Por lo menos unas 900 víctimas del conflicto armado colombiano, provenientes de 17 departamentos y las nueve subregiones de Antioquia, se darán cita este viernes 20 de agosto en la Audiencia Nacional
El Encuentro, que iniciará a las 8:30 de la mañana, busca evidenciar los altos niveles de impunidad que persisten en los casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por grupos guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado así como la falta de garantías que tienen hoy las víctimas para acceder a sus derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos.
Para ello, las organizaciones convocantes a la Audiencia presentarán un informe descriptivo y cuantitativo sobre la gestión del sistema judicial colombiano en crímenes de lesa humanidad al igual que los resultados arrojados hasta ahora por la Ley de Justicia y Paz en el que se consignan las principales problemáticas experimentadas por las víctimas del paramilitarismo en el país para acceder al derecho a la justicia y los vacíos existentes en materia de reparación.
Según el documento, quienes padecieron en carne propia el accionar de estos grupos no han contando con las mismas garantías que los postulados, situación que se evidencia en las dificultades para acceder a las versiones libres y la participación en los procesos judiciales sin que medie nuevos riesgos para ellos.
De igual manera, el informe llamará la atención sobre cómo determinadas decisiones del Gobierno nacional, como la extradición de 13 ex jefes paramilitares a los Estados Unidos, la falta de reconocimiento de las víctimas de crímenes de Estado y los continuos roces entre el Ejecutivo y la rama judicial han acrecentado el carácter estructural que presenta la impunidad en Colombia.
Para ratificar lo anterior, voceros de las víctimas de diversas regiones del país presentarán durante la Audiencia un documento que detalla cómo a través de mecanismos sociales, políticos, de derecho y de hecho se ha obstaculizado el ejercicio de la justicia en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.
“Por ejemplo la incapacidad y debilidad del Estado para impartir justicia; el sistema judicial no ha respondido a su función de investigar, juzgar y castigar a los responsables de la violación a los derechos humanos. También están las acciones directas los distintos actores armados que impiden el avance de las investigaciones y dificultan que las victimas puedan tramitar sus denuncias ante las entidades competentes. A es se suma que algunos funcionarios encargados de defender los derechos de la victimas, desestimulan la denuncia de hechos violentos”, indicó Silvia Quintero, vocera de la Mesa Departamental
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
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