El pasado domingo, en Turbo, un pequeño municipio del Urabá antiqueño, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, presidió la primera entrega de tierras que hizo el INCODER a familias despojadas de sus predios a sangre y fuego.
Hernando Pérez, uno de los beneficiarios de esa entrega, se despidió de la mano del Ministro y pensó que con el título de una finca bajo el brazo, terminaba una lucha por recuperar lo que la intimidación de los grupos armados ilegales le había quitado.
Artículo de Semana.com
Pero dos horas después del acto, el cuerpo de Hernando Pérez apareció tirado y baleado en un potrero deshabitado de ese municipio.
Fue entonces cuando el ministro Restrepo concluyó que los enemigos de la ley de restitución de tierras “están empezando a salir de sus escondites”, ya no son agazapados, como lo advirtió este martes el senador Juan Fernando Cristo en la plenaria del Senado. “ya están empezando a sacar los dardos”, dijo Restrepo.
Hace dos semanas, cuando el Gobierno presentó el proyecto de ley de restitución de tierras -apenas una parte de la política integral agraria que aspira a consolidar el Ejecutivo-, hubo consenso no sólo político, sino en la opinión pública nacional: que la iniciativa, de consolidarse, se convertiría en un hito en la historia del país.
Pero desde ese momento, varios sectores de la sociedad, como la Defensoría del Pueblo y algunos partidos políticos, han alertado sobre los peligros que va a suponer el desarrollo de esa iniciativa.
Desde narcos hasta políticos
El Partido Liberal, que además consiguió que este proyecto se acumulara junto al de reparación a las víctimas, señaló los cuatro principales enemigos de la restitución de dos millones y medio de hectáreas que contempla la política de restitución de tierras.
El senador Juan Manuel Galán llamó a esos enemigos los “cuatro jinetes del apocalipsis”.
Además de los grupos armados ilegales (guerrilla, paramilitares y bandas emergentes) y el narcotráfico, para quienes las tierras supone fortalecer el negocio ilícito de las drogas, fortalecimiento territorial y lavado de dinero.
Pero Galán advirtió la presencia de otros dos actores, legales, que suponen un obstáculo para la ley de tierras. Son ellos los tenedores improductivos de la tierra y algunos miembros de la clase política.
El senador liberal consideró que la ley de tierras no le conviene al tenedor improductivo, pues concentra grandes extensiones, utilizadas especialmente para la ganadería extensiva. Según estudios sobre valoración del suelo productivo colombiano, el 10 por ciento debería estar dedicado a la ganadería.
Pero la realidad es otra. Actualmente, indicó Juan Manuel Galán, las tierras dedicadas al engorde, que tienen otra valoración productiva, superan el 40 por ciento del total de hectáreas del territorio colombiano.
Estos tenedores de tierra extensiva, así como grupos armados ilegales y narcotraficantes -que poseen las mejores tierras del país, según la valoración del ministro Juan Camilo Restrepo-, se han valido del “cuarto jinete de la apocalipsis”: la clase política, como dijo Galán.
Recientes investigaciones judiciales han demostrado cómo estos actores, legales e ilegales, han tejido vínculos con políticos de los órdenes local, regional y nacional. Financian campañas políticas y como prestación esperan que esos políticos influyan en leyes que favorezcan los intereses de los grandes tenedores de la tierra.
Un ejemplo que recordó Galán fue la ley de biocombustibles, donde un buen número de congresistas declararon su impedimento para discutir reformas que regularan esa actividad.
Incluso, el senador denunció que funcionarios de las regionales del INCODER están obstruyendo el censo de tierras, luego de que esta entidad modificó resoluciones que de alguna manera legalizaron despojos de tierras. “Están ocultando esas resoluciones para evitar que el Ministerio de Agricultura pueda hacer el censo e iniciar la revocatoria de las mismas”. Galán también dijo que sentencias judiciales están legitimando despojos y que el reto del Gobierno será revertirlas.
Moneda de cambio
El Ministro de Agricultura explicó, una vez más, los alcances del proyecto de restitución. Pero le anunció al Congreso que la iniciativa propone beneficios jurídicos para quienes colaboren con la entrega de tierras.
Restrepo dijo que a quienes confiesen su condición de testaferros, o a quien colabore en la entrega de tierras nuevas a las dos millones de hectáreas que el gobierno pretende restituir, se les aplicará el principio de oportunidad.
Una iniciativa que propuso en la pasada campaña presidencial el entonces candidato del Polo, Gustavo Petro, y que, a manera de moneda de cambio, sacrifica beneficios jurídicos a cambio de verdad y reparación.
Restrepo, al recordar el asesinato de Hernando Pérez, reiteró que el Gobierno es consciente de los riesgos. Por eso, advirtió la necesidad del acompañamiento de la fuerza pública. “Los escollos de la restitución serán inferiores al peso de la voluntad política”.
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