“En lo que respecta a crímenes de lesa humanidad en Colombia, la justicia de vez en cuando logra develar y establecer la responsabilidad del perpetrador pero no toca a los que están en calidad de autores mediatos; es decir, en calidad de instigadores y autores de la perpetración y esto permite la continuidad de estos delitos”.
La afirmación es de Michael Reed, director en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (Ictj), al referirse a uno de los principales problemas que afronta el país en materia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH): los altos niveles de impunidad. El tema será el eje central de la Audiencia Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, que tendrá lugar en el Hotel Ambassador de la ciudad de Medellín el próximo 20 de agosto.
En este Encuentro, las víctimas del conflicto, provenientes de todas las regiones del país, pondrán en evidencia los pocos avances de la justicia en por lo menos 39 procesos relacionados con crímenes atroces como masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, entre otros, casos que fueron previamente documentados por diversas organizaciones no gubernamentales y presentados al Gobierno colombiano en el año 2007, en el marco de la Audiencia Pública Departamental que también tuvo lugar en la ciudad de Medellín.
La Audiencia también servirá para presentar nuevos casos violatorios a los derechos humanos como el despojo de tierras por parte de grupos paramilitares o la persecución a organizaciones defensoras de derechos humanos en diversas regiones del país.
Para el Encuentro se espera la presencia del director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Luis González León; el coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro; el sacerdote jesuita, Javier Giraldo; representantes del Ministerio Público y las Altas Cortes y el director del Ictj, Michael Reed.
Al respecto, la Agencia de Prensa IPC dialogó con Reed horas antes de la Audiencia para indagar sobre la importancia de hacer visible el problema de la impunidad en Colombia y los costos, sociales y políticos, que tiene este flagelo para el país.
Problema estructural
¿Cuál es el principal problema que acarrea la impunidad en un país como Colombia?
“El problema de la impunidad es el manto de duda que va generando, sobre todo entre las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sobre la capacidad o la voluntad del Estado para condenar la perpetración de estos crímenes. El no poder esclarecer delitos de esta magnitud, no hallar responsables de lo que ha sucedido en el país, tiene un efecto nefasto sobre el Estado de Derecho”.
Una de las afirmaciones más recurrentes entre las víctimas del conflicto armado es el carácter sistemático que tiene la impunidad en Colombia, ¿Qué tan cierta es esta aseveración?
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) lo ha dicho explícitamente y ha planteado que en relación a las violaciones de derechos humanos en Colombia existe un patrón que puede ser sistemático, por cuanto no toca el aparato organizado del poder. De vez en cuando logra develar y establecer la responsabilidad del perpetrador pero no toca a las personas que están en calidad de autores mediatos; es decir, en calidad de instigadores a la perpetración.
Esa sistematicidad ¿Es de fondo, de forma, de voluntad?
“El problema del derecho es múltiple. Por un lado existe el ‘sistema estático’: toda esa normatividad que sirve para la efectiva persecución y judicialización de estos delitos. En Colombia pudiera decirse que ese aparato normativo es relativamente bueno. Ahora, los problemas estarían más relacionados con el cómo operan los sistemas denominados dinámicos, que tienen que ver con el relacionamiento de las instituciones con esa normatividad; de cómo los funcionarios toman decisiones de apreciación, de interpretación y de cómo algunas decisiones favorecen la persecución del delito y otras que definitivamente no. Por ejemplo: la pereza procesal llevó a que muchos de los casos, sobre todo bajo el sistema antiguo (Ley 600), se archivarán y no salieran adelante”.
Así el problema de la impunidad pareciera que recae más en los operadores de justicia, ¿Qué pasa con la voluntad política? ¿No influye para que haya impunidad?
“A todos estos problemas se suma el problema de la poca voluntad política y se evidencia en la falta de seguridad y garantías para los mismos operadores de justicia. También hay prácticas más soterradas que también deben ser objeto de análisis. Hablamos de prácticas que no responden al marco normativo y que tienen que ver más con aspectos como la infiltración de los grupos organizados de poder en los aparatos judiciales, situación que trae efectos bastante nefastos sobre la operación de justicia en su totalidad. Entonces, uno no cumple la obligación internacional de juzgar con la debida diligencia la violación de derechos humanos sólo con tener normas. Hay que hacer cosas para ajustarse a esas normas para llegar al fin máximo del derecho penal que es establecer sanciones efectivas a todos los responsables, no solo a los autores materiales sino también a quienes instigaron y promovieron la comisión de los hechos”.
Según su planteamiento, ¿Es necesario entonces una reforma a la justicia como lo propone el actual Gobierno?
“Puede que la reforma a la justicia sea necesaria. Pero el tema en todo caso es que los aparatos penales en Colombia y, en general en América Latina, se conducen bajo una sistema que (Eugenio) Zaffaroni ha llamado “la emergencia continua”: las cosas se reforman aunque no se sepa qué es lo que se está reformando o qué es lo que se quiere, sino porque permanentemente se está viviendo una crisis. Zaffaroni plantea incluso que la crisis se ha vuelto un mecanismo para argumentar la falta de avances en las investigaciones, para argumentar la necesidad de la reforma, para adoptar normas que violan el debido proceso y nunca se observa el sistema judicial en su conjunto para ver realmente qué es lo que está fallando”.
Justicia y Paz
Uno de los temas que se tratará en la Audiencia será el balance de la Ley de Justicia y Paz, ¿Es esta Ley de impunidad como sostienen las víctimas?
“Por lo general los sistemas de sometimiento de grupos armados ilegales son controlados por el Ente Investigador, pero en Justicia y Paz quien postuló fue el Gobierno nacional y esto fue un error bastante grande. Quizás el indicador más grande de este problema es el que curiosamente entrega el Gobierno nacional como un éxito: han culminado unas 1.500 versiones libres pero al revisar se observa que casi el 90% de éstas culminaron porque el postulado dijo: ‘yo no tengo nada que decir’, ‘yo no voy a dar información’, “esto fue un error”. Esto lo que evidencia es un mal diseño. Además, la Ley de Justicia y Paz no ha mostrado los resultados que debería mostrar a lo largo de los años”.
Sin embargo, el Gobierno nacional ha señalado que la Ley de Justicia y Paz sí ha arrojado resultados importantes en materia de verdad y justicia…
“El argumento va más o menos en este sentido: antes de Justicia y Paz no se hacían investigaciones, no se tomaban decisiones y no se reparaba a las víctimas. Esto, más que ser el éxito de la Ley, es la aceptación por parte de altos funcionarios de la justicia que la debida diligencia en la investigación de graves violaciones de derechos humanos no operaba en el país. Decir que esta Ley ha permitido conocer todo ello realmente es la aceptación de que todas las denuncias que realizaron las organizaciones de la sociedad civil colombiana durante años no fueron tomadas en serio ni fueron usadas para iniciar investigaciones por parte de la justicia”.
¿Pero aceptar ese hecho no allana el camino para resolver el tema de la impunidad?
“No hay la menor duda que cualquier mecanismo de sometimiento masivo de una estructura militar ilegal va a dar lugar a que sus crímenes se conozcan dentro del proceso judicial, pero eso no quiere decir que la sociedad no conociera que todos esos hechos estuvieran pasando. Lo único que demuestra esta Ley es que hay unas personas que han confesado ser paramilitares y que han confesado la matazón en la cual participaron. Ahora, si se toman las denuncias que se hacían en la década del 90 por parte de las ONG colombianas, la respuesta oficial por lo general era decir eso era invención.
Esa negación no se puede hacer hoy: se acepta que había un aparato militar que había ocupado un territorio, que desplazó, asesinó y desapareció por miles. En donde ha fallado mucho el aparato penal es en establecer responsabilidades: ¿Quién estaba detrás de esos delitos? ¿Con quién trabajaban o quién les daba la información? En los casos más avanzados de Justicia y Paz (alias Juancho Dique y alias el Iguano) se ha señalado, con nombres y apellidos, a personas del DAS, La Fiscalía, políticos regionales y ¿En qué estado están esos procesos en justicia ordinaria? Eso es lo importante porque ahí sí se llegaría a una revelación de la verdad. Justicia y Paz sólo podrá reclamar el éxito de su eficacia cuando la justicia ordinaria haga lo que tiene que hacer con las informaciones que se han revelado en las audiencias”.
Pero precisamente el Gobierno nacional señala que, gracias a Justicia y Paz se han compulsado copias contra más de 300 políticos y 220 militares…
“Uno de los resultados que expresan las autoridades son las compulsas de copias y eso es muy importante. Pero en términos judiciales no es tanto la cantidad sino la calidad: ¿A quién se le compulsaron las copias? ¿En qué estado están esas investigaciones? Aquí se habla del tema como si se tratara de un indicador de gestión, pero el indicador de éxito tiene que ser qué pasó con esos procesos”.
¿Estaría de acuerdo con una ampliación de la Ley de Justicia y Paz, tal como lo está contemplado el Gobierno nacional?
“Es difícil entender por qué se argumenta la necesidad de extender algo que por el momento ha brillado por la ausencia de resultados. Además, Si se revisan las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz de la época o del Ministro del Interior de ese momento ambos plantearon, de manera muy precisa, darle una temporalidad porque de lo contrario se estaría dando licencia para que se cometan nuevos delitos y después los victimarios se sometan a voluntad a Justicia y Paz”.
Nuevas perspectivas
¿Qué esperar del nuevo Gobierno en materia de justicia?
“Frente a cualquier gobierno lo que uno espera es que sea respetuoso del principio fundante del Estado y es la independencia de la rama judicial. Eso sería lo primero: que sea un gobierno que no intervenga las decisiones de la justicia. También se espera un gobierno que plasme esas manifestaciones de voluntadas verbales expresadas hasta ahora en decisiones operativas con respaldo de recursos para que la justicia pueda hacer su trabajo”.
¿Cómo superar la impunidad, principalmente en casos de violaciones a derechos humanos?
“Aparte de recursos, se requiere una capacitación de los operarios de justicia, pero no una capacitación de dos meses sino tener una visión distinta de la administración de la política anticriminal y eso también involucra a los responsables de formular dicha política. Implica modificar los perfiles de la gente que se contrata. Por ejemplo, para la investigación de delitos tan complejos como las violaciones a los derechos humanos se necesitan abogados, analistas, expertos militares, sociólogos, antropólogos y eso en Colombia aún no se ve. Mientras no se tenga esa visión de la justicia, mientras no se logren avances técnicos en la recolección de pruebas, no se mejore la argumentación de los casos o la forma en que estos se presentan, va a ser muy difícil superar la impunidad”.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
www.ipc.org.co/agenciadeprensa
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