El presidente Juan Manuel Santos ha dicho de un solo proyecto que, si se aprueba, habrá valido la pena ser Presidente: la Ley de víctimas.
“Lo digo claramente: si logramos pasar esta ley, y cumplirla, en beneficio de todas nuestras víctimas, ¡si sólo hacemos esto!, habrá valido la pena para mí ser Presidente de la República, y para ustedes ser congresistas”, dijo el pasado 27 de septiembre cuando lo radicó.
Pero no es la única razón para pensar que ese proyecto tiene un especial significado para el Gobierno. La Ley de víctimas es el único proyecto que el mandatario, en persona, y en compañía de varios de sus ministros, radicó en el Congreso. Con este hecho, Santos no sólo demostró en qué lugar de la lista de prioridades del Gobierno está ese proyecto, sino que le envió un mensaje a su bancada: que debía acompañar la Ley de víctimas sin dilación y sin vacilación.
Artículo de Semana.com
¿La razón? El proyecto de Ley, a pesar de ser una iniciativa de carácter urgente para la sociedad colombiana, tiene muchos enemigos. Su aprobación requiere no solo de la voluntad política de algunos congresistas, sino de “un consenso nacional amplio”, como lo ha dicho Jorge Garay, investigador y director de la Comisión de Seguimiento a las políticas públicas sobre Desplazamiento Forzado.
Este miércoles, el senador liberal Juan Fernando Cristo (uno de los promotores del proyecto), en un foro organizado por la Revista Semana sobre restitución de tierras, alertó sobre la posible aparición de “enemigos” a proyectos como el de Ley de víctimas y el de restitución de tierras que intentarán meter “micos” y poner talanqueras a las iniciativas.
Cristo recordó que hace dos años, cuando cursaba un proyecto semejante para reparar a las víctimas -que después se hundió por orden del Gobierno de entonces-, un congresista le dijo: “De verdad, ¿ahora nos piensan quitar la tierrita?”.
El senador liberal le respondió: “a los que la adquirieron legalmente no. Los que deben tener miedo son los que la adquirieron de manera fraudulenta”. Con estas palabras ilustró, en parte, la dimensión de uno de los principales problemas que enfrenta la propuesta de garantizar la devolución de predios a los desplazados.
Además, Cristo recordó que hace dos años los reparos de un sector del Congreso al proyecto se concentraron en el universo de víctimas. Es decir, el debate giró alrededor de si las víctimas de agentes del Estado debían recibir el mismo trato que las víctimas de grupos ilegales.
Ahora, aduce Cristo, los reparos han aumentado, pero “por debajo de cuerda. Porque nadie se atreve a hacerlos públicamente”.
Semana.com habló con el senador Cristo sobre cuáles son esos “enemigos”, los retos que enfrenta el proyecto y los plazos para ser aprobado.
Semana.com: Usted ha dicho que a la Ley de víctimas y a la de restitución de tierras les van a salir enemigos. ¿Quiénes son?
Juan Fernando Cristo: Hay mucho enemigo agazapado de la Ley de Víctimas y de la restitución de tierras. Nunca van a dar la cara. Van a plantear formal y abiertamente su respaldo a la Ley pero tratarán de incorporarle artículos, incisos, parágrafos que las hagan ineficaces e ineficientes. En muy pocos días van a surgir.
Semana.com: ¿Y qué van a hacer?
J.F.C.: Lo importante, para quiénes nos comprometimos con estas iniciativas, es tener conciencia de que va a ser así. No podemos caer en un triunfalismo de que, luego del acuerdo con el Gobierno, la Ley de víctimas está del otro lado. Ya comenzaron a aparecer inquietudes, dudas, comentarios, observaciones que vienen envueltas en un supuesto apoyo al proyecto pero lo que quieren es debilitarlo. Va a ser una batalla dura.
Semana.com: Usted dijo que durante la primera discusión del proyecto, hace dos años, los reparos no fueron tantos como los de ahora…
J.F.C.: Ahora hay reparos como que no se pueden decretar áreas de despojo; es decir, no se pueden declarar zonas enteras como despojadas. También, que la inversión de la carga de la prueba (que sea el Estado el que tenga que demostrar que una persona no es una víctima y no que sea la víctima la que tenga que demostrar que lo es) es “peligrosa”. Hay además que garantizar los derechos de los poseedores de buena fe de terrenos (aquellos que los compraron sin saber que habían sido producto de un despojo o abandono). Obviamente, eso hay que hacerlo, pero eso no es un gran tema. A esos enemigos del proyecto les preocupa la seguridad jurídica para los poseedores de las tierras, pero no se preocuparon antes por la seguridad de los campesinos que fueron despojados de las mismas.
Semana.com: ¿Cómo se explica que ahora afloren esos reparos, mientras que el año pasado, con un Gobierno en contra, el proyecto haya sido aprobado en sus cuatro debates y se haya hundido sólo en el último tramo?
J.F.C.: Yo diría que hace dos años los focos y las baterías del uribismo se enfocaron contra las víctimas de agentes del Estado y no se permitió ver el resto del proyecto. Y el capítulo de restitución de tierras, como se dice coloquialmente, pasó de agache y no alcanzaron a percatarse los enemigos. Eso por un lado.
Por el otro, yo creo que hace un año, como el Gobierno estaba tan abiertamente en contra del proyecto, los enemigos de la iniciativa no creyeron nunca que se convirtiera en una realidad. Finalmente, tuvieron la razón. Hoy, por la decisión política del Presidente Santos, por el acuerdo con el liberalismo con el Gobierno, esos enemigos ven que sí puede ser una realidad, entonces, no quieren hundirla, pues el apoyo del Gobierno lo hace imposible, pero sí recurrirán a ponerle trampas y talanqueras.
Semana.com: En la escala de prioridades de la agenda legislativa del Gobierno, ¿qué lugar ocupa el proyecto para las víctimas?
J.F.C.: Yo diría que el Gobierno tiene dos proyectos bandera: El Acto Legislativo de regalías, propuesto con miras a alcanzar la equidad regional y la utilización adecuada de los recursos que resultan de la explotación minera; y éste, el de Víctimas, con su componente de restitución de tierras. Por eso soy moderadamente optimista, a pesar de los enemigos ocultos de la iniciativa. Pero hay que tener claro, que se debe sacar adelante una buena Ley de víctimas, no cualquiera.
Semana.com: La Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado hizo tres reparos al texto de la Ley de víctimas presentado por el Gobierno. Uno de ellos es que confunde reparación con ayuda humanitaria o social…
J.F.C.: Eso hay que corregirlo. Eso se lo hemos dicho de todas las maneras al director de Acción Social, Diego Molano, y se lo hemos dicho también al Gobierno. No podemos hacer una Ley en contravía de lo que ha dicho la Corte Constitucional. No vale la pena, porque la declararía inexequible. Hay unas decisiones de la Corte Constitucional en ese sentido y hay que ser claros: La ayuda humanitaria es humanitaria, pero no es reparación a las víctimas del conflicto. Y la reparación es un derecho, no una limosna del Estado.
Semana.com: Otro de los reparos es que el proyecto no se ha discutido ampliamente con las comunidades étnicas…
J.F.C.: La jurisprudencia de la Corte Constitucional no dice que la consulta es perentoria, o más bien, no ha definido bien los términos en los que se debe hacer la consulta. Lo que nosotros hemos discutido, incluso con las mismas comunidades, es que es importante no dilatar la discusión y aprobación de la Ley por la falta de las consultas. Nosotros les hemos dicho que vamos a garantizar sus derechos, y que vamos a consultarlos cuando vayamos a hacer planes focalizados de reparación para comunidades indígenas y negritudes, de manera que podamos superar ese impasse.
Semana.com: Al principio de la legislatura se dijo que había qué aprovechar los primeros meses del Gobierno, ¿cómo está corriendo el reloj?
J.F.C.: Aspiro a que con este consenso y con el compromiso del Presidente, salga una buena Ley de víctimas de la Cámara, antes de terminar diciembre. Y entre marzo y junio del año entrante, hagamos los respectivos debates en el Senado.
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