El proyecto pasará a conciliación entre Senado y Cámara de Representantes y en menos de un mes podría ser sancionado por el presidente Juan Manuel Santos. Reconocerá la existencia del conflicto armado interno, pero consignó de forma expresa que los grupos armados ilegales no tendrán estatus de beligerancia.
Martes 24 Mayo 2011
Con amplia mayoría, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de Ley de Víctimas del conflicto armado, considerado por el Gobierno uno de sus proyectos bandera.
Contra todo pronóstico, y en casi nueve horas, el Senado estudió los 210 artículos (se incluyeron dos nuevos) que contempla la ley y que busca reparar a las víctimas del conflicto y restituir las tierras a los desplazados. Un universo de población que según estimativos preliminares del Gobierno podría concentrarse en casi cuatro millones de personas.
La Ley de Víctimas reconocerá la existencia de conflicto armado interno, pero consignó de forma expresa que los grupos armados ilegales no tendrán estatus de beligerancia.
Por el contrario, el texto estableció, gracias a una propuesta del partido de La U, que los actuales grupos insurgentes serán denominados “terroristas” y las Fuerzas Armadas tienen vía libre para combatirlos.
De esta forma se incluyó la tesis del presidente Juan Manuel Santos de reconocer el conflicto, pero a la vez la del expresidente Álvaro Uribe sobre que la ley de reparación no podría legitimar las acciones de grupos terroristas, como era su preocupación.
El debate definitivo
Durante el debate, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, envió una notificación al Senado en la que avalaba el proyecto y se ajustaba a “la disciplina fiscal vigente”.
Esa notificación fue clave para que los temores de algunos sectores sobre el impacto fiscal del proyecto fueran despejados.
Durante la prolija jornada, la plenaria del Senado rechazó 14 impedimentos de igual número de congresistas que consideraron tener conflicto de interés en el proyecto.
Luego de resolverlos, en casi cuatro horas se discutieron las dos ponencias. Una de ellas, la presentada por los partidos de la Unidad Nacional, a la que se sumaron el partido Verde y el PIN, fue aprobada de forma mayoritaria.
La ponencia alternativa, defendida por el Polo Democrático, fue derrotada, también de forma mayoritaria. Dicha ponencia pretendía hacer más de 105 ajustes al proyecto.
Entre las más significativas, el Polo insistía en que la Ley de Víctimas indemnizara a aquellos que hayan sufrido daño a sus derechos fundamentales y restituyera las tierras a quienes demostraran haber sido despojadas desde el 1 de enero de 1980.
Al ser derrotadas esas pretensiones, la ley dejó claro que sólo se indemnizarán por vía administrativa las víctimas del conflicto desde el 1 de enero de 1985 y se restituirán las tierras desde el 1 de enero de 1991.
La ley tendrá vigencia por diez años a partir del momento en que sea sancionada por el presidente Juan Manuel Santos.
Otra de las pretensiones derrotadas fue la que un sector cercano al uribismo intentó revivir, consistente en el debate sobre las víctimas de agentes del Estado.
La propuesta, que defendía el senador de La U Juan Carlos Vélez Uribe, pretendía establecer que sólo serían indemnizadas las víctimas de agentes del Estado mediante una sentencia judicial y no por la vía administrativa. El mismo argumento con el que la ley de víctimas se hundió en el 2009, a petición expresa del entonces presidente Álvaro Uribe.
Los ponentes acordaron con este sector del uribismo no incluir la proposición y el senador
Juan Carlos Vélez decidió retirar su controvertida propuesta.
El autor y ponente del proyecto, Juan Fernando Cristo (P. Liberal), quien dirigió el debate, calificó la jornada como “histórica” porque por primera vez en Colombia el Congreso legislaba en favor de los millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado.
Aunque el proyecto supera su debate definitivo, aún tiene una prueba de fuego, que es la conciliación con la Cámara de Representantes.
Fue precisamente en esa etapa de conciliación cuando esta iniciativa se hundió en el 2009. En ese entonces, la controversia sobre el reconocimiento a las víctimas de agentes del Estado y el costo fiscal para la Nación no fueron concertados. Una notificación del gobierno de entonces pidió el archivo de la iniciativa, como finalmente sucedió.
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