Solo hasta la noche de este martes el proyecto de ley de víctimas superó gran parte de sus sobresaltos. La decisión del Partido de la U de firmar la misma ponencia que ya habían suscrito las demás fuerzas políticas, le dio vía libre a un proyecto por el que tanto ha insistido el presidente Juan Manuel Santos.
La ponencia incluyó pocos ajustes del texto inicial que había diseñado el Gobierno. Y aunque algunos partidos, como el propio de la U y el Conservador, anunciaron un amplio debate que no descarta nuevas modificaciones, la iniciativa que busca reparar a las víctimas del conflicto y restituir tierras a los desplazados ya empezará su curso de cuatro debates.
Efraín Torres, ponente de la U, explicó que entre los cambios se fijó como tope de indemnización la cifra de 20 millones 600 mil pesos. Este partido había hecho varios reparos sobre la viabilidad fiscal del proyecto.
Artículo de Semana.com
Pero quizás una novedad que tranquilizó aún más a los ponentes fue que el texto, a última hora, incluyó sanciones penales para quienes quieran burlarse de la ley y acreditarse con falsos documentos para acceder a la reparación de las víctimas.
Los castigos van hasta de doce años de cárcel el fraude documental para aparecer como 'víctima' susceptible de ser reparada por el estado con base en la ley que se promulgue.
Esta puede ser una fórmula para evitar fraudes, aunque el texto contemplaba la creación de una comisión integrada por juristas de altas calidades que determinarían quiénes serían beneficiarios de la ley.
El representante Oscar Bravo, ponente del partido Conservador, también reconoció que l ponencia mantuvo como prioridad que los victimarios deben ser los primeros responsables de la reparación a las víctimas, y sólo en casos en que estos no tengan bienes, o les hayan sido decomisados, el Estado entrará a suplir la indemnización.
Otros ajustes al proyecto consisten en conceder la facultad discrecional a los concejos municipales para condonar las deudas que por impuesto predial puedan tener los terrenos que serán entregados a los campesinos dentro de la política de restitución de tierras.
La ponencia contempla también la creación de la Comisión de la Verdad, que durante tres años investigará la historia del conflicto desde 1991. Esa comisión estará integrada por cinco miembros designados por el Gobierno. Aún no hay consenso si entre este grupo estarán dos personalidades extranjeras.
Tras la firma de la ponencia, y si no existen nuevos obstáculos, el próximo martes se entrará a discutir el primer debate del proyecto al que el presidente Santos calificó como la deuda social con las víctimas y por el que aseguró “valdría la pena haber sido Presidente de la República”.
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