LAS
CARTAS SOBRE LA MESA
Camilo
González Posso
La
segunda fase del proceso de conversaciones entre el gobierno y las
FARC comenzó con un destape de las estrategias de cada parte en la
aproximación a la agenda pactada. El costo para el gobierno fue el
escenario escogido y la imagen política que, pragmáticamente, le
permitió a su antagonista. Esta puesta en escena en Oslo pesó más
que el contenido de los discursos que son de circulación cotidiana
en internet para el caso de las FARC y de amplia difusión por radio
prensa y TV en lo que concierne al gobierno. Los titulares de toda
la prensa mundial resumen lo ocurrido: después de seis décadas de
guerras y muerte, en Colombia se inicia un serio proceso para
terminar los conflictos armados y ponerle fin definitivo al
alzamiento de la guerrilla más vieja del continente americano y la
única persistente. Nadie dijo con ese volumen “gobierno y
narcotraficantes buscan la paz”. Es un hecho cumplido, el estatus
de ese diálogo que sigue ahora en La Habana es entre partes de un
conflicto armado interno. En ese lenguaje, a las FARC se le ha
aceptado el calificativo de “fuerza armada disidente” que definen
los acuerdos internacionales.
Las
FARC aprovecharon el cuarto de hora, en realidad la media hora, para
reafirmar el mensaje de que son “rebeldes con causa”, con
oposición al modelo económico y político en todos sus aspectos.
La declaración que leyó Iván Márquez apuntó a sostener que para
construir la paz, definida en el preámbulo del “Acuerdo General
para la terminación del conflicto y la construcción de la paz ”,
es indispensable que se derrote el modelo neoliberal que en Colombia
toma forma concreta en las llamadas locomotoras y en las políticas
frente a la globalización, incluidas las reglas del juego con las
multinacionales y los TLC. El gobierno, a través de su vocero
Humberto de la Calle, les respondió diciendo que ese discurso puede
ser parte del programa de un nuevo partido de oposición que formen
las FARC después del acuerdo de terminación del conflicto, pero que
no forma parte del temario descrito en los puntos pactados de la
agenda: desarrollo rural, apertura y garantías políticas, cultivos
ilícitos y política antinarcotráfico, victimas y verdad y
verificación e implementación de acuerdos con cese definitivo de
hostilidades.
Así
quedo en evidencia el forcejeo y los límites de la mesa bilateral.
Las FARC buscan estirar al máximo los temas y subtemas y el gobierno
quiere que no entren en choque con su plan de desarrollo y sus
aliados. Ese forcejeo es inevitable pues no obstante la agenda corta
que ha sido aprobada, cada tema y subtema está abierto a
interpretaciones y propuestas. Por ejemplo: lo relativo a
desarrollo rural, tierras o seguridad alimentaria, está relacionado
con territorio, ordenamiento de usos y disputa por recursos, con la
industria extractiva, los agrocombustibles y la propiedad colectiva
o la política forestal. Es obvio que si hablan en serio de
producción o comercialización de productos rurales, de entrada no
se pueden prohibir mencionar las políticas de subsidios, impuestos,
regulación a la inversión extranjera o impactos de los TLC. La
cadena de relaciones y correlaciones es indeterminada, de modo que
después de los discursos y sustentaciones generales, se tendrá que
pasar a las propuestas concretas y a hacer la lista de imposibles y
viables. Esa será la hora de la verdad.
La
moraleja es que no cunda el pánico. Esa mesa en La Habana podrá
definir medidas de aplicación inmediata en el marco de las
competencias del poder ejecutivo y procedimientos para procesar otros
asuntos que requieren del Congreso de la República o de la
intervención de otras instancias. Muchos grupos sociales que no se
sienten allá representados, comenzando por los indígenas y los
afros, quieren su propio escenario de pactos y en otros campos no le
alcanzará la legitimidad a la mesa bilateral. Lo vital para este
proceso es que encuentren el termino medio de lo posible en cada tema
o subtema y que se entienda que allí no acabará la construcción de
la paz, ni la disputa sobre el diseño de la sociedad y la
institucionalidad necesaria para la paz; después de la dejación de
armas, de la desmilitarización del país y de la política, tendrán
que venir nuevas confrontaciones y nuevos pactos, porque como están
las cosas de La Habana solo puede esperarse una cuota parcial. El
resto dependerá de la conformación de fuerzas transformadoras en la
civilidad y de la capacidad de prevenir un guatemalazo: pacto de
armas sin pacto social con los desarmados.
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