Confesión sin confusión

Por Gustavo Gallón. Presidente de la CCJ

Treinta y ocho defensores de derechos humanos (33 hombres y 5 mujeres), por lo menos, han sido asesinados o desaparecidos forzadamente durante el primer semestre de este año: más de seis personas cada mes, en promedio. Las autoridades y la opinión pública no se escandalizan por ello.

Once de estas víctimas eran líderes indígenas, como Jorge Mejía Estrada y cuatro zenúes más, asesinados en Zaragoza (Antioquia), presuntamente por "los Rastrojos", entre el 24 y el 26 de junio. Otras nueve eran líderes campesinos, siete de ellos reclamantes de tierras usurpadas, como Martha Gaibao, asesinada en su casa en Ayapel (Córdoba) el 27 de abril. Cuatro más eran dirigentes de acción comunal, como Luz Mery Roa, vicepresidenta de junta en San Miguel (Putumayo), masacrada el 11 de febrero junto con cuatro personas, presuntamente por paramilitares. Tres víctimas eran activistas afrocolombianos, como José Francisco Valdiri, líder comunitario de Curbaradó (Chocó), asesinado a garrotazos junto a otros dos familiares el 16 de mayo, presuntamente por paramilitares.

También han sido víctimas tres activistas sobre recursos naturales, como Sandra Viviana Cuéllar, ambientalista, desaparecida camino a Palmira el 17 de febrero; dos líderes del movimiento de víctimas, como Éder Verbel Rocha, el 23 de marzo en San Onofre, por dos presuntos paramilitares capturados y luego dejados en libertad; dos miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como Bernardo Ríos Londoño, el 23 de marzo; dos dirigentes estudiantiles, como Carlos Andrés Valencia, el 14 de marzo en Medellín; un defensor público de la Defensoría del Pueblo, abogado de víctimas del bloque paramilitar de "el Alemán", el 7 de marzo en Itagüí; John Edison Ramírez, activista LGTB, el 17 de marzo, en zona rural de Pasto [1].

Una de estas treinta y ocho víctimas se atribuye a las Farc: Crisanto Tequia Teragama, quien se había opuesto al reclutamiento forzado de indígenas, encontrado muerto el 26 de febrero en Bagadó (Chocó). En cinco casos hay indicios que permiten sospechar de la fuerza pública. En nueve casos se presume la autoría de paramilitares.

En vez de acrecentar los ataques a defensores de derechos humanos con más estigmatizaciones, a partir de la todavía inexplicable confesión de una persona que por años fue considerada por el Estado como damnificada por la masacre de Mapiripán sin serlo, las autoridades deberían esclarecer y sancionar sin aspavientos el eventual engaño, así como garantizar justicia en relación con graves violaciones, como estas treinta y ocho muertes y desapariciones, y sobre todo prevenir la ocurrencia de más asesinatos, desapariciones y amenazas por cualquier motivo. No proceder así es confundir o distraer la atención en relación con la gravedad de la situación de derechos humanos y con el notorio incumplimiento de la obligación de proteger el derecho a la vida en Colombia.

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