La desoladora geografía del campo

Por: Camila Osorio Avendaño. Para la Silla Vacía.  Septiembre 28 de 2011

Hoy el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) entregó al gobierno su informe de desarrollo humano que esta vez será sobre tierras. El PNUD viene trabajando en él desde 2009 y es semejante en su ambición al que sacó a comienzos del gobierno de Uribe sobre el conflicto armado que se llamó "Callejón con Salida",  y que fue una referencia fundamental para los interesados en el tema de la guerra.

Este informe sobre la problemática rural, liderado por el investigador Absalón Machado, no solo es una radiografía sobre la tenencia de la tierra en Colombia. También plantea unas propuestas para el campo que van mucho más lejos de lo que ha propuesto el Gobierno: propone una verdadera reforma agraria para todos los campesinos.

Los investigadores del Pnud elaboraron este informe con información oficial y con entrevistas a líderes gremiales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y académicos de once regiones del país. Su análisis deja un panorama desolador: concentración muy alta de la tierra, debilidad institucional para abordar los problemas del campo, nivel de vida preocupantemente bajo, capacidad limitada de organizar los mercados. Básicamente, la conclusión del estudio es que el modelo de desarrollo rural colombiano es un fracaso. Y que todos los problemas del campo siguen no solo sin ser resueltos sino que algunas de las propuestas nuevas como la de la locomotora de la minería generarán nuevos conflictos rurales.

Aún así, el informe tiene como título ‘Razones para la esperanza’ porque su aspiración es que éste, en manos del Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, permita al Gobierno incluir en la ley agraria que está preparando soluciones para ocho puntos críticos que vive la Colombia rural.

Los datos que entrega el Pnud al Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo vienen por municipio. En estos mapas elaborados por La Silla Vacía con esa información se ve claramente cuáles son los municipios que se han mantenido en el olvido, y que por lo tanto, son más vulnerables a la violencia, al cambio climático, a la debilidad institucional y en general, a un menor desarrollo humano. Estos mapas permiten ver la brecha enorme que existe aún entre lo urbano y lo rural y la geografía de uno de los problemas más profundos colombianos.

Colombia es más rural de lo que se cree

De acuerdo a las últimas encuestas del Dane, solo el 25 por ciento de los colombianos viven en zonas rurales. Pero este informe revela que el 32 por ciento de la población es rural.

Por lo general las encuestas del Dane identifican los municipios de forma tradicional: miran la cabecera y el ‘resto’ lo denomina rural. Los investigadores del Pnud fueron más lejos. Construyeron un Índice de Desarrollo Rural, en el que miran cada municipio estableciendo grados de ruralidad. Esto hace que municipios que el Dane cataloga como urbanos, por estar cerca de una ciudad, sean calificados con un indíce de ruralidad alto por el Pnud, porque social y económicamente dependen más del campo.

Para el Pnud, este tercio de la población colombiana vive en una superficie enorme del país. “Los resultados de esa medición indican que el 75,5 por ciento de los municipios colombianos son rurales; en ellos vive el 31,6 por ciento de la población y cubren el 94,4 por ciento de la superficie”, dice el informe.

El desarrollo humano es más bajo de lo pensado

Aunque el Índice de Desarrollo Humano (IDH) por lo general mide el acceso a educación y salud, y la longevidad de la población, los investigadores del Pnud -además de medir el IDH por municipio- calcularon un IDH teniendo en cuenta la concentración en la propiedad de la tierra, y la violencia (mirando la tasa de homicidios y el número de desplazados). Al tener en cuenta este IDH ajustado, la calidad de vida rural baja dramáticamente en departamentos como Arauca (8 puntos en una escala de 1 a 100), Casanare (7), Antioquia (6), Valle del Cauca (6) y Córdoba (6).

Y es evidente que la calidad de vida en el campo es inferior a la de la ciudad: en 2009, en las zonas rurales la pobreza extrema fue del 29,1 por ciento, mientras que en trece áreas metropolitanas fue del 7,1 por ciento.

La tierra está en pocas manos

Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el Mundo, con un Gini de 0,85 (1 querría decir que toda la tierra es de una sola personas). Esta cifra solo es superada por la de Brasil hace unos años, que en 2007 tenía una concentración de 0,87.

Mirando municipio por municipio, los investigadores del Pnud encontraron que 15,6 por ciento de los municipios tienen índices de Gini superiores a 0,8, y que en general se trata de municipio más urbanos, más densos y más cerca a las grandes ciudades. Entre los departamentos con mayor concentración están Antioquia, Risaralda, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba y Sucre.

Pero, además, la tierra tiende a estar cada vez más concentrada. Entre 2000 y 2009 esa fue la situación en 23 de los 32 departamentos, especialmente Antioquia, Caquetá, Putumayo, Chocó, Risaralda y Norte de Santander.

El cambio climático hace más vulnerable al campo

El cambio climático va a golpear a todo el país, pero quiénes se verán más afectados son quienes viven en las zonas rurales, cuyo ciclo de vida está más íntimamente ligado con la naturaleza. Los investigadores del Pnud creen que tanto las altas temperaturas (en los valles del Medio y Alto Magdalena) como la sequía por falta de lluvias -originadas en el cambio climático- golpean de forma más dramática al sector agropecuario. “El 47% de las áreas de economía campesina podrían sufrir gravemente por reducciones de las lluvias entre 2011-2040, especialmente en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Santander”, dice el informe.

Otro riesgo ambiental tiene que ver con el uso de los suelos. Actualmente, solo 4,9 millones de hectáreas tienen vocación agrícola, cuando el potencial es de 21,5 millones. En cambio, ya hay 5,8 millones de hectáreas dedicadas a la minería, y 31,6 millones dedicadas a la ganadería.

“La ganadería extensiva se expande a a costa de la deforestación”, dice el informe. Y muchas de las actividades mineras han puesto en riesgo ecosistemas estratégicos, como fuentes de agua, páramos y bosques.

No hay instituciones fuertes dedicadas al agro

Al medir la vulnerabilidad institucional, los investigadores tuvieron en cuenta la capacidad administrativa de los municipios y su desempeño fiscal. Además, tuvieron en cuenta las secretarias de agricultura departamentales, que “se llenan en general con cuotas burocráticas, y tienen pocos recursos y capacidad técnica”, dice el informe.

En los años 1990 y principios de la década de 2000, el sector vio fenecer buena parte de los programas institucionales creados en décadas pasadas o recientes (DRI, PNR, Umatas, Pronata), y asistió al deterioro del Incoder y el debilitamiento del Ministerio de Agricultura, dedicado especialmente a atender los empresarios, dice el informe.

El costo político de suprimir esos programas (DRI y PNR) y el Incora justo cuando el conflicto se intensificaba fue muy alto: ayudó a consolidar la desigual estructura agraria existente. Además, el Estado perdió liderazgo en el desarrollo rural por lo que el informe llama “improvisación, carencia de visión de largo plazo y de diagnósticos serios”.

Lo más difícil a la hora de construir una política pública agraria para todo el territorio nacional tiene que ver con la debilidad institucional en el tema de tierras. Las secretarías de agricultura departamentales se llenan en general con cuotas burocráticas, y tienen pocos recursos y capacidad técnica.

De acuerdo a una encuesta realizada en 2009 por Midas, programa de la AID para el desarrollo agrario en Colombia, en tres años, 44,7 por ciento de los pequeños productores del campo no recibieron asistencia técnica. Esta cifra es aún mas asombrosa dado que cubre el período cuando más plata se invirtió en el campo a través del polémico Programa Agro Ingreso Seguro.

Las tres instituciones que cuentan actualmente con la mayoría de los recursos destinados al tema de tierras son el ICA, el Incoder y el Ministerio de Medio Ambiente. Pero el uso de esos recursos también es objeto de debate. Más del 70 por ciento de la inversión del Incoder se dedica a adecuación de tierras y solo 19 por ciento a inversión en desarrollo rural. Eso muestra la reducción del interés en el desarrollo rural, pues entre 1990 y 1998, el 46 por ciento de los recursos estaban destinados a este fin.

Lo rural, lo más violento

Los investigadores del Pnud también construyeron un índice de vulnerabilidad por presencia de la violencia, teniendo en cuenta el número de homicidios, asesinatos políticos y masacres por municipio. Y allí también es evidente que son los pobladores rurales los más afectados por la violencia.

“Se encuentra que 18 de los 20 municipios con el promedio más alto de víctimas son rurales”, dice el informe. Igual sucede con las masacres: 10 de los 20 municipios con el más alto número de masacres están en el campo.

El informe denuncia que más de la mitad de las víctimas son comunidades afros y pueblos indígenas, a pesar de que no representan ni un tercio de la población. “Entre 2007-2009 aumentó en 49% el número de víctimas indígenas: 71 homicidios en 2008 y 106 en 2009. Entre 2002-2009, unos 74.000 indígenas fueron desplazados, individual y colectivamente. “Un fenómeno desproporcionado, comparado con el del resto de la población”, dice el informe.

Frente al despojo de tierras, los investigadores del Pnud establecen que son 6,6 millones de hectáreas abandonadas o despojadas por la violencia, y 3,6 millones de personas desplazadas en los últimos 13 años, de los cuales 64 por ciento son de zonas netamente rurales.

El informe indica que -si se acabara el conflicto armado- es probable que los despojos y abandonos violentos de tierras disminuyan, pero no van a acabar. “Si se dejan intactas las fuerzas del mercado, sin una regulación social y estatal, y si permanecen los incentivos para la acumulación y la avidez de rentas basadas en la propiedad de la tierra, estaríamos entrando a la fase del despojo en postconflicto”, dice el informe.

Los campesinos, más analfabetas y más pobres

Los investigadores también midieron la vulnerabilidad por capital humano. Es decir, midieron por municipio la tasa de analfabetismo, la tasa de desempleo, los ingresos, elementos fundamentales para el desarrollo y bienestar humano. Igualmente, las zonas rurales son las más afectadas.

“Más del 60% de la población rural en edad de trabajar solamente ha finalizado los niveles básicos de primaria, y como consecuencia, cerca de la misma proporción de la población percibe un ingreso por jornal inferior al salario mínimo”, dice el informe.

Las mujeres campesinas se llevan la peor parte

El índice de vulnerabilidad demográfica tiene en cuenta los hogares con jefatura femenina, con niños menos de 5 años y con adultos mayores de 65. De nuevo, los mayores índices de vulnerabilidad para estos hogares están en el campo.

Las mujeres del campo son víctimas de tres fuentes de discriminación. La primera, por ser campesinas son más pobres al igual que los hombres del campo. (En el mundo rural, la línea de indigencia ha sido más del doble en relación con la del mundo urbano).

La segunda, por ser mujeres tienen menos empleo que los hombres del campo. Las tasas de desempleo en el campo son tres puntos porcentuales por encima de las del promedio de las cabeceras municipales, y encima, las de las mujeres son peores que las de los hombres. De cada 100 mujeres en edad de trabajar, solo 28 consiguen empleo. Y en cuanto a la tenencia de la tierra, solo 26,5 por ciento de las mujeres que han sido desplazadas eran propietarias de su tierra, frente a 64,2 por ciento de los hombres.

Y la tercera, tiene que ver con la violencia física. El informe denuncia que 28,9 por ciento de las encuestadas en zonas rurales, que alguna vez tuvieron pareja, han sido víctimas de alguna forma de violencia física por parte de su esposo o compañero. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010, 8,8 por ciento de las mujeres del campo manifestaron ser violadas por sus esposos, 5,9 reconocieron haber sido víctimas de violación por una persona diferente.

La situación del campo es desoladora

Al integrar las vulnerabilidades reflejadas en los mapas anteriores, el Informe da cuenta que no solo los campesinos se han mantenido en el olvido sino que las políticas institucionales frente al campo han sido y son un fracaso. Son excluyentes, discriminatorias y poco efectivas para superar la alta concentración de la tierra, la desigualdad social entre el campo y la ciudad, y la violencia que nace en el campo y azota principalmente el campo.

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