El vocero de Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, Antonio Madariaga, dio a conocer que mediante un derecho de petición colectivo, las víctimas del conflicto armado colombiano le solicitarán a la Fiscalía General de la Nación que explique las razones jurídicas por las cuales cerca de 41 casos relacionados con violaciones a derechos humanos hoy se encuentren en la más completa impunidad.
Este anuncio se dio en medio de la AUDIENCIA NACIONAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: Por Justicia para las Víctimas y Contra la Impunidad, que tuvo lugar en la ciudad de Medellín, el pasado 20 de agosto en el Salón Imperial del Hotel Nutibara.
Este evento que contó con la participación de 1100 víctimas de diferentes regiones del país, estuvo moderado por Eduardo Cifuentes, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y fue convocado por la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales y la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado de Antioquia.
Allí, voceros de los afectados por el conflicto armado señalaron como en diciembre de 2007 le fueron entregados al Gobierno nacional un total de 41 casos, debidamente documentados por organizaciones no gubernamentales, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en Antioquia por grupos paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado, con el fin de que se responsabilizara de conducir las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.
Pero las indagaciones realizadas ante la Fiscalía General de la Nación por las propias víctimas, previas a la realización de la Audiencia, arrojaron que todos los procesos se encuentran archivados, precluidos o en etapa de investigación previa. Lo paradójico es que uno de los propósitos del Encuentro era que los representantes de los organismos judiciales, quienes fueron invitados al mismo, entregaran explicaciones del por qué la lentitud y la poca eficacia en las investigaciones, pero ninguno se hizo presente en el recinto.
“Ha faltado voluntad política y eso es evidente. Basta mirar que en cinco años la Ley de Justicia y Paz sólo se ha producido dos sentencias por un solo caso. Y eso que esta ley es un procedimiento abreviado. Entonces, ¿qué esperar de aquellos procesos que se están llevando en la justicia ordinaria? Eso da pie para decir que los márgenes de impunidad son enormes”, aseguró Antonio Madariaga, vocero de la Mesa Nacional de Víctimas.
Frente a todo lo anterior, las víctimas del conflicto armado expresaron que para comenzar a superar los mecanismos estructurales que les ha impedido acceder a la justicia, debe generarse una gran movilización nacional y una alta incidencia en las altas esferas del poder.
“El movimiento de víctimas se ha fortalecido en los últimos años y eso servirá para incidir políticamente”, declaró Carlos Iván Lopera, integrante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), instancia que viene acompañando procesos organizativos de víctimas en el Oriente antioqueño.
Una de las principales conclusiones de este Evento fue impulsar y participar activamente en la discusión por un nuevo Estatuto de Víctimas, iniciativa legislativa que cursó trámite en la pasada legislatura del Congreso de la República pero que al final fue objetada por la bancada oficialista por razones presupuestales, situación que causó gran malestar entre el movimiento nacional de víctimas y sectores sociales afines al mismo.
“En el país persiste una situación, de carácter estructural, en la que se privilegia a los victimarios y desconocen los derechos de las víctimas, además de que continúan las amenazas y distintas clases de persecuciones a líderes y liderezas de organizaciones sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Se hace indispensable garantizar el acceso a la justicia, procesos de memoria y políticas públicas que realmente garanticen los derechos de las víctimas”, aseguró Patricia Fernández, Coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, al cierre del evento.
Nota: Este comunicado contó con el apoyo de Ricardo Cruz de la Agencia de Prensa IPC
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