Por: Gustavo Gallón*
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| Gustavo Gallón. Foto de la Silla Vacía |
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura recomendó al Gobierno en noviembre de 2009 que ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual autoriza visitar cárceles a un subcomité internacional de Prevención de la Tortura y a mecanismos nacionales independientes que los estados se obligan a crear para el efecto.
Un año más tarde, el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos informó a la Defensoría del Pueblo que “el Gobierno considera que Colombia es un Estado garantista en la materia de tortura (…) por lo cual no considera necesaria la ratificación del Protocolo Facultativo”. Si realmente fuera garantista, no dudaría un segundo en ratificar el Protocolo.
Ello le habría ayudado, de paso, a cumplir seis recomendaciones más, que el Comité consideró urgentes y para las cuales dio al Gobierno un plazo de un año para informarle. El Comité se alista a examinar el informe que le rindió el Gobierno en abril de este año, vencido ya el plazo.
Una de esas recomendaciones urge sancionar el delito de tortura, fortaleciendo la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y creando un sistema centralizado que permita identificar todos los casos de tortura y su investigación. Como gran respuesta, el Estado informa sobre estudios, documentos Conpes y cursos realizados, así como sobre el presupuesto asignado a la Fiscalía. Omite indicar que en 2009 la Dirección General de Fiscalías tenía 10.471 investigaciones por tortura, que en la Unidad de Derechos Humanos no habría más de 151 en noviembre de 2010, y que para 2011 la Unidad ha reportado 23 sentencias condenatorias. Elocuente balance.
El sistema centralizado de información no se ha creado todavía, pero sí un subcomité animado por el Programa Presidencial de Derechos Humanos que está estudiando el asunto. El 15 de diciembre de 2004, en reunión del cuerpo diplomático con el presidente de la República, el Programa Presidencial reconoció que no tenía información adecuada sobre tortura, pero que esperaba tenerla para marzo de 2005. La esperanza es lo último que se pierde.
El estado de la mayoría de las otras recomendaciones urgentes es similar: hay once fiscalías ubicadas en brigadas militares, que el Comité pidió descontinuar; se persiste en conceder amnistía de facto en casos de torturas cometidas por paramilitares, aunque el Comité recomendó no hacerlo; la exdirectora del DAS está asilada en Panamá y su exjefe es escuchado impunemente por la Comisión de Acusación, mientras que el Comité solicitó sancionar a los responsables de amenazar la independencia del Poder Judicial; en 2010 había 448 casos de asesinato de civiles en la justicia penal militar, contra la opinión del Comité.
Después de esta “rajada” segura en el próximo examen del Comité, lo sensato va a ser que el Gobierno ratifique por fin el Protocolo Facultativo, como lo hará con la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, que acaba de ser declarada constitucional por la Corte. De las seis recomendaciones urgentes, esa sí podrá considerarse cumplida, al menos en parte. Así habría que hacer para pasar la materia y para actuar con urgencia.
* Director Comisión Colombiana de Juristas
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