El gobierno propone acabar el Consejo Superior de la Judicatura, reformar aspectos de la acción de tutela y que congresistas tengan doble instancia en juicios.
El fin del controvertido Consejo Superior de la Judicatura, límite a las tutelas contra sentencias, origen del famoso 'choque de trenes' entre las cortes, y la doble instancia en los juicios en la Corte Suprema contra parlamentarios y otros funcionarios con fuero son el eje del "texto consultivo" de la reforma de la Justicia, que el propio presidente Juan Manuel Santos les presentó a los altos tribunales.
Artículo de El Tiempo.com
La propuesta, que contempla cambios a algunos artículos de la Constitución, recoge iniciativas anteriores y agrega otras que, según les dijo ayer el Presidente a los magistrados, asegurarán la armonía entre los poderes y la buena marcha de la Justicia.
Entre ellas, hay varias que generarán polémica. El Gobierno no toca el actual sistema de elección del Fiscal General, que la Corte Suprema lleva un año en ese proceso, pero sí el del Procurador General de la Nación, que en este momento es elegido por el Senado de ternas enviadas por las cortes Suprema y Constitucional y el Consejo de Estado. Si la reforma pasa, ese funcionario, que es el que disciplina a todo el Estado, sería elegido de una terna enviada por el Ejecutivo al Senado.
También se establece una veda de cinco años para que los magistrados de las altas cortes, el Fiscal, el Procurador, el Contralor, el Registrador y el Defensor del Pueblo puedan salir a hacer política.
Acabar la Judicatura
Como estaba previsto, se eliminaría la Judicatura, que hace las veces de gerente de la Rama Judicial, y se reemplazaría por un Consejo Superior Judicial en el que estarían representados los tribunales y funcionarios.
La Judicatura, que nació con la Carta del 91, ha sido duramente cuestionada, tanto por su gestión (Sala Administrativa) como por decisiones tomadas por algunos magistrados de la actual Sala Disciplinaria. La función de esta última pasaría a los tribunales y a los colegios de abogados.
Otra propuesta clave es la de sacar a la polémica Comisión de Acusación de la Cámara de las investigaciones disciplinarias contra los magistrados de las altas cortes. Esa función de control se ejercería entre ellas, así: los magistrados del Consejo de Estado son disciplinados por la Corte Suprema de Justicia; los de la Corte Suprema de Justicia, por la Corte Constitucional; y los de esta, por el Consejo de Estado.
En cuanto a la tutela, seguirá siendo válida para interponerse a decisiones judiciales, incluso a las de las altas cortes, pero con reglas claras para evitar que un tribunal termine desconociendo las facultades de otro. Por ley, se establecería que la tutela contra sentencias sí procede (hay salas del Consejo de Estado y de la Suprema que se niegan a reconocerlo). Pero las tutelas contra las altas cortes se tramitarían únicamente ante las Salas Plenas y la decisión final solo podría ser revisada por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
También habría un término máximo -un mes- para interponer acción de tutela contra una providencia judicial.
Judicatura se acabaría tras 19 años
Está conformado por dos salas, la Administrativa y la Disciplinaria, integradas por 7 magistrados cada una.
Se encarga de administrar los recursos y el personal de toda la Justicia y de juzgarlos disciplinariamente.
Se crearía el Consejo Superior Judicial, que tendría una gerencia de la Rama y una Sala de Gobierno, integragada por los presidentes de la altas cortes, un delegado de magistrados y jueces, el Fiscal y el Minjusticia.
Golpe a Comisión de Acusaciones
Actualmente la Comisión de Acusación de la Cámara es la encargada de procesar disciplinariamente a los magistrados de las altas cortes. Esta comisión está integrada por 15 representantes.
Si se aprueba el proyecto, los magistrados del Consejo de Estado son disciplinados por la Corte Suprema, los de este tribunal por los de la Corte Constitucional y estos por el Consejo de Estado.
Doble instancia para aforados
Actualmente un congresista es investigado por la Sala Penal de la Corte Suprema en una única instancia.
Tener doble instancia es la principal garantía que han pedido los involucrados en la parapolítica.
Con la reforma se propone un mecanismo procesal para garantizar a los aforados su investigación y juzgamiento en dos instancias por parte de la Sala Penal de Corte Suprema, dividiéndola en tres secciones.
Corte Constitucional, más fuerte
La propuesta obliga a los jueces y a las autoridades administrativas a atender la jurisprudencia de las altas cortes, algo que ahora rige parcialmente.
Habría control previo de la Corte Constitucional a las principales leyes, y ese tribunal podría "suspender temporalmente normas demandas, cuando advierta la necesidad de preservar el orden constitucional".
En todo caso, los fallos no serían retroactivos.
Cortes soltarían elecciones
La propuesta apunta a que, como lo han sugerido las cortes, dejen de participar en elecciones como las del Registrador y el Contralor.
El Gobierno propone elevar la experiencia mínima para ser magistrado a 20 años, y también la edad de retiro forzoso, de 65 años a 70.
El periodo de los magistrados se elevaría de 8 años a 12, para preservar las líneas jurisprudenciales y matener seguridades jurídicas.
Santos le pidió a la Corte apurar elección de Fiscal
El presidente Juan Manuel Santos instó ayer a la Corte Suprema de Justicia a elegir Fiscal General "para la tranquilidad del país y el bienestar de la Fiscalía, pero también pensando en la misma imagen" del alto tribunal.
El mandatario se dirigió a los magistrados de la Corte durante la presentación del texto consultivo del que será el proyecto de reforma de la Justicia.
"Con todo respeto por las competencias de la Corte", Santos les explicó a los magistrados su opinión sobre el tema: "Nuestro primer aporte para alcanzar un pronto acuerdo fue retirar del Congreso el acto legislativo sobre postulación y designación del Fiscal General de la Nación, cuyo trámite podía contribuir a trastornar este proceso".
"No creo que la Constitución me impida el diálogo directo con ustedes para superar pronto este impasse", agregó el mandatario.
Santos les aseguró a los magistrados que pueden contar con toda su "colaboración" para "encontrar fórmulas que le den tranquilidad a la Corte en el cumplimiento de esta tarea", e hizo énfasis en que para lograrlo no se debe cerrar "por anticipado ninguna puerta que garantice una pronta solución".
Tras explicar los pormenores de la propuesta legislativa del Gobierno, Santos les dijo a los magistrados que "le llegó la hora a la Justicia".
A partidos les 'suena' el texto de la reforma propuesta
Partidos de la coalición recibieron en buena tónica, pero con algunas observaciones, la propuesta de reforma judicial del Gobierno.
"Nos gusta que se pueda dotar a la Justicia de instrumentos eficaces para que sea pronta, cumplida y confiable", dijo el senador Juan Lozano, presidente del partido de 'la U'.
Por su parte el presidente del Partido Liberal, Rafael Pardo, dijo que le parecía una "reforma ambiciosa, bien estudiada y necesaria".
Para Pardo, tiene algo fundamental que es la intención de despolitizar a la cortes.
Por su parte, Germán Varón, codirector de Cambio Radical, la calificó como una reforma importante, aunque no está de acuerdo con la desaparición de la Judicatura.
"Esto lo tenemos que madurar, porque internamente hay voces a favor y en contra. Todavía no hay una posición oficial del Partido", dijo el presidente del conservatismo Fernando Araújo.
'Queremos llegar a un consenso con las cortes': Santos
Una vez terminó su visita a las distintas cortes, el presidente Santos habló en rueda de prensa y expresó que es una propuesta para discutir.
"Quisiéramos, y ese es nuestro propósito, llegar a un consenso con todas las cortes sobre las reformas que la justicia necesita".
Agregó que ese propósito se debe consolidar "dentro del espíritu de la necesaria armonía que la propia constitución supone, preservando por supuesto la independencia de los poderes".
Santos señaló que "es bien importante que no solamente esta discusión se haga dentro del ámbito del Ejecutivo con el poder judicial sino que también contribuya el poder legislativo".
"El propósito fundamental del Gobierno es acertar en la reforma que el país necesita frente a su justicia", concluyó Santos.
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