Carrera de obstáculos

Tal como se esperaba, desde cuando el proyecto de reparación integral de las víctimas del conflicto armado arrancó su tránsito por el Congreso, comenzaron a aparecer obstáculos. Y por más de que este sea un tema estratégico para la unidad nacional de Juan Manuel Santos, desde ya se avizoran dificultades para que este se convierta en ley.

No quedó duda de su trascendencia el lunes pasado. En un gesto sin precedentes, el Presidente presentó el proyecto al Congreso, acompañado de un centenar de víctimas y políticos de la coalición.

Sin embargo, al vistoso acto le siguió una serie de objeciones de la bancada conservadora, que decidió condicionar su apoyo argumentando que no había claridad sobre cuánto costaría y de dónde saldría la plata para financiar la ley.

Artículo de Semana.com

Lo que se esperaba, una vez radicado el proyecto, era que este se acumulara con la iniciativa para la restitución de tierras presentada hace unas semanas por el Ministro de Agricultura. Y también que otra iniciativa de reparación menos ambiciosa –radicada en julio por los conservadores– fuera retirada inmediatamente. Pero al proyecto de tierras le apareció súbitamente una ponencia del representante de la U Miguel Gómez, con lo cual su acumulación inmediata se hizo imposible. Y, como si fuera poco, el otro proyecto conservador continuó figurando en la agenda del Congreso.

La confusión fue mayor cuando parlamentarios de la U pusieron a circular una carta del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, en la que plantea que, de no hacer algunos ajustes a la ley de víctimas, ésta generaría un “impacto fiscal insostenible” a las finanzas del país. Generó suspicacias que quien envió la misiva a los medios le quitó la fecha a una carta original de hace unas semanas, cuyas observaciones ya habían sido incorporadas al proyecto.

En ese texto, Echeverri asegura que no se puede calcular el valor de la reparación a las víctimas porque no se sabe cuántas son ni cuánto durarán los procesos de reparación. Por eso, propone darle flexibilidad al proyecto ajustándolo a un plazo mínimo de 15 años y revisando la asignación presupuestal cada año.

Incorporadas estas observaciones, como efectivamente se hizo, el proyecto resulta viable para el Ministerio de Hacienda. Según los liberales, con este aval se tumba el argumento fiscal que utilizó el uribismo hace un año para hundir la iniciativa.

“El argumento económico ya no es central en la discusión del proyecto. El gobierno Santos, con el apoyo de sus ministros, lo ha declarado viable, y por eso lo presentó con bombos y platillos”, asegura el senador Juan Fernando Cristo, uno de los promotores de la iniciativa.

“La verdad es que ya desde el gobierno del presiente Uribe, el Estado, atendiendo fallos de la Corte Constitucional, ha destinado unos 40 billones de pesos para la atención de desplazados y la indemnización administrativa de víctimas. No es plata que vaya a salir de las arcas mañana. Será, mínimo, a lo largo de una década”, agregó Cristo.

El malestar que ha generado en el Palacio de Nariño que algunos uribistas y conservadores se opongan al proyecto es tal, que el presidente Santos ha tomado cartas en el asunto. Así, a finales de la semana pasada, llamó al orden a los conservadores y les recordó que eran parte de la coalición de gobierno. También regañó a Miguel Gómez y le pidió que retirara la ponencia del proyecto de restitución de tierras para que éste se pueda acumular con el de víctimas.

Esta semana, se espera que, por fin, se avance en la discusión del proyecto. Las víctimas presentarán sus argumentos en una audiencia que se siente programada. Sólo queda pendiente que las fuerzas políticas de la coalición de gobierno demuestren que su actuación puede ir más allá de los actos simbólicos y traducirse en decisiones políticas en el Congreso.