Llaman a juicio a 29 militares por ejecuciones extrajudiciales

La Fiscalía General de la Nación acusó a 29 militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos personas en 2005, a quienes presentaron como guerrilleros muertos en combate, pero que las investigaciones demostraron que no pertenecían a las Farc ni murieron en enfrentamientos.

"La investigación de la Fiscalía se remonta al 14 de mayo de 2005, cuando en el corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio La Paz, Cesar, tropas del Ejército Nacional ultimaron a Frank Enrique Martínez y Claudino Manuel Olmedo", señaló ese despacho.

Las investigaciones permitieron demostrar que Martínez y Olmedo eran habitantes de la ciudad de Valledupar, no pertenecían a las Farc y sus decesos no fueron consecuencia de un enfrentamiento con el Ejército.

Información de Agencia EFE

"Todos los procesados fueron acusados por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida", puntualizó el mensaje de la Fiscalía, que además acordó con el gobierno de Santos fortalecer las investigaciones de los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país, que según las últimas cifras oficiales han dejado un saldo de más de 2.400 víctimas.

En una reunión en Bogotá, el fiscal general interino, Guillermo Mendoza, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), Francisco Escobar, acordaron reforzar el grupo de elite que investiga las ejecuciones de civiles a manos de militares, conocidas como "falsos positivos".

El objetivo es lograr que ese grupo, conformado por investigadores de la Fiscalía, inspectores de las Fuerzas Militares y juristas del CSJ, trabaje "con más eficacia" y analice las nuevas denuncias aparecidas en las últimas semanas, dijo Mendoza a los periodistas al término de la reunión.

En el encuentro, el Gobierno, a través de Rivera, "reiteró su interés en que se adelanten con la mayor celeridad" los procesos judiciales contra los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en supuestos homicidios de civiles, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Además, Rivera "insistió" en su propuesta de definir cuanto antes el número de fiscales, jueces y funcionarios judiciales que se requieren "para que en el término de un año se resuelvan mediante providencias las investigaciones" de los casos de "falsos positivos".

El ministro está dispuesto a gestionar ante el Gobierno "los recursos presupuestales necesarios para crear esa fuerza de trabajo con fiscales y jueces", agrega el texto oficial.