La falta de garantías en materia de seguridad para la no repetición de los crímenes, para la desarticulación de las mafias que se lucran con la tierra despojada y para la implementación de un proyecto de vida digno y justo que logre, dentro de un modelo de justicia restaurativa, asegurar el retorno de las familias desterradas al campo en condiciones mejores a las pérdidas a causa de la violencia, podría conllevar a una nueva forma de revictimización
Por Maureén Maya
Periodista e investigadora social
El pasado 4 de diciembre, el presidente Juan Manuel Santos denunció nuevas amenazas contra líderes campesinos y señaló que una ‘mano negra’, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, intenta obstaculizar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras[1], con el fin de evitar que las víctimas regresen a sus tierras. Luego anunció la puesta en marcha de la misma y cuestionada estrategia empleada por su antecesor: crear una red de informantes y pagar recompensas de hasta 10 millones de pesos para quienes entreguen información sobre los responsables de las intimidaciones[2].
El tema no era nuevo. Desde tiempo atrás las organizaciones sociales, las víctimas y algunos periodistas venían denunciando los asesinatos sistemáticos de líderes campesinos que intentaban recuperar sus tierras; abogados, defensores de derechos humanos, líderes sociales, analistas políticos y hasta representantes del Clero, no han cesado en sus denuncias ni en sus exigencias de protección para las víctimas.
Ya el 5 de febrero de 2011, la Corporación SISMA MUJER y el Observatorio de los “Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia en situación de desplazamiento forzado”, denunció un incremento en las amenazas contra lideresas, líderes sociales y miembros de organizaciones de derechos humanos y los asesinatos selectivos contra reclamantes de tierras. “La gravedad y sistematicidad de las amenazas y ataques en contra de la población en situación de desplazamiento, y en particular de los hombres y mujeres que ejercen el liderazgo a favor de la protección de sus derechos afecta de manera profunda los procesos de empoderamiento político y exigibilidad de derechos como lo ha reconocido la Corte Constitucional de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-”[3]
“Escuchamos con mucha atención sus preocupaciones, –afirmó el presidente Santos- están denunciando que hay amenazas contra algunos voceros de los campesinos que están reclamando tierras. Inclusive (hay) algunas denuncias de asesinatos de algunos (sic) de esos dirigentes, cosa que nos preocupa enormemente”, precisó el Jefe de Estado. 
No son pocas las víctimas que han caído acribilladas en su valiente lucha por recuperar lo que les fue arrebatado, y no se trata de algunas denuncias como sostiene el mandatario; lo que se revela acá, es la existencia de una estrategia criminal, a través de la cual se pretende evitar la devolución de tierras que pertenecen a miles de familias desterradas y desplazadas con violencia. Se trata de garantizar (mediante la parálisis judicial, la propagación del miedo, el terror y las indebidas presiones políticas) que muchas de estas tierras sigan siendo usufructuadas por empresarios sin escrúpulos que, en algunos casos, se han valido de testaferros para apoderarse y lucrarse económicamente de miles de millones hectáreas de tierra. Según lo determinó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en la III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada 2010, el total de tierras despojadas o abandonadas entre los años 1980 y julio de 2010 es de cerca de 6,6 millones de hectáreas, sin contar los territorios colectivos; cifra equivalente al 12,9% de la superficie agropecuaria del país. Este masivo despojo o abandono forzado de tierras ha afectado a cerca de 434.099 grupos familiares[4]
El problema de la tenencia de la tierra, de la poca democratización para su acceso y la precariedad del campo, no son tampoco asuntos nuevos en el país; como tampoco lo son las acciones criminales que han emprendido sin tregua las eufemísticamente denominadas “manos negras” en Colombia, que, como señaló en días pasados alguien en FB, “cada vez que se habla de "mano negra" uno piensa en familias bien blanquitas. 
La apuesta de impulsar e implementar una Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, con todas las falencias que pueda tener y sus graves retrocesos, muchos de los cuales ya vienen siendo objeto de demandas ante la Corte Constitucional, no es una labor sencilla, eso se sabe y se sabía de tiempo atrás, pero cuando el Gobierno Nacional decide darle fuerza a esta iniciativa que durante años fue luchada por las organizaciones sociales y los movimientos de víctimas, es porque cuenta con los recursos financieros, humanos y con la voluntad necesaria para llevar a buen término su aplicación. Proponer un plan de restitución de tierras que pretenda desconocer la realidad de violencia y marginalidad en el campo, el poder mafioso que a través de alianzas políticas se ha consolidado para beneficio de fuertes empresarios que se valen del terrorismo y el accionar criminal de los grupos paramilitares en asocio con agentes del Estado, es apostarle a un fracaso de enormes costos y graves consecuencias sociales, económicas, históricas y políticas. La ausencia de garantías para el retorno y la devolución de las tierras podría llevar a una revictimización de las víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado; no sólo se estarían generando falsas expectativas en millones de colombianos que ansían recuperar su proyecto de vida abortado a causa de la violencia; poder superar -mediante una acción ejemplar de la justicia que revele toda la verdad acerca de lo sucedido y sancione a los victimarios intelectuales y materiales- el sufrimiento y los daños padecidos, sino que se estaría declarando, implícitamente, la incapacidad del Estado de cumplir con sus mandatos constitucionales. Estaría, ni más ni menos, que enunciando la supremacía de un poder mafioso en Colombia sobre el Estado Social de Derecho.
El Gobierno Nacional también propuso en marzo de 2011 la creación de un Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2-RT) mediante la implementación de una mesa de trabajo integrada por los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia e instituciones gubernamentales; con el fin de garantizar la protección y la seguridad del proceso de restitución de tierras, que hasta le fecha no han sido garantizadas. Esta propuesta si bien fue acogida con optimismo por algunos sectores, en otros ha generado reticencia, pues justamente algunos de quienes integran estos llamados organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, además de haber sido proclives al soborno y haber beneficiado a los victimarios, se han convertido en parte activa de esas mafias que intentan obstaculizar el proceso de restitución de tierras. 
Carmen Palencia, de la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras de Urabá y directora de la organización ‘Tierra y vida’, declaró que “Desde hace más de un año, cuando murió ‘Colombia’ (Albeiro Valdés Martínez, miembro de la Asociación de Víctimas para la restitución de tierras y bienes- ASOVIRESTIBI- asesinado el 11 de mayo de 2011), hemos pedido por diferentes medios y ante diferentes instancias que se conforme una comisión especializada donde se haga investigación de los casos de atentados y amenazas de las que hemos sido víctimas quienes buscamos que se nos regresen nuestras tierras” [5]. Sin embargo, la creación de esta Comisión que seguramente, en algo aportará a la resolución de la crisis, sigue siendo insuficiente.La semana pasada, el Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, Cristian Salazar, hizo un llamado al Gobierno para proteger a las víctimas y a sus representantes señalando que parte de esa protección es no estigmatizarlos.
"Vemos con gran preocupación que en los últimas días y semanas (se han dado) intentos de desprestigiar y estigmatizar a las víctimas y sus organizaciones, esto a raíz de la implementación del Ley de víctimas y restitución de tierras. Es importante que el país se dé cuenta que hay gente que ha sufrido mucho y las que se les ha arrebatado millones de hectáreas por lo que tienen derecho a reclamar sus tierras", sostuvo Salazar.[6] “El mensaje que queremos dar, claro y contundente, es que el Gobierno no va a permitir que los enemigos, o bien de la extrema derecha o bien de la extrema izquierda, de la restitución de tierras, de la reparación a las víctimas, se salgan con la suya” [7], declaró el presidente Santos.
Mientras se debate cuál será la mejor estrategia para evitar los asesinatos, las desapariciones, las persecuciones, las estigmatizaciones, las torturas, los falsos judiciales, el continúo robo y expropiación de tierras, el oportunista desarrollo de megaproyectos y de siembra de palma en tierras despojadas a punta de terror por parte de reconocidos empresarios y politiqueros; en los campos desolados y sitiados por el miedo y la violencia se siguen recogiendo los restos de cientos de víctimas anónimas por las que la sociedad no marcha y la justicia no responde.Pedro Murillo, líder de las comunidades desplazadas de Curvaradó y Jiguamindó, asesinado en enero de 2005 en el Chocó; Martha Aguirre, líder de la Asociación de Desplazados de Apartadó (Asocodea), asesinada en febrero de 2005 en Antioquia; Giovanny Montoya, líder de la Asociación de Desplazados de Apartadó, asesinado en febrero de 2005 en Antioquia; Orlando Valencia, líder comunitario de Curvaradó, asesinado en octubre de 2005 en el Chocó; Eislen Escalante Pérez, líder de la Asociación de Desplazados Víctimas del Sistema por una Colombia Nueva, asesinado en octubre de 2005 en Atlántico; Alfonso Ibáñez, líder de las comunidades desplazadas de Curvaradó y Jiguamindó, asesinado en enero de 2006 en el Chocó; Óscar Cuadrado, líder de la Asociación de Desplazados en el departamento, asesinado en noviembre de 2006 en La Guajira; Yolanda Izquierdo, líder de la Organización Popular de Vivienda, asesinada en enero de 2007 en Córdoba; Freddy Abel Espitia, presidente del Comité de Desplazados de Cotorra, asesinado en enero de 2007 en Córdoba; Valdiris Padrón, líder de desplazados de Pueblo Nuevo de Necloclí, asesinado en febrero de 2007 en Antioquia; Osiris Jacqueline Amaya Beltrán, maestra wayúu, defensora de desplazados, asesinada en marzo de 2007 en La Guajira; José Guillermo Sosa, líder de la población desplazada asentada en Buenaventura, asesinado en mayo de 2007 en el Valle del Cauca; Luis Miguel Gómez Porto, líder de desplazados de los Montes de María, asesinado en mayo de 2007 en Sucre; Francisco Puerta, líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, asesinado en mayo de 2007 en Antioquia; Manuel López Ayala, dirigente de la Organización de Personas en Condición de Desplazamiento (OPD), asesinado en junio de 2007 en Bolívar; Dairo Torres, coordinador de la zona humanitaria de Alto Bonito, asesinado en julio de 2007 en Antioquia; Miguel Orozco, líder de desplazados de Tumaco, asesinado en agosto de 2007 en Nariño; Julio César Molina, de la Fundación Nuevo Amanecer de los desplazados de Cartago, asesinado en mayo de 2008 en el Valle del Cauca; Azael Hernández Bedoya, líder de 27 familias guardabosques en Tierralta, asesinado en junio de 2008 en Córdoba; Martha Cecilia Obando, presidenta de la Asociación de Mujeres Desplazadas (Asodesfran), asesinada en junio de 2008 en el Valle del Cauca; Alexánder Gómez, líder de la Legión del Afecto-Retorno, asesinado en julio de 2008 en Antioquia; Juan Jiménez, líder de los desplazados, asesinado en julio de 2008 en Antioquia; John Correa, del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), asesinado en julio de 2008 en Caldas; Walberto Hoyos Rivas, líder de la comunidad de Curvaradó, asesinado en octubre de 2008 en el Chocó; Benigno Gil, presidente de la Mesa Nacional Campesina, asesinado en noviembre de 2008 en Antioquia; Carlos Cabrera, líder de la Asociación de Desplazados de Arauquita, asesinado en noviembre de 2008 en Arauca; Jaime Antonio Gaviria, líder de la Mesa Nacional Campesina, asesinado en diciembre de 2008 en el Chocó; Geler Uberne Cruz, Líder de Organización de Personas Desplazadas-OPD,asesinado el 27 de diciembre de 2008 en Arauca; Alejandro Pino Medrado, líder de población desplazada en proceso de reclamación de tierras en Turbo, asesinado en febrero de 2009 en Antioquia; Ana Isabel Gómez Pérez, presidenta del Comité Municipal de Familiares Víctimas del Conflicto Armado (Comfavic), asesinada en abril de 2009 en Córdoba; Antonio Blandón, dirigente de Afrodes, asesinado en junio de 2009 en Bolívar; José Betancourt, miembro de la Asociación Campesina del Bajo Cauca antioqueño (Asocbac), asesinado en julio de 2009 en Antioquia; Jesús Guachetá Morales, líder indígena, asesinado en mayo de 2009 en Cauca; Guillermo Antonio Ramos, líder de población desplazada en proceso de reclamación de tierras de 80 familias, asesinado en julio de 2009 en Córdoba; Alberto Manuel Pastrana, miembro del Comité de Familiares Víctimas del Conflicto Armado (Comfavic), asesinado en octubre de 2009 en Córdoba; Sori Valenzuela Cobo, Presidente Junta Acción Comunal, vereda Buena Vista asesinado el 25 de mayo de 2009 en el Cauca; Albeiro Valdés Ramírez, líder de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras, asesinado en mayo de 2010 en Antioquia; Rogelio Martínez, líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, asesinado en mayo de 2010 en Sucre; Alexánder Quintero, coordinador de la Asociación de Víctimas de la Masacre de El Naya, asesinado en mayo de 2010 en Cauca; Luis Alfonso Socarrás, líder wayúu, asesinado en julio de 2010 en La Guajira; Jair Murillo, líder de la población desplazada, Afrodes, asesinado en julio de 2010 en el Valle del Cauca; Beto Ufo Pineda, líder de la Organización Nueva Florida, asesinado en agosto de 2010 en Cauca; Álvaro Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartadó, asesinado en agosto de 2010 en Antioquia; Ramiro Inampuez, líder indígena por la restitución de tierras de su cabildo, asesinado el 28 de agosto de 2010 en Nariño; Hernando Pérez, dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá, asesinado en septiembre de 2010 en Antioquia; Édgar Bohórquez, presidente de la Asociación de Desplazados Unidos del Sarare (Asodus), asesinado en septiembre de 2010 en Arauca; Fernando Enamorado de la Asociación de Víctimas de Urabá para la restitución de tierras y Bienes de Urabá-Asovirestibi- asesinado el 25 de octubre de 2010 en Antioquia; Óscar Manuel Maussa, líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet, asesinado en noviembre de 2010 en Bolívar; Argenito Díaz, líder de campesinos desplazados de Curvaradó, asesinado en enero de 2010 en el Chocó; Yonnel Delgado Villamil, miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, asesinado en enero de 2011 en el Tolima; José Alfonso Delgado Villamil, miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, asesinado en enero de 2011 en el Tolima; Andrés Alfonso Arenas Buelvas, miembro de la Fundación Nuevo Amanecer, asesinado en enero de 2011 en el Tolima; Éder Verbel Rocha, líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), asesinado en marzo de 2011 en Sucre; David de Jesús Góez, líder de restitución de tierras en Urabá, asesinado en marzo de 2011 en Antioquia[8]; Nayibis María Centeno de la Cruz, Representante Legal de la Asociación de Desplazados del Corregimiento de la Mesa y miembro de la Mesa Departamental de Fortalecimiento de Población Desplazada del Cesar, asesinada el 11 de abril de 2011 en el Cesar; Ana Fabricia Córdoba, de Ruta Pacífica de las Mujeres asesinada el 7 de junio de 2011 en Antioquia; William Andrés Álvarez Orosco, Líder comunitario, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Porvenir asesinado el 7 de abril de 2011 en Antioquia; Fredy Jiménez, Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda las Acacias y líder de ASOCBAC, asesinado el 23 de noviembre de 2011 en Antioquia; la lista continúa, continúa y continúa; son millares las víctimas que han sido asesinadas durante los últimos años y cuyos crímenes siguen en la impunidad.
El Estado debe cumplir con lo ordenando por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- asignando las medidas provisionales y cautelares que corresponden y garantizando la protección de todas las víctimas, de los desplazados y de quienes integran las organizaciones sociales. Para que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras trascienda el papel y las buenas intenciones, el Gobierno Nacional debe garantizar, como se afirma en el Artículo 1º de la Ley, “el goce de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”.
Ley 1448 de 2011: Artículo 31. Medidas Especiales de Protección: Las autoridades competentes deberán adoptar medidas de protección integral a las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras…
Parágrafo 2º. Teniendo en cuenta que los procesos de reparación judicial y administrativo pueden representar un riesgo especial para las víctimas y los funcionarios públicos que intervienen en estas actuaciones, se deberán establecer medidas de prevención suficientes para mitigar esos riesgos, para lo cual se tendrá en cuenta la información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo si es del caso. Especialmente, en aquellos municipios en donde se estén adelantando procesos de restitución, las alcaldías deberán formular estrategias de seguridad pública de manera conjunta con el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de prevenir afectaciones a los derechos de las víctimas, sus representantes, así como de los funcionarios. “
NOTAS AL PIE:
[1] En El Espectador; “Mano negra amenaza proceso de restitución de tierras: Santos”. Sección judicial. Bogotá, diciembre 4 de 2011.
[2] Ídem
[3] Sisma Mujer; “Nuevas amenazas contra lideresas en situación de desplazamiento forzado y organizaciones defensoras de sus derechos”. Bogotá, febrero 5 de 2010
[4] Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada 2010. Resumen de Resultados Preliminares en Materia de Bienes Rurales. Bogotá, octubre de 2010.
[5] EN Revista Semana; “CI2-RT, la estrategia para proteger a quienes intentan recuperar sus tierras”. Sección Nación. Bogotá, marzo 16 de 2011.
[6] EN Caracol Radio; “ONU pide al Gobierno proteger a las víctimas de restitución de tierras y no estigmatizarlas”. Diciembre 6 de 2011
[7] En El Espectador; “Mano negra amenaza proceso de restitución de tierras: Santos”. Op Cit
[8] En Revista Semana; In Memóriam. Mártires. Bogotá, mayo 28 de 2011.
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