Ley de víctimas: se reanuda el proceso

Paso por demás ineludible en la consolidación de una sociedad que se sigue sometiendo a difíciles y sangrientos procesos de pacificación. La prosperidad del país depende de qué tan bien se comiencen a sanar las heridas de la guerra.

Sin embargo, pese a la bondad de la iniciativa, el camino de su aprobación y posterior implementación será accidentado. No son pocos los intereses dispuestos a pasar por encima de aquellos que no pueden defenderse. Por fortuna, y es de reconocer aquí la habilidad del Ejecutivo, el proyecto de víctimas se separó del de tierras. Así, aunque marcharán juntos, no enfrentarán los mismos enemigos, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia en el difícil paso por el Congreso.

Editorial de El Espectador

Además de la habilidad y, por supuesto, de la voluntad del Gobierno de asumir, no obstante el costo, su deber, es también de reconocer la cordura de muchos puntos del proyecto. Entre ellos, el más notable es quizás el que incluye a las víctimas de crímenes oficiales en la lista. En su momento, el ex presidente Uribe, por miedo a comprometer al Estado, decidió priorizar a aquellos que sufrieron el ataque de los paramilitares y las guerrillas. Hoy, aunque se excluya la responsabilidad tras la indemnización, el proyecto cobija a todas las víctimas, sin diferenciar victimarios. Y si bien resulta algo incoherente aceptar reparar daños causados por agentes oficiales sin que haya, por ello, un reconocimiento inmediato de culpabilidad estatal, obligar a estas víctimas, por lo general campesinos, a valerse de la larga y complicada vía judicial para poder ser, ahí sí, sujetos dignos de reparación, sería simplemente cruel. El pragmatismo en las medidas es peligroso, pero hay casos como éste —en el que además se mantiene abierta la posibilidad de una pelea judicial— donde la excepción es más razonable que la regla.

Razonabilidad que se extiende a distintos mecanismos, como la inversión de la carga de la prueba de la víctima al victimario, lo cual, además de hacer más justo el proceso, permite que se activen mecanismos de reparación que ya existen, pero que, por las dificultades que implican para las víctimas, no se han podido poner en marcha. Un gran avance que representará duros ahogos económicos, a pesar de la loable voluntad del Ministerio de Hacienda. El cálculo a mano alzada de 40 billones de pesos para reparar a las más de tres millones de víctimas del conflicto es una suma importante que requerirá de un gran esfuerzo fiscal. El mismo que demandará la restitución de tierras y la garantía de seguridad de las víctimas. Muchas de ellas, ya hemos visto, han sido asesinadas al asumir la vocería. Poco sentido tendría cerrar una herida al tiempo que se abren nuevas.

Es pues tortuoso el camino que le espera a la ley. Pero es necesario asumir el reto de la misma forma que es obligación del país concederle su apoyo y resistir a los intereses que buscan entorpecer el proyecto. El comienzo del fin de la guerra, por forzosa que sea, no es la violencia. Pueden ser exitosas todas las operaciones de nuestro Ejército, pero si el Estado no llega detrás, nos quedaremos para siempre en el fuego de la selva. Por retórico y romántico que suene el anuncio, si de fin del conflicto puede hablarse, está aquí, en el cumplimiento de la inmensa deuda con la equidad y la justicia. Ojalá la opinión pública entienda su importancia y vigile su tránsito por el Congreso con el mismo recelo con el que vigila el abatimiento de sus enemigos, que, como ya sabemos, no siempre usan botas.