CARTA ABIERTA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AL GOBIERNO NACIONAL

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SUS MINISTROS,

DE LOS DELEGADOS INDÍGENAS DE LA  MESA PERMANENTE DE CONCERTACION, LA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, LA COMISION DE TERRITORIO  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  

Nosotros, los Delegados Indígenas de la Mesa Permanente de Concertación, la comisión de derechos humanos y la Comisión de Territorios, creadas mediante los decretos 1396 y 1397 de 1996,  reunidos en Bogotá D.C., los días 14 y  15 de marzo, MANIFESTAMOS nuestro RECHAZO a la campaña de estigmatización que funcionarios de distinto nivel han emprendido contra el derecho fundamental a la CONSULTA PREVIA y la descalificación de autoridades y delegados indígenas que alcanzan a nuestros asesores.

La sistemática y continua situación de vulneración de los derechos de los pueblos y territorios indígenas, que nos siguen afectando a pesar de haber firmado con el Gobierno Nacional, acuerdos que los comprometen con el cumplimiento del mandato constitucional y legal de garantía del derecho a la vida e integridad cultural de nuestros pueblos, se expresa en los asesinatos de comuneros y autoridades, las desapariciones forzadas, las amenazas de muerte recurrentes, los desplazamientos forzados, la violación de nuestros territorios por parte de actores armados y proyectos de distinta índole desconociendo a los propietarios de los mismos, la violación a nuestras niñas, adolescentes y mujeres mayores, la muerte y heridas causadas a nuestros niños y jóvenes por el minado dentro de los territorios. Estos hechos siguen ocurriendo a lo largo y ancho de nuestro país, acompañados por la total impunidad ya que no se registran investigaciones con resultados ni sanciones a los responsables, al tiempo que órdenes judiciales tanto de la Corte Constitucional como de la Comisión Interamericana de derechos humanos, como las medidas cautelares,  no son implementadas de manera eficaz por los distintos poderes públicos del Estado colombiano. Los pueblos a favor de quienes se ha ordenado Planes de Salvaguarda desde el año 2009, como el Nasa en el Cauca, el Awa en Nariño, el Embera, el  Senú y el pueblo Nukak Makú en Guaviare, son los que más han sido victimas de violaciones de sus derechos en este periodo.

Los delegados y autoridades provenientes de distintos puntos del país han denunciado esta alarmante situación, que ocurre en el norte y occidente del Cauca, Nariño, Chocó, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Tolima, Guajira, bajo Cauca antioqueño, entre otros lugares, y que en muchos casos está asociado con proyectos de exploración petrolera, de explotación minera, hidroeléctricos y de infraestructura vial, de intereses por apropiarse de los recursos naturales y de conocimiento tradicional en nuestros territorios, mientras que  el gobierno proclama los avances con los Pueblos Indígenas en estos espacios de diálogo y concertación.

Durante el año 2011 sostuvimos un prolongado diálogo con el gobierno para la construcción concertada de políticas públicas y medidas administrativas, tales como el componente indígena del Plan Nacional de Desarrollo, el Decreto Ley sobre Victimas Indígenas y el programa Nacional de Garantías, ordenado por la Corte Constitucional. Sin embargo este proceso no ha significado una mejora en la garantía y goce de los derechos humanos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, a pesar de que hemos seguido dispuestos a continuar en la interlocución con el Gobierno Nacional.

Hemos decidido hacer un alto en el camino para evaluar los avances en los compromisos suscritos el año anterior por el Gobierno Nacional en estos espacios de concertación, y un primer balance nos resulta desalentador y nos lleva a pensar que no ha sido un diálogo eficaz que se traduzca en cumplimientos. Pero mientras persistimos en esta actitud de diálogo y concertación, en las últimas semanas, funcionarios de alto nivel alimentan una campaña de desprestigio de nuestras autoridades y desconocimiento de nuestros derechos.    

En ese sentido destacamos las noticias que se han publicado tanto en Semana.com el pasado 27 de febrero, como la Editorial del periódico EL TIEMPO del 5 de marzo, en las cuales se nos ha calificado de “caprichosos”, “inescrupulosos”  y “vivos”, siendo la fuente de estas notas periodísticas funcionarios gubernamentales,  quienes consideran la consulta previa como un mero procedimiento que “estanca el desarrollo del país” y desconocen el carácter de DERECHO FUNDAMENTAL que tiene a través del Convenio 169 de la OIT, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

PREOCUPA que funcionarios gubernamentales de alto nivel, además de desconocer el principio de PARTICIPACIÓN y DEMOCRACIA que se fortalece con el ejercicio del derecho a la consulta previa, cuestione el alcance de la consulta como garantía de nuestra pervivencia y permanencia física y cultural y, contrariando su misión institucional, se ubiquen como protagonistas de una cruzada contra un derecho fundamental

DESCONOCEN dichos funcionarios que hemos sido los Pueblos Indígenas los que hemos promovido mecanismos para garantizar, que medidas fundamentales para los colombianos como la Ley de víctimas, hayan tenido vida jurídica a pesar de la vulneración que insistentemente comete el Gobierno Nacional al radicar proyectos de ley que afectan a los pueblos indígenas sin ser consultados previamente. Igualmente, desconoce que las rutas metodológicas son concertadas previamente con el Gobierno Nacional en los espacios legitimados y con los funcionarios que el mismo gobierno designa para tal fin y que los tropiezos de las mismas se deben al incumplimiento del Gobierno Nacional y no a nuestras organizaciones.

GRAVE resulta que funcionarios de alto nivel del Gobierno se presten para esta descontextualización de la opinión pública en un marco de violencia sistemática y generalizada a la que estamos siendo sometidos, sin que hasta el momento se haya avanzado debidamente en el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional, como el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Garantías, Decreto Ley 4633 de 2011, entre otros

ALARMA que el Gobierno Nacional incumpla los acuerdos logrados a lo largo de los más de 500 días del gobierno del Presidente Santos, en los cuales se evidencia la carencia de una política integral para los Pueblos Indígenas y que muestre constantemente el fraccionamiento al interior del gobierno para garantizar los derechos de los pueblos, lo que genera mayor vulneración y riesgo de exterminio físico y cultural. Muestra de ello es la política fraccionada que se expone en el PND 2010-14 sin que las diferentes carteras pretendan articular los programas para que sean efectivos, así como la carencia de un presupuesto claro que permita su viabilidad.

CAUSA PROFUNDO MALESTAR a los pueblos indígenas que el Gobierno Nacional evada su responsabilidad frente a los costos que implica para el país la radicación de proyectos inconsultos en el Congreso de la República, que posteriormente son declarados inexequibles por la Corte Constitucional; los costos ambientales, humanos y económicos que genera la expedición por parte del Ministerio del Interior de certificaciones en donde se afirme que en territorios específicos no hay asentamientos indígenas, cuando por el contrario, existen incluso actos administrativos constituyendo ese mismo territorio en Resguardo Indígena; las asesorías a empresas que afirman que a pesar de estar interesados en adelantar proyectos en territorios indígenas no requieren consulta previa, y, por lo tanto dichos territorios deben ser protegidos vía acción de tutela ante la jurisdicción constitucional; las demoras del Gobierno Nacional para radicar los proyectos de ley, exigiendo que sean consultados en un tiempo que desconoce las reglas establecidas vía jurisprudencia constitucional sobre la materia.

Con esta cruzada se han enfocado en INVISIBILIZAR nuestra BUENA FE y VOLUNTAD POLÍTICA para consultar, concertar y permanecer en los espacios de diálogo a pesar de las acciones desconocedoras del Gobierno Nacional frente a la situación de los Pueblos Indígenas colombianos, que incluye amenazas de grupos armados al margen de la ley y se retrasen las agendas propias de las organizaciones.

Por lo anterior Señor Presidente y Ministros, los delegados indígenas EXIGIMOS:

1.    DETENER la campaña mediática de estigmatización y descontextualización del derecho fundamental a la consulta previa frente a la opinión pública.

2.    RETRACTARSE en los mismos medios de comunicación sobre los señalamientos contra las autoridades indígenas, incluyendo las manifestaciones de sus funcionarios mediante las cuales se afirma que los pueblos indígenas retrasan  y obstaculizan el desarrollo del país  

3.    ACLARAR que las rutas metodológicas para adelantar los procesos de consulta previa son concertadas previamente con el Gobierno Nacional y no obedecen a un capricho de las autoridades indígenas.

4.    RECALCAR la voluntad política de los pueblos indígenas para adelantar diálogos permanentes con el Gobierno Nacional

5.    ADELANTAR una campaña de conocimiento y sensibilización frente a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas con los funcionarios del gobierno con responsabilidades en cuestiones indígenas

6.    INDIVIDUALIZAR y sancionar por discriminación y racismo a los funcionarios públicos que han adelantado esta propaganda en contra de las autoridades y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y de su derecho fundamental a la consulta previa, al señalar a las autoridades indígenas de “inescrupulosas” “caprichosas” y “vivas”, y al ejercicio del derecho a la consulta previa como un estorbo al desarrollo del país.