| Por: | Pedro Santana Rodríguez | ||||||||||||
| Presidente Corporación Viva la Ciudadanía Fuente: viva.org | |||||||||||||
In Memoria de mi amigo Juan Jaramillo
Una serie de nuevos acontecimientos vuelven a poner sobre el tapete que el tema crucial para avanzar en la superación de la violencia que se opone a la restitución de las tierras usurpadas por los actores violentos en beneficio de terratenientes tradicionales y aún de empresarios como parece demostrarlo el caso de los Montes de María y las compras allí efectuadas por la empresa Cementos Argos, es el problema de la impunidad y la falta de eficacia de la Fiscalía General de la Nación para abocar y llevar adelante las investigaciones sobre los usurpadores de los más de 6.5 millones de hectáreas, arrebatadas a sangre y fuego a cerca de 5.3 millones de desplazados. Y es que en materia de impunidad frente al delito del desplazamiento forzado ésta llega casi al 100% como lo señaló en esta misma publicación el investigador Camilo Sánchez. Sólo se habían producido 40 sentencias por este delito hasta finales del año 2010 un número que ni siquiera produce un cambio estadístico frente a los más de cinco millones de desplazados que superan de largo a 800 mil familias. Pero, el asunto es más grave puesto que de las 26 condenas que se pudieron examinar en detalle la mayoría se produjo como consecuencia de testimonios que se presentaron en estos procesos; las condenas producidas por investigaciones autónomas de la Fiscalía General son muy pocas. Y esto es así porque por ejemplo, en el Urabá donde las víctimas señalan un despojo de aproximadamente 150 mil hectáreas y revisado el 30% de las escrituras y títulos fraudulentos por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro se encuentran unas 43 mil hectáreas despojadas que dan credibilidad a la cifra aportada por las víctimas, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación no avanzan.
Y estas investigaciones no avanzan por falta de voluntad política de la Fiscalía General de la Nación. Así lo afirma en la Revista Semana en su penúltima edición, Raúl Emilio Hasbún, quien indudablemente y así lo reconoce él mismo, fue el estratega financiero de los paramilitares quien señala la relación de bananeros, ganaderos y comerciantes con las autodefensas o paramilitares en esta región y además también señala los nexos con los mandos militares y de Policía durante más de veinte años, factor que fue clave y decisivo para el despojo y para el asesinato de miles de trabajadores y campesinos incluidos los humildes habitantes de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, crímenes que siguen en la más completa impunidad.
Hasbún señala en la entrevista mencionada que accedió a conceder esa entrevista ante el cierre ordenado por un Fiscal de primera instancia en el departamento de Antioquia sobre la investigación en contra de la empresa bananera norteamericana Chiquita Brands, que dicho sea de paso fue condenada en la justicia norteamericana a pagar 25 millones de dólares por el financiamiento que esta compañía realizaba a los grupos paramilitares en esta región del país. El Fiscal que cerró el caso simplemente señala que Chiquita Brands fue obligada a pagar a los paramilitares y que por tanto esta compañía no tenía responsabilidad penal ninguna. Otra cosa dice Hasbún quien señala que los empresarios bananeros entre ellos Chiquita Brands le daban a los grupos paramilitares “tres centavos de dólar mensuales por caja de banano y me entraban más o menos 400 millones al mes. Sume otros 200 de los ganaderos y otros 100 de los comerciantes. Eran 600 millones de pesos mensuales, que anualmente serían 7.200 millones de pesos. Eso me entraba a mí al año, sólo de Urabá”. Hasbún señala que las investigaciones en contra de los empresarios y comerciantes de la región de Urabá, no ha comenzado “Lo que pasa es que hay varias personas demasiado importantes dentro de lo político y lo económico. Yo entregué unos listados a la Fiscalía con 270 bananeros, 400 ganaderos y podrían ser unos miles de comerciantes. La Fiscalía no tiene la capacidad para investigar lo que pasó en Urabá, pero tampoco hay voluntad política”. Esa plata la recibieron durante 10 años y servía para financiar sus actividades criminales. Dentro de esas actividades criminales relata Hasbún, las masacres, los asesinatos de cientos de trabajadores que eran bajados de los buses y asesinados en frente de sus compañeros, de listas que suministraba los administradores de las fincas bananeras que estaban de acuerdo con sus propietarios.
Hasbún además señala que el entonces secretario de Gobierno del gobernador Álvaro Uribe Vélez, Pedro Juan Moreno, estaba al tanto y sostuvo con él y con Rodrigo Cardona y un doctor Naranjo más de 10 reuniones en la sede de la Gobernación de Antioquia y que incluso estuvo en una reunión corta con Álvaro Uribe quien como ya señalamos era el gobernador. “Sí un día el doctor Pedro Juan Moreno me dijo: venga para que conozca al jefe. Y ese señor estaba allá en la oficina de él hablando por teléfono. Nos sentamos en una salita de unos muebles blancos y él terminó de hablar y entonces Pedro Juan le dijo “vea, le presento a Raúl Hasbún, el de las Convivir de Urabá”. Ah, mucho gusto”. El relato de Hasbún termina señalando que Uribe le entregó unos folletos y volantes de propaganda de las Convivir.
Así mismo señala que la mayor parte de los operativos de los paramilitares se hacían conjuntamente con el Ejército y la Policía. “Todo el mundo nos copiaba. Yo mandaba, no directamente, pero indirectamente. Ejército, Fiscalía, Policía, DAS, Sijín; todos los organismos nos copiaban. A nosotros nos llegaba toda la información, armábamos un sólo informe y se lo mandaba a todo el mundo. La gran mayoría de operaciones en Urabá fueron conjuntas”.
El principal enemigo de la restitución de las tierras es hoy día la impunidad. Esa impunidad alimenta el asesinato de los líderes, las amenazas a las comunidades que en el año 2011 produjeron nuevamente según Codhes, 259.146 personas desplazadas, en fin, es la impunidad el combustible del desplazamiento y del despojo de las tierras. En los últimos nueve años han sido asesinados 54 líderes de la reclamación de tierras, 16 de los cuales han sido asesinados durante los 17 meses de ejercicio del poder por parte del presidente Juan Manuel Santos.
El reto que tiene el nuevo Fiscal General de la Nación es precisamente el de la lucha contra la impunidad y para ello deberá depurar a la propia Fiscalía General de la Nación en aquellas regiones del país en el cual el despojo ha sido masivo. Las modalidades de investigación bien lo sabe el fiscal Eduardo Montealegre, debería en muchos casos ser colectiva con unidad de los expedientes judiciales para que sea eficaz. Ahora viene la prueba de fuego para Montealegre en varios casos que tendrá que resolver. El primero, si revoca la decisión a todas luces absurda y amañada del fiscal de primera instancia en Antioquia que cerró la investigación sobre la empresa norteamericana Chiquita Brands, si apoya a los fiscales que como otro en Antioquia ordenó la detención domiciliaria de Guillermo Gaviria Echeverri por apoyo a los grupos paramilitares según testimonio de Raúl Emilio Hasbún. Pero, también, tiene ahora entre manos una nueva investigación sobre Álvaro Uribe Vélez acusado por varios mandos medios de las Autodefensas de haber organizado el Bloque Metro de los paramilitares en Antioquia. Esa investigación le corresponde a la Fiscalía General pues los hechos que se investigan corresponden a la época en la cual, Uribe era gobernador de Antioquia. Montealegre ha dicho que investigará a quienes estuvieron detrás de la organización e impulso de los grupos de Autodefensa. Ahora tiene testimonios y confesiones de los jefes paramilitares sobre varias regiones del país. ¿Se atreverá?, esa es la pregunta que en pocas semanas sabremos.
Y una conclusión preocupante, insistirán los ministros y el presidente Juan Manuel Santos, en ampliar el fuero militar cuando a todas luces parte de las dificultades mayores para avanzar en la política de restitución consiste en que en muchas regiones del país los organismos de investigación como la Fiscalía General y los organismos de la Fuerza Publica están profundamente infiltrados por los grupos neoparamilitares.
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