chance Enilce López para su regreso al Congreso, después de tres años de retiro, aparece en documentos de Inteligencia de la Armada como parte de la 'estructura política' de las autodefensas en ese departamento de la Costa”, indicó el diario El Tiempo hace poco más de un mes. Su relación con Héctor Julio Alonso López, conocido como “El Gatico” en alusión al conocido apodo de su poderosa madre, es reconocida ampliamente. Hasta hace un mes era asumido como la fórmula a la Cámara por Sucre de la poderosa familia López; justo antes de su repentina dimisión como candidato del muy cuestionado PIN (Partido de Integración Nacional), que siempre aparece en los reportes de la MOE (Misión de Observación Electoral) a la hora de hablar de sospecha de compra de votos. Lo cierto es que rompiendo cualquier pronóstico esperado para la disputa por las dos curules reservadas para las “minorías” afrodescendientes, los cerca de 40.000 sufragios obtenidos en su departamento son el pilar de los más de 45.000 que le permitieron barrer en la Circunscripción Especial. Acuña y López (quien obtuvo 70.000) celebran hoy su escaño en el Congreso. Otro de los controvertidos amigos del Representante electo es el ex diplomático y ex Gobernador, Salvador Arana, condenado a recientemente a 40 años de cárcel. Arana, padrino de bautizo de su hijo, fue encontrado culpable el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo León, en 2003. Por otro lado, por los días en que Acuña Cardales adelantaba su campaña como candidato del PIN, admitió estar en conversaciones con la candidata al Senado, Teresita García, hermana del también condenado ex Senador, Álvaro García Romero, encontrado culpable de concierto para delinquir agravado y responsable de la masacre de Macayepo, Bolivar. La aspiración a la Cámara por Negritudes de Acuña Cardales se inscribió a última hora, después de rodar por varios partidos. Renunció a la Asamblea, siendo miembro de Apertura Liberal. Posteriormente anunció su candidatura a la Cámara por Sucre con el aval del PIN. Sin embargo, con llanto renunció a un par de semanas del cierre oficial de inscripciones, denunciando una persecución que incluso tenía en peligro su “seguridad personal”. Sorprendió cuando reapareció a última hora para anunciar el reencauche de su postulación a la Cámara, pero esta vez por el camino corto en el que se convirtió la Circunscripción Especial por Negritudes. En declaraciones a RCN Radio en Sincelejo, advertía que “aunque poco conocido era su trabajo explícitamente con afros”, él podía acreditar más de 10 años laborando con esta causa. Varios de los clanes políticos que detentaron por décadas el poder en el departamento de Sucre se vieron golpeados por la Parapolítica. Esa jugosa herencia electoral probablemente está repartiéndose entre algunos de sus familiares cercanos y una nueva generación, presta a llenar ese vacío. Todo indica que acreditar una candidatura por la Circunscripción Especial por Negritudes ha resultado ser un buen atajo para llegar al Congreso.
[2] Caracol Radio; “Capturado ex embajador Salvador Arana por quien ofrecían 100 millones de recompensa”. Bogotá, mayo 30 de 2008. El ex embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana Sus, por el que la Interpol ofrecía 100 millones de pesos como recompensa y acusado de vínculos con paramilitares y homicidio, fue capturado anoche en Santa Marta por agentes de la Fiscalía. Arana fue ubicado en el Rodadero por la División de Inteligencia del Cuerpo Técnico de Investigaciones y al percatarse de la operación se escondió en una caleta que había en un lujoso apartamento. El ex diploimático quien también fue gobernador del departamento de Sucre, se encontraba prófugo desde principios de 2007 luego de que la Fiscalía ordenó su captura dentro de las investigaciones que dieron origen a la 'parapolítica'. Arana es médico de profesión y fue vinculado a la investigación por el crimen del alcalde del Roble, Eduardo Díaz, ocurrida en abril del 2003. La investigación de la Fiscalía sobre vínculos de políticos con jefes de las Autodefensas, complementa la que desde diciembre de 2006 inició la Corte Suprema de Justicia, que indaga esos nexos en congresistas. Hasta ahora, unos 63 congresistas, casi en su totalidad del oficialismo, son investigados por vínculos con paramilitares. De esa cifra, 32 legisladores se encuentran detenidos, entre ellos el senador Mario Uribe, primo del jefe de Estado, Álvaro Uribe
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