Manifestamos nuestra seria preocupación por la persistencia reiterada y sistemática de la desaparición forzada en el contexto del conflicto armado y de la violencia sociopolítica, y el incremento de denuncias y casos en varias regiones del país.
De acuerdo al SIRDEC entre el 7 de agosto 2010 y el 10 de noviembre 2011, periodo del actual Gobierno se han registrado 287 personas desaparecidas forzadamente de las cuales 223 siguen desaparecidas. [1]
Sólo en este periodo han sido desaparecidos 8 defensores de derechos humanos, entre los cuales se cuenta la desaparición de Eberto González Hoyos, líder afrodescendiente reclamante de tierras en el Curvaradó, Chocó ocurrido el 23 de julio a manos de grupos paramilitares; la desaparición del abogado defensor de víctimas de los paramilitares Enrique Salazar Contreras, mientras se desplazaba de Bogotá a Zipaquirá y la desaparición de 3 líderes de la Mesa de Concertación de Tierras del Departamento del Tolima Andrés Alfonso Arenas Buelvas y los hermanos Yonnel y José Alfonso Delgado Villamil, desaparecidos el pasado 23 de diciembre de 2010 y hallados asesinados a comienzos de enero de este año [2]
De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda hay un registro de 61.311 desapariciones, de las cuales 16.554 son desapariciones forzadas, y 15.750 personas siguen desaparecidas [3], entre ellas más de 6.000 mujeres y niño/as [4]
Preocupa aún más esa magnitud de desapariciones teniendo en cuenta un subregistro grande en esos casos y la falta de un diagnóstico oficial sobre cuantas personas desaparecidas hay en Colombia. En este sentido urgimos a las entidades colombianas de retipificar los casos de desapariciones que antes del 2000 fueron erróneamente tipificados como secuestro. Sólo con un diagnóstico acertado Colombia puede diseñar una política pública para la prevención, investigación y sanción de ese crimen de Lesa Humanidad así como avanzar en la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas.
Preocupa sumamente la grave situación de miles de personas no identificadas en el país. Es indispensable el esclarecimiento de su situación, de la ubicación y protección de las múltiples fosas individuales, comunes, en cementerios oficiales o sitios clandestinos. Para que el Estado colombiano cumpla sus obligaciones internacionales y con las víctimas es igualmente necesaria la ubicación, identificación y devolución digna de los restos a sus familias con respeto al debido proceso y el respeto del derecho de los familiares a la participación.
Llamamos al Gobierno colombiano a cumplir las recomendaciones de las diversas instancias internacionales así como incluir en la política pública los estándares recogidos en el “Consenso mundial de principios y normas mínimas de trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigación forense para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y arbitrarias” resultado del proceso de consulta a más de 150 organizaciones de familiares, acompañantes, expertos legales, psicosociales y forenses, organismos internacionales como el CICR y NNUU así como dos congresos mundiales, el último en abril 2010 en Bogotá.
A pesar de la existencia de un marco legal avanzado sobre desaparición forzada se encuentran problemas en la implementación de varios de los mecanismo por la negligencia de funcionarios públicos y fuerzas militares, se destaca la ausencia de efectividad del Mecanismo de Búsqueda Urgente, la falta de aplicación del Plan Nacional de Búsqueda en la mayoría de los casos y la impunidad casi absoluta en los casos de desapariciones forzadas.
Rechazamos la iniciativa del Gobierno del Presidente Santos de reformar la Constitución Política para consagrar una ampliación irrestricta del fuero militar a todas las actuaciones desarrolladas por miembros de la Policía y las Fuerzas Militares, entendiéndolas siempre como “actos del servicio” y desplazando la competencia de la Justicia Ordinaria para adelantar las primeras diligencias cuando se cometan acciones en que civiles resulten muertos o sometidos a desaparición, y para investigar los crímenes contra los civiles perpetrados por miembros de los organismos de seguridad, asegurando que solo funcionarios de la Justicia Penal Militar puedan conocer de estos delitos.
No obstante, es un retroceso enorme frente a las salvaguardas para luchar contra las desapariciones forzadas logradas en el pasado, que la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana, haya reinstalado en la legislación colombiana la autorización a los organismos de seguridad del Estado para realizar allanamientos de domicilios en horas de la noche, lo que abre una vía peligrosa para la comisión de desapariciones forzadas, amparando a sus perpetradores con la protección de la oscuridad y la ausencia de testigos presenciales, poco probables a altas horas de la noche, y máxime cuando se autoriza que estos procedimientos se puedan llevar a cabo sin la presencia de delegados del Ministerio Público, y aún sin el requisito de orden judicial.
En la Ley de Víctimas, las desapariciones forzadas lamentablemente no fueron consideradas seriamente, como tampoco en el actual borrador de Decreto Reglamentario que el Gobierno nacional presentará en diciembre de 2011, el cual la contempla sólo en uno de sus 339 artículos, dejando de lado el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de las víctimas y su recuperación si están inhumadas como N.N. Muestra de la ausencia de una voluntad política a favor de estas víctimas fue la eliminación de una Comisión de la Verdad incluida en el proyecto Ley de víctimas en diciembre de 2010, pero erradicada y reemplazada por la Ley 1424 que aprobó un mecanismo de “contribución a la verdad” para conceder beneficios a paramilitares desmovilizados.
Por lo anterior, solicitamos al señor Presidente de la República que:
1. Condene clara y públicamente como jefe de Estado y jefe de las fuerzas militares los cuestionamientos de funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas militares o de policía que apuntan a legitimar desapariciones forzadas como sucedió en el caso del Palacio de Justicia con los recientes afirmaciones del General Navas, comandante general de las fuerzas militares de Colombia en favor del Coronel retirado Plazas Vega rindiendo honor a una persona condenada por desapariciones forzadas interfiriendo además en la independencia de la justicia [5].
Es indispensable un respaldo decidido a la labor legítima de exigencias de sus derechos a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral de las familias y acompañantes de personas desaparecidas forzadamente.
2. Usted como presidente de la República acepte la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas creado por la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y ratifique plenamente este tratado internacional. Apoyamos decididamente la petición de audiencia presentada el 16 de noviembre por 17 organismos de familiares de víctimas de desaparición forzada de distintas regiones del país, mesas y redes que las apoyan y el Dr. Iván Cepeda y hacemos un llamado a Usted para que sean recibidas y escuchadas en su despacho.
3. Usted y su Gobierno no presente ni apoye ningún proyecto legislativo que permita la ampliación incondicionada del fuero militar a la investigación de todo tipo de acciones de miembros de las Fuerzas de Seguridad, que pudieran amparar con la impunidad, casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.
4. Su Gobierno tomará las medidas necesarias para derogar el parágrafo del artículo 50 y el artículo 51 de la Nueva Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza los allanamientos domiciliarios en horas de la noche a miembros de los organismos oficiales de seguridad, sin el control de la presencia de la Procuraduría y con la excepción de orden escrita de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto representa un grave retroceso en las medidas que salvaguardan la prevención de la ocurrencia de desapariciones forzadas, fenómeno que en Colombia es una práctica generalizada que ha afectado a decenas de miles de ciudadanos, sino que constituye uno de los delitos más graves en los que frecuentemente se han visto comprometidos miembros de la fuerza pública en este país.
5. Su Gobierno incluya en sus propuestas para implementar el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos financieros suficientes para que se desarrolle una política pública coherente de prevención, y de investigación y sanción de los responsables de la desaparición forzada, de la búsqueda de las personas desaparecidas, su exhumación, identificación y entrega digna. Así mismo los recursos financieros, personales y técnicos necesarios para la labor de campo en los cementerios y otros sitios donde se encuentran personas desaparecidas y/o no identificadas.
6. Su Gobierno deben garantizar inequívocamente la participación de las víctimas en la reglamentación de la ley de víctimas y el Plan Nacional de Atención y Reparación e incluir:
a) Medidas de Satisfacción, para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, necesarias en este delito como la Creación del Grupo de Trabajo Técnico de policía Judicial para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.
b) Medidas de Restitución del derecho a la identidad como la propuesta de un Programa para la ubicación y recuperación de las víctimas de desaparición forzada de cementerios y otros lugares de inhumación y
c) Garantías de no repetición, para la verificación de los hechos y difusión de la verdad completa como lo manda explícitamente la Ley 1448/11, para las víctimas de desaparición forzada como la creación de una Comisión Especial de investigación de la situación de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada.
7. Su Gobierno cumpla con lo ordenando por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a las medidas provisionales y cautelares de las organizaciones que trabajan sobre desapariciones forzadas, así como garantice la protección de los familiares y organizaciones contra los hostigamientos, amenazas, seguimientos y señalamientos realizados por miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares, entre otros reconociéndolos como defensoras y defensores de derechos humanos.
Mesa de Trabajo sobre desaparición forzada de la Coordinación-Colombia-Europa-Estados Unidos
Ver el pronunciamiento en:
Notas al pie:
[1] Información suministrada del INMLCF el 11 de noviembre 2011.
[2] A estos casos se suman los de Sandra Viviana Cuéllar Gallego, defensora de derechos ambientales quien desapareció el día jueves 17 de febrero, en la ciudad de Cali y el de los esposos y líderes comunitarios del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cajambre Ana Julia Rentería y Miguel Santos Rentería Caicedo desaparecidos el miércoles 02 de marzo del 2011, en la vereda Guayabal del Río Cajambre en Buenaventura, Valle del Cauca. Acción Urgente Campaña Nacional e Internacional por el derecho a defender los derechos humanos; en http://www.colombiadefensores.org/n...
[3] Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, consultada 15 de septiembre 2011. http://www.comisiondebusqueda.com/m...
[4] Christian Salazar, Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el seminario Nacional LA protección de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito nacional e internacional; Bogotá, 23-24 de mayo 2011.
[5] Entrevista a YAMID el 14 de septiembre: Plazas Vega “defendió la democracia en su momento, un hombre que los militares de Colombia lo apoyamos, por espíritu de cuerpo, por dignidad". "Nosotros apoyamos al señor coronel, tenemos en nuestro fuero interior, en nuestro interior, que él es inocente".
Nota publicada en
http://www.colectivodeabogados.org/Incremento-de-denuncias-de
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