Manuel Ruíz había recibido constantes amenazas por parte de los empresarios ocupantes de mala fe, los mismos que vienen apropiándose de estos territorios chocoanos a sangre y fuego, en detrimento de los derechos territoriales de las comunidades del Curbaradó.
Como el MOVICE lo ha venido denunciando, desde el 2005 se han registrado más de 66 asesinatos de líderes de organizaciones reclamantes de tierras, de las cuales el 40%, es decir, por lo menos 26 víctimas, fueron asesinadas entre el 2010 y 2011.[1] Este año, las amenazas y agresiones con el fin de obstaculizar la restitución, se han incrementado de forma alarmante.
A pesar de las repetidas alertas emitidas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras organizaciones sociales y de derechos humanos, sobre el inminente riesgo que enfrentaba Manuel, y que todavía enfrentan otros líderes del Chocó, el Estado colombiano no cumplió con su deber de protección.
Es de anotar que en la audiencia de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Atención al Desplazamiento, convocada por la Corte Constitucional en la última semana de enero de 2012, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Terry Morel, informó que desde el 2007 han sido asesinados más de 1.400 desplazados, y que de cada doscientas denuncias de hostigamiento o amenaza se investiga una.[2]
Estos hechos demuestran, según lo dejó sentado el MOVICE en las movilizaciones sucedidas el pasado 6 de marzo en Colombia y otras partes del mundo, la falta de garantías reales para los y las reclamantes de tierras en el país y pone en tela de juicio a la ley de víctimas y restitución de tierras imperante. Esta ley adolece de una restitución integral de las tierras y medidas efectivas de protección; más allá de las medidas físicas, el Estado debe enfrentar y desmantelar los grupos paramilitares (hoy con presencia en más de 400 municipios del país) y judicializar a los sectores políticos y económicos que los siguen apoyando.
Así mismo, el MOVICE denunció, en una carta que dirigió al Presidente Juan Manuel Santos, "el grave riesgo y amenaza de 37 líderes y lideresas de Curbaradó y Jiguamiandó, que no han recibido respuestas concretas a sus demandas de protección". El mismo Manuel había solicitado medidas de protección en tres ocasiones, pero sólo recibió como respuesta un teléfono celular por parte del Ministerio del Interior.
El asesinato de Manuel Ruíz y su hijo hacen parte de una política sistemática y generalizada contra los reclamantes de tierra y las víctimas. El MOVICE exige garantías para los despojados de sus tierras y el retorno con dignidad, requerimientos fundamentales para un verdadero proceso de restitución de tierras.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
30 de marzo 2012
[1] Fuente: Cálculos Observatorio del Conflicto Armado, CNAI, con base en Comisión Colombiana de Juristas CCJ y Acción Social, Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la población Desplazada (2010) Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia.
[2] El Espectador, Rindiendo Cuentas, enero 26 de 2012
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