51.000 y contando. Es la cifra de personas "desaparecidas" en Colombia a lo largo de las últimas décadas y que hace parte de un nuevo informe publicado en Washington que usa como fuente para sus conclusiones a la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Búsqueda, creada por el Congreso en 2007 para llegar al fondo del asunto.
El estudio fue realizado por el Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG) y la Oficina en Estados Unidos sobre Colombia (http://lawg.org/storage/documents/Colombia/RompiendoElSilencio.pdf).
Según el reporte, de acuerdo con la Fiscalía de esas personas, al menos 32.000 serían "desapariciones forzosas", cometidas por guerrillas, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública.
Artículo de El Tiempo.com
De acuerdo con los autores, si bien se piensa en Chile o Argentina cuando se habla de este tipo de desapariciones, las nuevas estadísticas le están dando dimensión a esta tragedia y ponen a Colombia a la cabeza de este tipo de crímenes en el mundo.
Para los autores del estudio, lo peor es que la cifra podría ser mucho más alta.
"Desde 2007, el gobierno colombiano viene mejorando el proceso mediante el cual se registran las desapariciones forzadas en el país. A medida que los casos nuevos y viejos se van registrando en una base de datos consolidada, los números se elevan dramáticamente mes a mes", dice el reporte.
Según el estudio, la propia base de datos del gobierno demuestra que cada mes se están añadiendo hasta 1.000 casos de desapariciones, entre nuevos y viejos.
En los tres años que lleva operando la Comisión se han registrando 1130 casos de nuevas desapariciones forzadas. Y el número podría ser bajo pues muchos de estos crímenes no se reportan o tardan tiempo en aparecer en el sistema.
Del total de desapariciones forzadas, dice el estudio, a la fuerza pública se le está investigando por más de 3.000, algunos casos asociados con los llamados falsos positivos.
Si bien el país hay un "marco jurídico avanzado para encarar las desapariciones", este rara vez es aplicado con firmeza y menciona como solo dos paramilitares que confesaron crímenes han sido condenados en este marco de justicia transicional.
Así mismo, el estudio dice que los parientes de los desaparecidos enfrentan muchos obstáculos y en muchos casos de les estigmatiza pues se presenta a las víctimas como guerrilleros que merecieron su suerte.
"Son pocos los casos de desapariciones que lograron llegar a juicio. El derecho de los familiares a participar plenamente en la búsqueda de sus seres queridos y de justicia está reconocido en lo abstracto pero no se cumple en la realidad. A los familiares se les ha forzado a declarar muertos a sus seres queridos y a detener la búsqueda a cambio de poder recibir la asistencia financiera que se ofrece a las víctimas", dice el estudio.
Para las ONG, el tema de las desapariciones dista mucho de ser un tema del pasado.
"La tarea que enfrenta Colombia no sólo es encontrar a los desaparecidos y hacer justicia con las miles de desapariciones forzadas que han ocurrido en los últimos treinta años. El desafío es terminar con la práctica de las desapariciones, porque en Colombia, todas las semanas, hay personas que siguen desapareciendo", dicen.
El informe incluye, a su vez, una lista de recomendaciones tanto para Colombia como para EE. UU.
- El gobierno colombiano debería fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda garantizando una participación interagencial de alto nivel y la puesta en práctica de sus recomendaciones, y debe fortalecer y dar fondos suficientes al Centro Único Virtual de Identificación. Debería cerciorarse de la enérgica aplicación del Plan Nacional de Búsqueda para localizar a los desaparecidos, fortalecer la base de datos centralizada y realizar análisis públicos de las cambiantes estadísticas de desapariciones forzadas.
-El gobierno colombiano debería elaborar una estrategia oficial para garantizar los derechos de las víctimas durante las búsquedas, exhumaciones y procesos judiciales, brindar protección a los parientes de las víctimas de desapariciones y a los testigos, y verificar que los familiares de las víctimas puedan obtener asistencia humanitaria sin un certificado de defunción.
-El gobierno de EE. UU. debería instar al gobierno colombiano a tomar todas esas medidas. La United States Agency for International Development (Usaid) debería ampliar los fondos que actualmente otorga a las asociaciones de familiares de desaparecidos, organizaciones de derechos humanos y organizaciones independientes que tienen experiencia en el campo forense y de personas desaparecidas, con el objetivo central de educar a los familiares de las víctimas en sus derechos, además de brindar asistencia legal y humanitaria.
-La Usaid debería usar sus fondos para lograr proyectos conjuntos entre la sociedad civil, la academia y el gobierno a fin de aumentar el nivel de conocimiento sobre la problemática y elaborar una mejor política pública para enfrentar el fenómeno de las desapariciones. El gobierno de EE. UU. debería ampliar los fondos que actualmente otorga para asistencia técnica y capacitación para extraer muestras de ADN a los familiares, investigar cementerios y realizar exhumaciones.
-El Departamento de Estado de EE. UU. debería usar el proceso de certificación en derechos humanos para motivar al gobierno colombiano a investigar y sancionar efectivamente los casos de desapariciones en los que las fuerzas armadas están imputadas de participar, al igual que en casos de amenazas y ataques contra asociaciones de familiares y víctimas. El Departamento de Estado debería suspender la asistencia a unidades de las fuerzas armadas colombianas que estén imputadas de participar en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
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