La ONU pidió al Gobierno "protección" para los beneficiarios de la devolución de tierras iniciada en el país, al condenar el reciente asesinato del líder campesino Hernando Pérez, perteneciente a una comunidad de desplazados por paramilitares.
"Es urgente que el Gobierno tome medidas especiales de protección para prevenir la violencia contra los beneficiarios de los procesos de restitución de tierras", sostuvo en un comunicado Christian Salazar, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Artículo de El Tiempo.com
Y agregó que su oficina "está dispuesta a acompañar al Estado en esta tarea".
También alertó que el reciente crimen de Pérez "se suma a una serie de asesinatos, atentados y amenazas contra los líderes y comunidades que están luchando por la devolución de sus tierras".
Pérez fue tiroteado el domingo pasado en un caserío rural del noroeste de Colombia, apenas dos días después de haber participado en un acto de restitución de tierras.
La víctima era dirigente de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi), que reúne a unas 1.000 familias desalojadas de sus predios en la zona bananera de Urabá.
Esa asociación advirtió de que Pérez es el séptimo líder de desplazados que ha sido asesinado en Urabá en menos de dos años.
Al menos 40 dirigentes de desplazados han perdido la vida de forma violenta en Colombia desde marzo de 2002, según registros de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, sostuvo ayer que, pese a todos estos crímenes, el Gobierno "no va a retroceder" en su política de restitución de tierras y reparación a las víctimas.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos impulsa un proyecto de ley para devolver a sus dueños legítimos unos dos millones de hectáreas, de un total de más de cinco millones que les fueron usurpadas a los más de cuatro millones de desplazados por el conflicto armado interno.
La oficina de la ONU recordó hoy que, "consciente de la magnitud del reto que supone diseñar, adoptar e implementar una política de restitución de tierras", le ha ofrecido al Gobierno su "acompañamiento y asesoría" para la protección de eventuales víctimas y el desarrollo de normas acordes con los estándares internacionales.
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