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Hoy en Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos se unió a la marcha que planearon varias organizaciones de víctimas en la Costa para rechazar la violencia en contra de los desplazados y para expresar, de forma simbólica, su apoyo al proceso de restitución de tierras. El Gobierno financió el transporte para las víctimas que tuvieran que desplazarse a Barranquilla y también acompañará una marcha más grande en Necoclí, y luego otras en Bogotá y Medellín.
Mientras el Gobierno considera que éste es un acto político necesario para apoyar a las víctimas, permanece la pregunta de si al hacerlo se corre el riesgo de que termine cooptando el movimiento de víctimas. O, en el mejor de los casos, si más allá del plano simbólico, y dadas sus responsabilidades como máximo dirigente de la Nación, no habría otros actos políticos quizá más necesarios para avanzar en el proceso de restitución. Por ejemplo:
1. Desenmascarar y enfrentar a la ‘mano negra’
En junio del año pasado, el presidente Santos comenzó a hablar de una ‘mano negra’ que estaba conspirando en contra de la ley de víctimas y restitución de tierras.
El problema es que Santos se quedó en el discurso. No ha mencionado con nombre propio a una sola persona que esté detrás de esa mano negra y tampoco ha anunciado ninguna estrategia para desenmascarla. Esto, a pesar de que tanto ONG como medios como La Silla Vacía ya han dado pistas sobre las estrategias utilizadas por esta ‘mano negra’ para evitar la restitución de tierras.
Por ejemplo, seis organizaciones de víctimas -entre las que están Codhes, la Fundación Nuevo ArcoIris y Fedepaz- enviaron una carta a las embajadas de Holanda, Suiza, Francia y Suecia en la que denuncian que hay empresarios que se beneficiaron con el despojo que están detrás de las presiones contra los campesinos que exigen su restitución.
2. Tomar medidas efectivas para proteger las vidas de los líderes de víctimas
Desde que se posesionó Santos han sido asesinados 16 líderes de restitución de tierras, el mismo número que fueron muertos durante los primeros seis años del gobierno de Uribe.
Como respuesta a los asesinatos de varios líderes que reclaman sus tierras se puso en marcha el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras en marzo de 2011, conformado por el Vicepresidente de la República y los Ministerios de Defensa, Interior y Agricultura, y en el que participan la Procuraduría, la Fiscalía, organismos de inteligencia y contrainteligencia, operadores de justicia y entidades gubernamentales.
Sin embargo, este Centro no ha comenzado a ejecutar las medidas de protección y se ha mantenido sobre todo haciendo análisis de riesgo. Mientras tanto, los líderes siguen siendo asesinados. Los dos últimos murieron en diciembre del año pasado, razón por la cual se convocó la marcha.
3. Enfrentar a los grandes tenedores de tierras en zonas de despojo.
La Superintendencia de Notariado y Registro ha estado viajando a distintas regiones del país y ha documentado quiénes son los grandes poseedores de tierras en las zonas de despojo. Lo ha hecho en Montes de María, en la Orinoquía o en el Urabá Antioqueño, zonas donde hubo el mayor desplazamiento. Y aunque en sus informes la Superintendencia ha nombrado quiénes son los grandes tenedores, hasta el momento el Gobierno no ha ordenado su investigación.
Por el contrario, como lo contó La Silla Vacía, el Superintendente de Notariado y Registro-sin que haya mediado un proceso de por medio- ya ha dicho que, por ejemplo, Cementos Argos es un tercero de buena fe en Montes de María a pesar de que compró tierras de los campesinos desplazados a muy bajo costo y en el momento más álgido del conflicto en la zona.
Tampoco se ha avanzado en rastrear los bienes de los políticos o funcionarios que ya están condenados por sus vínculos con los paramilitares, algunos de los cuales fueron cómplices del despojo.
4. Enfrentar el factor Carranza
Otro de los grandes tenedores de tierras es el empresario de las esmeraldas Víctor Carranza. El Programa Presidencial para los Derechos Humanos así como varios centros de investigación sobre el conflicto han demostrado la expansión territorial de Carranza en Boyacá, Cundinamarca, Meta, Casanare, Guainía, Vichada, Tolima, Caldas, Magdalena, Cesar, Bolívar y Sucre. Y se dice que hace unos años celebró la compra de la hectárea un millón.
Sin embargo, el tema de Carranza ha estado ausente en el discurso del Presidente, quien lo conoce personalmente.
Más que enfrentar estos grandes poderes ligados a las tierras, hasta ahora el Gobierno ha preferido entregar tierras que le pertenecen a la Nación, como lo denunció la Contralora Sandra Morelli. “Mucho de lo que el Gobierno ha hecho hasta hoy no ha sido con las tierras de los victimarios, estamos haciendo esa reparación con terrenos que pertenecen a la Nación, con terreno baldíos”, dijo ayer Morelli.
5. Reforzar la institucionalidad que empodera a las víctimas
La restitución de tierras no puede avanzar a menos que se hagan esfuerzos por garantizar que las víctimas tendrán verdaderos aliados a nivel local.
Como explicó La Silla Vacía, el personero que fue elegido en Carmen de Bolívar hace tres semanas fue puesto allí por el senador del Pin Antonio Correa, que es cercano a ‘la Gata’, la empresaria del chance condenada por sus nexos con el paramilitarismo. Y el personero es clave para la efectividad de la ley de víctimas y restitución de tierras porque es el encargado de inscribir las organizaciones de víctimas que tendrán voz durante todo el proceso de restitución y de tomar el primer testimonio de la víctima con base en el cual el gobierno central decide si merece indemnización o no.
Si el gobierno no garantiza que a nivel local haya una institucionalidad que genere confianza en las víctimas, será muy difícil avanzar exitosamente en este proceso.
Tomado de:
http://www.lasillavacia.com/historia/cinco-cosas-que-podria-hacer-santos-por-las-victimas-en-vez-de-marchar-30970
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