El Nuevo Siglo. Miércoles, 20 de Julio de 2011.
Sistema de Naciones Unidas considera esencial que el retorno y la estabilización socioeconómica sean voluntarios.
Lo que más le preocupa a la comunidad internacional con respecto a la reglamentación e implementación de la Ley de Víctimas “es el tema de cómo garantizamos un análisis adecuado de los retos frente a cada escenario, que tienen que ser respuestas locales, no puede ser una receta que viene desde arriba, tiene que haber un entendimiento de todos los intereses que están en juego”.
Así le precisó a EL NUEVO SIGLO la representante en Colombia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Terry Morel.
Aprobada la Ley de Víctimas, los esfuerzos del Estado, la sociedad y la cooperación internacional pueden concentrarse ahora en remover las causas estructurales que vulneran los derechos a la tierra y los territorios de los pobladores rurales, mediante acciones integrales de estabilización socioeconómica y reparación, que no deben confundirse con la atención humanitaria, según lo planteó un estudio presentado ayer por ACNUR y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Entre las propuestas y recomendaciones, el estudio considera esencial que la participación de las víctimas en programas de retorno y estabilización socioeconómica sea voluntaria y goce de condiciones objetivas de seguridad y dignidad. En él señalan la importancia de mantener los mecanismos de protección de la tierra en donde el conflicto armado y la violencia no permiten la restitución.
Los autores abogan porque se tengan en cuenta las distintas formas de tenencia, entre las cuales se puede señalar las tierras colectivas de grupos étnicos que no están tituladas y en los territorios donde hay ocupaciones tradicionales, no necesariamente de grupos étnicos.
El estudio apoya protocolos compartidos entre las comunidades y el Estado para el uso, conservación y control de territorios baldíos o protegidos ambientalmente y aboga por avanzar en programas de reconstrucción de la verdad histórica, en los cuales las víctimas participen no solo como fuente de información sino también como diseñadores de metodologías para reconstruir los hechos.
Sobre el papel de la cooperación internacional, los autores del estudio piden apoyo de la cooperación internacional en cinco tareas básicas: diseño y ejecución de políticas de restitución e indemnización, enmarcadas en procesos de estabilización socioeconómica; seguimiento administrativo a los proyectos de restitución, indemnización y programas de retorno, reubicación e integración local, como garantía de neutralidad en las decisiones; procesos locales de recolección de información comunitaria; reconstrucción del catastro nacional de tierras; y creación de una coordinadora interagencial y multilateral que apoye y acompañe a las comunidades participantes en procesos de restitución e indemnización, en el marco de retornos o reubicaciones voluntarios.
En sintonía con el próximo Informe de Desarrollo Humano
El estudio –asesorado técnicamente por la Oficina del ACNUR en Colombia– es el primero de una serie de seis Cuadernos complementarios al próximo Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH), con el cual se promoverá un debate público nacional sobre cómo transformar el sector rural y las condiciones de vida de las mujeres, el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas, sin duda los grupos poblacionales más afectados por el conflicto armado.
El estudio aporta información, análisis, casos de estudio, experiencias internacionales y propuestas que ilustran cómo reparar y estabilizar socioeconómicamente a las víctimas–teniendo en cuenta factores jurídicos, técnicos, institucionales, socioeconómicos y culturales– y cómo superar obstáculos estructurales o coyunturales, el primero de ellos los crímenes selectivos de líderes y las estigmatizaciones a las comunidades organizadas que reivindican las tierras despojadas o abandonadas.
Otros obstáculos para la estabilización socioeconómica y la reparación integral a las víctimas son la precariedad, las inconsistencias o los vacíos en la información sobre el número de víctimas y sus condiciones de vida, el reducido porcentaje de titulación de predios y la desactualización de los catastros rurales. No menos importante son la persistencia y degradación del conflicto armado, que perpetúa violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; el desconocimiento de múltiples formas de tenencia y uso de las tierras y territorios; la confusión sobre las responsabilidades institucionales del orden nacional, departamental y municipal; la lentitud en los procesos de asignación de tierras o el número tan bajo de predios adjudicados en la última década.
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