9 DE ABRIL, DIA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.

POR NUESTROS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

Nosotros las organizaciones de víctimas de violaciones de Derechos Humanos en Santander, quienes hemos padecido de manera directa o indirecta las consecuencias nefastas del conflicto armado, reunidos en Bucaramanga los días 26 y 27 de Marzo del 2012, con motivo del proceso de formulación participativa del Plan de desarrollo de Santander y

CONSIDERANDO

- Que la ley 1448 del 2011 proclamó la reparación integral a las víctimas y la restitución de las tierras despojadas, así como el día 9 de abril como el día de la solidaridad, reconocimiento y memoria de las víctimas del conflicto armado interno, el cual convoca  a todas las instituciones públicas, organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones de víctimas, de paz y derechos humanos a rendir homenaje a su dignificación y memoria.

- QUE EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS se ha estructurado como  espacio representativo de las organizaciones sociales de víctimas del conflicto armado provenientes de las diferentes provincias de Santander, legitimados para hacer oír nuestra voz y  conscientes de nuestro deber ciudadano por los  Derechos Humanos como patrimonio común de la humanidad,  

- Que hay mucho dolor y tristeza en miles de hogares santandereanos, con la perdida de familiares, victimas de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violaciones sexuales, torturas, amenazas, masacres, con cerca de 180.000 víctimas en Santander.

-Que los miles de crímenes registrados hasta la fecha en el marco del conflicto armado no han sido reparados, MIENTRAS el proceso de verdad, justicia y  reconciliación como camino cierto para la paz, constata la escasa voluntad política de parte de los actores del conflicto.

- Que el estado Colombiano ha promulgado diferentes leyes de reconocimiento a las víctimas y sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, entre ellas la ley 1448 de junio de 2011de reparación integral y restitución de tierras despojados por el conflicto armado.

- Que nos identifica la búsqueda y el propósito de contribuir a generar un  cambio político y cultural en el respeto y práctica de los derechos humanos  como  proceso transformador de las instituciones santandereanas y colombianas y de la sociedad civil para el desarrollo integral del ser  humano   para un  despertar la conciencia ética de la humanidad y la dignidad,

- Que somos consientes de  la necesidad de ejercer nuestros derechos de ciudadanía para la participación dentro de los planes de desarrollo territorial para el acceso y goce efectivo de nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación, establecidos en las ley 1448 del 2011.

- Que estamos convencidos de los riesgos que persisten con la continuidad del conflicto armado degradado y la sistemática acción criminal de actores armados ilegales que nos obliga a demandar del estado una mayor protección de nuestros derechos frente a los enemigos de la paz.

- Que colectivamente estamos asumiendo el compromiso que nos lleva a demandar el fin de  la constante permanencia de la  guerra en nuestro país, considerando  que  el esfuerzo por la reivindicación de nuestros derechos es un gesto de identidad política ante el  mundo,

- Que adoptamos el proceso de diálogo, trabajo en red, incidencia y movilización democrática como instrumentos de paz como fundamento objetivo de la justa construcción de nuevas relaciones entre  los seres humanos, y como medio  legitimo para la consecución de una Democracia Social que permita implementar un fundamento real y efectivo asegure el orden de las relaciones humanas en medio de  una vida en mejores condiciones materiales,

- Que los entes territoriales gobernaciones y municipios han adquirido nuevas responsabilidades y competencias para la atención a las víctimas y la implementación de la ley en cada municipio y en el departamento de Santander.

POR LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DECLARAMOS

EN ESTE DÍA 9 DE ABRIL:

·         La exigencia de atención para las víctimas a las Instituciones públicas, en el marco de la implementación de la ley 1448 de junio de 2011 aprobada por el gobierno nacional de Juan Manuel Santos para el reconocimiento y efectiva reparación de las víctimas y la restitución de tierras despojadas por actores del conflicto.

·         La urgente necesidad de reconocimiento visible de los derechos de las víctimas frente a las instituciones estatales y los nuevos gobiernos territoriales del departamento y los municipios, para que estos derechos sean incorporados en sus planes de desarrollo y efectivamente reparados los daños.

·         Demandamos prontitud y debida atención de las autoridades regionales y nacionales en el acompañamiento humano, la protección,  con garantías de no repetición a nuestras vidas, el acceso a los espacios de participación ciudadana y las medidas de satisfacción a que tenemos derecho.

·         Llamamos a las autoridades nacionales y departamentales a incluir a las víctimas de nuestro departamento de Santander en los programas prioritarios de  restitución de tierras despojadas y o abandonas por el desplazamiento forzado.

·         Son numerosos los municipios santandereanos, comunidades, pueblos,  las organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, que vieron  alterada su convivencia por la comisión de actos violatorios de derechos humanos, situación que afectó gravemente al conjunto de la sociedad y que permanece en la incertidumbre y el miedo por el riesgo de la presencia activa de actores armados ilegales que continúan  violentando la permanencia pacífica de la  vida de  comunidad en paz.

·         Propendemos  por la búsqueda de reclamar solidaridad, asistencia y protección de nuestros derechos por parte  del Estado y de la sociedad colombiana a fin de evitar que la larga lista de nombres  de personas que han sido víctimas en este país continúe aumentando.

·         Exigimos  que  el  valor de la DIGNIDAD HUMANA, de la JUSTICIA, de la VERDAD , la MEMORIA HISTORICA y   la REPARACIÓN INTEGRAL, sean realmente los   valores que representen a todas y cada una de las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos en este país.

·         Proponemos que la VERDAD sea entendida como el  derecho que permita  establecer el por qué, cuándo y cómo se cometieron las vulneraciones a nuestros derechos, lo cual reconoce la necesidad de  encontrar y sancionar a los máximos responsables de dichos crímenes,  cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a la ejecución de dichos actos.

·         Reclamamos que la REPARACIÓN INTEGRAL permita el restablecimiento de los derechos vulnerados de manera individual y colectivamente para de esta forma posibilitar el retorno, la entrega y  restitución de las tierras y viviendas a las personas desplazadas  de manera forzada, así mismo integrar a este hecho la compensación, indemnización y resarcimiento de los daños causados.

·         Para esto se hace necesario una mayor responsabilidad del Estado que impida que  las organizaciones armadas que vulneran los derechos Humanos continúen cometiendo  actos que conlleven a la realización de crímenes contra la integridad humana; así  como la formulación de una Política Pública que garantice la  no repetición de dichos actos.

·         El dialogo entre la sociedad y las instituciones del Estado nos permitirá construir una sociedad más equitativa, justa y sin violencias; será el camino de la reconciliación y la paz duradera y sostenible, la esperanza de un nuevo país de progreso, bienestar y desarrollo humano sin pobrezas y sin el terror de la exclusión, el despojo y las violencias.

·         Hacemos un llamamiento a todas las victimas a participar en los diferentes espacios, mesas y comités territoriales de justicia transicional en cada municipio, para ejercer una interlocución propositiva y de control ciudadana frente a nuestros derechos.

·         Convocamos al proceso de reparación integral a toda la sociedad santandereana; a la constitución del centro regional de Memoria Histórica a las instituciones públicas, a las universidades, a los medios de comunicación y a las organizaciones sociales y de derechos Humanos.

·         Hacemos un alto reconocimiento a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, por su presencia solidaria y su disposición a la construcción de paz y democracia con DDHH entre todos los colombianos.