La Plenaria de la Cámara de Representantes, el pasado lunes 13 de diciembre aprobó el reconocimiento de las víctimas, para efectos de la ley de víctimas y restitución de tierras y por lo tanto para el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, a partir del 1 de Enero de 1991, en palabras de algunos Representantes en honor a la Constitución de 1991. De esa decisión se apartó el PDA, el Partido Verde y dejaron constancia negativa los liberales.
Esta decisión implica una notable reducción del universo de víctimas, un desconocimiento al principio de igualdad y una falta a la verdad histórica ocurrida en el país en los años ochenta caracterizado por diversas violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado.
Se registraron entre 1980 y 1993, 1228 masacres en las que se asesinaron a 8000 personas, perpetradas por el paramilitarismo y la guerrilla; se destacan en 1982 dos masacres en Puerto Boyacá y Puerto Berrío cometidas por paramilitares con 14 víctimas en cada una; en 1985 la masacre en Toribio cometida por la Guerrilla en que murieron doce personas; en 1987 el asesinato de 19 comerciantes; en 1988 trece masacres, en su mayoría cometidas por grupos paramilitares; en 1989 la masacre de La Rochela; la masacre de Mejor Esquina en Córdoba donde murieron 38 personas y la masacre de Coquitos donde fueron asesinadas 25 personas.
La información suministrada por CODHES señala que fueron desplazadas forzadamente desde 1985 hasta 1992, 597.000 personas. Por su parte la III Encuesta Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento realizada en 2010, señala que la tierra despojada entre 1980 y 1992 fue de 330.012 Hectáreas.
Entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1992 se registraron por violencia sociopolítica, 998 desparecidos, 30.004 homicidios y 1.132 secuestros por la insurgencia armada, y se violaron los derechos humanos de 729 trabajadores sindicalizados, según el Banco de datos del CINEP.
Durante la década de los ochenta se llevó a cabo la persecución política y el homicidio de líderes liberales como Luis Carlos Galán Sarmiento (1989) y Rodrigo Lara (1984).
Igual suerte corrió la Unión Patriótica, con magnicidios como el de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. La finalidad del ataque a este grupo político era su exterminio; estimado según la Corporación Reiniciar, en cuatro mil víctimas de delitos de lesa humanidad como homicidios, tentativa de homicidios, desaparición forzada y tortura. Específicamente en la petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio de la UP, se señala que entre 1985 y 1993, 1.163 miembros de este grupo fueron ejecutados extrajudicialmente, 123 desaparecidos y 225 amenazados.
También se cuenta en este período el magnicidio de Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial por el Movimiento político Alianza Democrática M- 19.
La década de los años ochenta representa el inicio de la consolidación del paramilitarismo y sus liderazgos en el Magdalena Medio (Acmm), en Córdoba y Urabá en 1989 y en Cundinamarca.
Con relación a las guerrillas, se intensificó la acción armada y violenta de las FARC, entre ellas la adopción del secuestro como arma política y económica acogido a partir de la modificación de las estrategias y objetivos en la Séptima Conferencia Guerrillera en mayo de 1982.
Igualmente durante los ochenta, se victimizó al poder judicial con la toma y retoma del Palacio de Justicia en Noviembre de 1985
De lo anterior se desprende que excluir de la ley de víctimas y restitución de tierras, tal cantidad de víctimas, resulta inaceptable, y por ello la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales, expresa su rechazo y hace un llamado a las víctimas a movilizarse frente a esta decisión de la Plenaria de Cámara a fin de que sea reconsiderada en los debates que faltan en el Senado.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Antonio Madariaga Reales
VOCERO DE LA MESA NACIONAL DE VÍCTIMAS
CEL: 3153496827
TEL: 3480781
BOGOTÁ
Luz Estela Aponte
VOCERA DE LA MESA NACIONAL DE VÍCTIMAS
CEL: 3107720112
BOGOTÁ
COMUNICACIONES Y PRENSA
JOHANNA CÁRDENAS BELTRÁN
Comunicadora de la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales
Cel: 3118318684
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que pasara con las persona que fueron victimas de los grupos armados en colombia en los años 80 es que ellos no tienen los mismos derechos .por favor pensar en todos los que han sido victimas en nuestro pais
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