Cinco juristas decidirán reparación de víctimas, en particular las de agentes del Estado

Una novedad tendrá el proyecto de ley de víctimas que será radicado este miércoles en el Congreso: un tribunal con calidad de magistrados.

En el actual proceso de reparación por vía administrativa, son funcionarios de Acción Social quienes evalúan cada caso y determinan quiénes tienen derecho a la reparación.

Artículo de El Tiempo.com

Pero, debido a que el proyecto de ley contempla la inclusión de las denominadas víctimas de agentes del Estado, se determinó la creación del Comité Jurídico Reparaciones Administrativas, "que estará integrado por cinco juristas, que deberán tener las calidades constitucionales exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia".

De acuerdo con Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación (CNRR), en los casos de víctimas de la guerrilla o de los paras es muy claro determinar la responsabilidad, pero cuando se habla de afectados por agentes estatales la situación es distinta.

Según Pizarro, el trabajo fundamental de los juristas será determinar, sin que medie una sentencia judicial, cuándo alguien fue víctima de un agente del Estado.

Explicó que, en el caso de los 'paras' y de la guerrilla, se trata de definir si hubo daño, mientras que cuando se involucra a alguien que trabaje para el Estado, hay que determinar si hubo daño y si, además, fue hecho en una acción ilegal.

"Hay que blindar a los funcionarios del Estado para no cometer injusticias. No se trata de proteger a los victimarios, sino de conciliar el derecho de las víctimas con el estado de Derecho, con el debido proceso y la presunción de inocencia", afirmó Pizarro.

Para el presidente de la CNRR, el trabajo de los cinco juristas es clave pues, a su juicio, habrá muchos familiares de miembros de la guerrilla o de los 'paras' que murieron en combate con tropas regulares y querrán argumentar que son víctimas.

"Cuando se declare que una persona fue víctima de un agente del Estado, eso no tendrá consecuencias penales para el implicado", dijo.

Actualmente, están inscritas para pedir reparación por vía administrativa más de 300 mil personas y se estima que las afectadas por agentes del Estado serían el uno o 2 por ciento de esa cifra.

El texto del proyecto, que ya fue conciliado con las mayorías legislativas, establece una reparación administrativa de hasta 20 millones de pesos.