Por: Elespectador.com
LA LEY DE VÍCTIMAS, APROBADA POR el Senado el pasado martes, en medio de expresiones de júbilo, entra a conciliación esta semana para concluir su trámite.
Y todo hace prever que imperará el deseo del Gobierno de darle su visto bueno, en consonancia con el criterio de quienes impulsaron la iniciativa en el Legislativo, es decir, de posicionarla como un paso histórico hacia la reconciliación y la búsqueda de la paz y el comienzo verdadero del posconflicto en Colombia. Miles de víctimas, que hoy se han hecho visibles ante la opinión pública, han centrado sus expectativas y esperanzas en esta ley, convencidas de que por fin van a ser atendidas en sus derechos fundamentales.
El Estado tiene ahora el enorme desafío de garantizar que los mecanismos de implementación anunciados realmente respondan al espíritu de la norma aprobada, para lo cual es necesario contar con la participación directa, verdadera y respetuosa de las víctimas y sus organizaciones, tal y como lo recomendó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ni más ni menos, lo que está en juego con esta ley puede ser la institucionalidad del país y, hoy más que nunca, se hace necesario que en su implementación se apliquen las prácticas de ‘Buen Gobierno’ que tanto invoca el presidente Juan Manuel Santos.
Cualquier tropiezo —bien sea en materia de asistencia jurídica, trabas presupuestales, trampas de avivatos que quieran hacerse a los beneficios, conflictos de competencia entre entidades, comisiones burocráticas o hechos de violencia contra quienes ya han padecido el dolor de la guerra— pondría en tela de juicio la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante esta ley y, de paso, sembrar dudas sobre un articulado que ha sido presentado como la base de la superación del conflicto armado que azota al país desde hace al menos cuatro décadas.
Por eso, ya existen dudas en el mismo escenario de las víctimas, quienes han planteado la posibilidad de demandar lo que consideran graves inconsistencias en el trámite de la Ley, que en su momento decidirá la Corte Constitucional. Se refieren, por ejemplo, a la falta de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, como lo exige el Convenio 169 de la OIT y lo ha reafirmado en diferentes sentencias el alto tribunal. Para subsanar el error, la Ley le otorga facultades especiales al Presidente de la República para que expida un decreto donde se concrete con dichas comunidades su derecho a la reparación. Pero la consulta es un derecho fundamental que no se puede desconocer, es irrenunciable y la Corte ha sido radical en su reconocimiento.
Otros reclamos tienen que ver con que el universo de las víctimas es restrictivo y viola el derecho a la igualdad, al abarcar sólo a partir del 1º de enero de 1985. En el espinoso tema del reconocimiento del conflicto armado, según organizaciones de víctimas, deja sin derechos a muchos que se han visto afectados por la violencia, al exigirles que prueben que el hecho fue cometido por un grupo armado y que guarde relación causal con el conflicto. Igualmente está el llamado contrato de transacción que, según sus críticos, busca evitar que se evidencie la responsabilidad del Estado en algunos crímenes y convertir en medidas reparatorias obligaciones sociales que por ley y constitución le compete atender.
En cuanto a la restitución de tierras, se cuestiona su aplicación a partir de 1991, lo mismo que la intención de formalizar la propiedad para impulsar las tan mentadas locomotoras del desarrollo minero y agroindustrial con el llamado derecho de superficie y los contratos de uso de predios restituidos, que estipulan que donde existan proyectos de interés económico se debe privilegiar su continuidad. En otras palabras, el Gobierno tendrá que probar a las víctimas y al país que si bien no es una ley perfecta, sí es un punto de partida hacia el reconocimiento de sus derechos y un cambio de doctrina al dejar de legislar para los victimarios. Con un reto adicional: más allá de la reparación, el conflicto continúa, las violaciones de derechos humanos persisten y no es suficiente hablar de reparación de violaciones del pasado sin comprometerse a proteger a las víctimas de hoy.
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