martes, 7 de diciembre de 2010

Gobierno advierte que convocará a extras si no se aprueba la ley de víctimas

El nuevo tropiezo de la ley de víctimas vino por causa de 23 representantes de diferentes partidos políticos, que al argumentar tener familiares hasta el segundo grado de consanguinidad con todas las condiciones para declararse víctimas del conflicto, no están en condiciones de intervenir en el proceso.

El obstáculo no estaba en las cuentas del Gobierno, pues tiene en su poder un concepto del Consejo de Estado que advierte que ningún congresista puede declarase impedido para debatir la ley.

“El concepto es claro. Ningún parlamentario puede abstenerse de votar así un familiar sea víctima. Esperamos que los partidos políticos reflexionen”, dijo el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien prefirió no atribuir responsabilidades frente a este nuevo tropiezo.

Artículo de Semana.com

Lo que generó el inconveniente es que cada impedimento debe discutirse de forma individual y toda la plenaria, compuesta por 165 representantes, tiene que votar cada caso en particular.

Esa circunstancia le puso el ‘freno de mano’ a la iniciativa bandera del Gobierno y que el propio presidente Juan Manuel Santos volvió a impulsar, incluso, ante la Corte penal Internacional, durante la asamblea de países adscritos al Estatuto de Roma, celebrada el pasado lunes en Nueva York.

Por eso el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Zuluaga, tuvo que levantar la sesión plenaria, a la espera de que el próximo lunes el Gobierno termine por convencer a los congresistas de que no tienen ningún impedimento.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, volvió a manifestar su malestar por la decisión de la plenaria. Pero hizo una advertencia. Al ser un proyecto al que el Gobierno tanto le ha insistido, si el próximo 16 de diciembre no ha superado su segundo debate habría sesiones legislativas extraordinarias. “Si así lo fuere necesario, el Gobierno convocaría al Congreso”.

El compromiso que adquirió el Ejecutivo es que el conjunto de iniciativas que busca reparar a víctimas de la violencia y restituir cerca de dos millones de hectáreas a desplazados empiece a ser aplicado desde abril de 2011. Por eso pretende que este proyecto finalice el año con dos debates aprobados.

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